TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- Dos exconsejeros electorales (una de ellos, la encargada del PREP en la contienda en la que resultó electo Alfredo del Mazo), un dirigente vecinal de Huixquilucan (la tierra del actual mandatario mexiquense), y dos empresarios integrarán el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción para el Estado de México. Al vencer el plazo para conformar el órgano, la Comisión de Selección determinó que Rosario Leonor Quiroz Carillo, directora de Relaciones Institucionales de WalMart México y exservidora pública del Instituto Federal de Transparencia (IFAI), será parte de la encomienda por un periodo de 5 años, mientras Marco Antonio González Castillo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio –Canaco- Valle de Toluca, se desempeñará en el cargo durante 4 años. Alberto Benabib Montero, dirigente vecinal de Lomas Anáhuac en Huixquilucan -demarcación que gobernó y habitó Del Mazo Maza-, fue designado para 3 años. Palmira Tapia Palacios, exconsejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) encargada de la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en la contienda por la gubernatura (ejercicio cuestionado por su lentitud, según señaló la oposición en su momento, para hacer coincidir los números con los del conteo rápido que tampoco agotó la muestra), estará en el Comité 2 años. Para un año fue nominado José Martínez Vilchis, también exconsejero electoral, exrector de la Universidad Autónoma del Estado se México (UAEM) y reciente titular del Instituto de Nacional de Evaluación (INEE). Los elegidos se encargarán de coordinar a actores sociales y autoridades de los distintos órganos de gobierno para prevenir y sancionar la corrupción en el Estado de México. La Comisión Estatal de Selección aseguró que los 15 finalistas se calificaron cualitativa y cuantitativamente, a fin de garantizar que el órgano quedara integrado con los cinco postulantes mejor evaluados, lo que también influyó para determinar su permanencia en el encargo. Los ciudadanos seleccionados, entre otras competencias, debieron acreditar trayectoria para avalar experiencia o conocimientos en políticas públicas, administración pública, fiscalización, plataformas digitales, indicadores, metodologías, vinculación con organizaciones sociales o académicas, coordinación interinstitucional y liderazgo institucional o social.