CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violencia y la inseguridad en México “son resultado de la mezcla de la acción criminal con mecanismos de control a la misma introducidos por el Estado”, afirmó el rector de la Universidad Iberoamericana (UIA), David Fernández Dávalos. Al participar en la conferencia internacional “Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil”, organizada por dicha institución, agregó que “la estrategia de combate al crimen ha tenido un enfoque reactivo-represivo, en el que al fenómeno delictivo se le enfrenta de manera casi exclusiva con el uso de la fuerza”, puesto que dicha estrategia carece de mecanismos claros e integrales. Incluso, el rector de la UIA comentó que en el país “se ha propiciado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y provocado una mayor violencia de delincuencia organizada en contra de la población civil”. Por ello, agregó que es urgente cambiar la estrategia y el concepto de seguridad que maneja la élite gobernante. De acuerdo con un comunicado de la UIA, los participantes de la conferencia coincidieron en que la política de seguridad para combatir al crimen organizado en México no ha dado resultados en los últimos 10 años. Por ello, la universidad, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles urgieron al gobierno mexicano a buscar un modelo alternativo. Y es que, según datos de la UIA, el enfoque represivo del gobierno mexicano ha sumado 170 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos. Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que hay que tener conciencia de que este año podría terminar como el más violento de los últimos 10. Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, aseguró que las políticas de seguridad implementadas en los últimos años no han funcionado. Por ello, consideró importante abrir de nuevo el debate para que surjan nuevos consensos. “La esencia de legitimidad y el paradigma de éxito es una fuerza policial, como militar, eficiente en las tareas encomendadas que respeta a los derechos humanos. Modelos donde se entiende la seguridad como ausencia o escasa incidencia de delitos pueden existir, pero es la seguridad del miedo”, dijo. El diplomático se dijo preocupado por quienes apuestan por reforzar la actual estrategia de seguridad, sin contemplar la prioridad que tienen los derechos humanos en las políticas de seguridad. “Estamos convencidos de que las situaciones milagrosas o mágicas no existen. Lo que sí existe es un modelo alternativo, basado en el respeto a los derechos humanos construido colectivamente”, enfatizó. También se dijo inquieto por la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, respaldada por el presidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual presuntamente buscaba reglamentar las operaciones del Ejército en las calles. Según su opinión, esta iniciativa podría haber “petrificado el estatus quo”, y su oficina pretende que “el estatus quo sea cuestionado”. En ese sentido, destacó, es importante analizar el rol de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales del país. “Qué mecanismos existen para la rendición de cuentas y cómo se garantiza su eficacia? ¿Cuál es la responsabilidad de los superiores jerárquicos, de los que sí intervienen tanto por la acción, como por la omisión?”, cuestionó. Jarab se dijo consciente de que hay autoridades que perciben a los derechos humanos como un obstáculo para la inseguridad, sin embargo, ambos temas se necesitan mutuamente. “Cuando las autoridades cometen violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada entre particulares”, condenó. Y recordó que el exsecretario general de la ONU, Koffi Annan, expresaba que “la humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad, y no podrá tener ninguna de las cosas sin los derechos humanos”.