MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) inició una queja de oficio ante la presunción de acciones u omisiones en que las podrían haber incurrido autoridades penitenciarias en el aparente suicidio de un preso en el reclusorio de Mérida. Autoridades del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida reportaron ayer la muerte del interno Arsenio Ayuso Barrera o Arcenio Ayuso Barrera, quien, de acuerdo con el informe, se ahorcó en su celda de la prisión, donde estaba recluido desde 2008. Con ese suman ya varios decesos ocurridos en sospechosas circunstancias que se registran entre el año pasado y el presente en cárceles de la entidad. Los anteriores ocurrieron en cárceles públicas o separos policiacos de Mérida, Tizimín, Umán, Temax y Dzidzantún, y aunque familiares de los occisos atribuyeron las muertes a presuntos abusos de la policía, las causas oficiales fueron suicidios, infarto y hasta parasitosis. En el caso de Ayuso Barrera, la Codhey informó que solicitará un informe de los hechos acontecidos el jueves en el Cereso de Mérida, así como el expediente médico del fallecido. Además, solicitará a la Fiscalía General de Justicia del Estado el resultado de la autopsia, a fin de integrarlos a las investigaciones que inició la Codhey. Asimismo, el organismo realizará las diligencias necesarias para determinar el grado de responsabilidad de las autoridades del penal de Mérida por el fallecimiento de un interno. “La reinserción social es una labor fundamental del Estado, pero además, toda actuación de las autoridades que tienen asignada esa tarea debe velar por la protección de la salud y la vida del interno con estricto cumplimiento a nuestro sistema jurídico y a sus derechos humanos”, advirtió el organismo.