TOLUCA, Edomex. (apro).- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito revocó la vinculación a proceso del activista José Humbertus Pérez, recluido en el penal de Chiconautla, por el delito de robo a casa-habitación con la modificativa de haberse cometido con arma de fuego. Como resultado del amparo, el Poder Judicial mexiquense deberá reponer la audiencia del 22 de abril de 2016, pues los magistrados confirmaron que se habilitó un tribunal especial constituido con jueces --en lugar de magistrados-- para dictar la vinculación por la carpeta 63, violentando el artículo tercero constitucional que establece que nadie puede ser juzgado por un tribunal especial. Pérez Espinoza, también presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC (FMDVD), destacó que en la resolución los magistrados hacen una crítica al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Sergio Medina Peñaloza, por violentar el artículo 61 constitucional, donde se establece como una facultad del Legislativo el nombramiento de magistrados, pues se saltó este paso y habilitó a los jueces Guillermo Peralta Ramírez y Alberto Cervantes Juárez con el fin de recluir al activista. La nueva audiencia, ya con magistrados debidamente designados, deberá reponerse en un plazo no mayor a 10 días, por lo que Pérez Espinoza confía en que recuperará su libertad a más tardar el 15 de noviembre próximo, tras dos años de cautiverio, acusado en tres carpetas distintas por el mismo delito, sin que a la fecha se hayan acreditado los señalamientos. En el peor de los casos, indicó que podrá enfrentar su proceso en libertad, pero consideró que ni siquiera será vinculado, pues la orden de aprehensión en esta tercera carpeta le fue girada con 18 datos de prueba para el delito de robo a transporte de carga que no tiene relación alguna con el ilícito por el que se le juzga. Además, explicó, el peritaje se realizó un mes después de los hechos y la inspección en el presunto lugar del robo se hizo al día siguiente sin peritos –éstos se nombran hasta un mes después--, de tal manera que la preservación de las pruebas y el informe especial homologado no se acreditan en la investigación. Una vez resuelta esta carpeta, el además fundador de la asociación Presunción de Inocencia aún deberá enfrentar el proceso que considera “más infame” en su contra: una acusación por el delito de extorsión que fue hecha por un sentenciado en secuestro, apoyado por tres testigos acusados de violación. “En realidad están molestos porque atacamos el autogobierno de Chiconautla; (ellos) vendía amparos hasta en 50 mil pesos para evitar el traslado de internos a otros penales, en colusión con la entonces estructura administrativa; y se les cayó un jugoso negocio, por eso me fabrican el delito”, explicó. Contra la vinculación a proceso por este señalamiento, también promovió amparo en revisión; en este caso le concedieron prisión preventiva justificada –no oficiosa--, lo que implica la posibilidad de llevar el proceso en libertad bajo caución. Quien fuera detenido el 4 de noviembre de 2015, advierte que con la salida de Eruviel Ávila del gobierno estatal “hay un relajamiento en mi proceso, se siente que ya no está la mano del exgobernador ni del interés político”. Incluso confió en que el actual mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo, no politizará su proceso y cumplirá la oferta de su toma de protesta ante el Poder Legislativo, donde ofreció diálogo con todas las expresiones y voces políticas en la entidad. Previo a su detención, el activista denunció una serie de fraudes inmobiliarios en los que se encontraban involucrados algunos políticos priistas, como Aarón Urbina, alcalde con licencia de Tecámac, personaje cercano a Ávila Villegas, contra quien logró orden de aprehensión que no ha sido ejecutada.