XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que la bancada del PRI en el Congreso de la Unión protege a exfuncionarios del sexenio de Javier Duarte que cometieron millonarios desvíos en detrimento de los veracruzanos. En entrevista, el mandatario panista-perredista precisó que Tarek Abdalá y Alberto Silva, investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), han sido exhibidos en las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización de Veracruz (Orfis), sin embargo, el PRI en San Lázaro se ha negado de manera sistemática a votar su desafuero. “Es muy lamentable que ante las evidencias que los vinculan en hechos delictivos en contra del patrimonio del pueblo veracruzano, el grupo parlamentario del PRI siga protegiendo a Abdala y Silva”. El exdirector general del ISSSTE detalló que tan sólo en 2016, a Silva –excoordinador general de Comunicación Social– se le acusó de desviar alrededor de dos mil millones de pesos. Por su parte, al extesorero Tarek Abdalá la Fiscalía General del estado (FGE) le achaca el desvío de recursos públicos estatales y federales hasta por un monto de 23 mil 156 millones de pesos. “El PRI debería de actuar con responsabilidad; la buena nota es que a ambos políticos se les termina su fuero el próximo 30 de agosto y ya no podrán evadir la justicia”, expresó Yunes Linares. Vía WhatsApp, el legislador priista Alberto Silva Ramos, quien en el sexenio de Duarte también fungió como secretario de Desarrollo Social, secretario particular del exgobernador y líder estatal del PRI, envió a Apro un documento dirigido a Ricardo Ramírez Marín, presidente de la Comisión Instructora en San Lázaro, donde le pide “dejar sin efecto” los juicios de procedencia, imputaciones o fincamiento de responsabilidades en contra de él y Tarek Abdalá, y no pasarlos al pleno para ser votados, dado que no se cuenta con el voto de la mayoría de los integrantes de dicha comisión. El dictamen con juicio de procedencia en contra de ambos legisladores veracruzanos fue regresado a la Sección Instructora del Congreso de la Unión. A escala federal se ha señalado que los diputados federales Adolfo Mota, Édgar Spinoso, Erick Lagos y Jorge Carvallo –exfuncionarios del primer círculo de poder en el sexenio de Duarte– también fueron partícipes del saqueo financiero a Veracruz, sin embargo, transcurridos más de diez meses del gobierno de Yunes Linares, ninguno de ellos ha sido señalado por la FGE. En el organigrama del PRI estatal, fuera de grabadoras, los priistas han señalado que Lagos, Spinoso y Carvallo entregaron pruebas a Yunes Linares sobre los desvíos de recursos de Javier Duarte y familia. Supuestamente los documentos y pruebas fueron “canjeadas” por impunidad. Y al parecer lo mismo ocurre a escala local con los extesoreros y exsecretarios particulares de Duarte, Vicente Benítez González y Juan Manuel del Castillo –hoy legisladores locales de Nueva Alianza y del PRI–, a quienes el gobierno de Yunes Linares no ha tocado. Benítez González aparece como protagonista en las denuncias con los oficios DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 y DGJ/C1/2228/2014, que la Dirección Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos, tan sólo en la cuenta pública 2011, alusiva al primer año de gobierno de Javier Duarte. El nombre de Juan Manuel del Castillo como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), aparece en el legajo de denuncias que interpuso la ASF en la PGR contra el gobierno de Duarte por el no resarcimiento y/o devolución de más de 33 mil millones de pesos de las partidas presupuestales federales.