TOLUCA, Edomex. (apro).- Un juez federal admitió la demanda de amparo indirecto entablada por Arturo Rodríguez Azueta en contra de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense, por su negativa a atender una solicitud de denuncia penal y juicio político en contra del exgobernador Eruviel Ávila, quien evadió el pago de un inmueble empleado para la construcción del Libramiento Sur Metepec. La determinación de admitir a trámite la demanda fue tomada el 11 de octubre pasado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México “en contra de actos de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de México, por conducto del diputado presidente Cruz Juvenal Roa Sánchez”. El denunciante recordó que, tras 140 meses de morosidad, el ahora presidente del PRI en la capital del país permitió que se incrementara en 350% la deuda del gobierno mexiquense por la compraventa de un terreno de su propiedad en 2006, con lo que además generó un daño severo a la hacienda pública municipal. Ávila Villegas, expuso, omitió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 394/2006 en la que se establecen términos, precio y pena convencional por la afectación o compraventa del inmueble. Por medio de dos escritos distintos, apenas el 16 de junio y el 3 de julio pasados, solicitó al entonces mandatario estatal incluir en su memoria sexenal el caso, “en virtud de la falta de cumplimiento a su obligación de representar al Estado de México como parte demandada”, según lo dispone la fracción XLIV del artículo 77 de la Constitución local. En este carácter, detalló el quejoso, Eruviel Ávila negó a contestar la demanda, no asistió a audiencia de conciliación ni presentó pruebas, con lo que encubrió las violaciones que le fueron heredadas por su antecesor Enrique Peña Nieto. Por estas razones, el pasado 8 de septiembre Rodríguez Azueta solicitó a la Jucopo del Congreso local proceder “ante autoridad competente en materia penal al tener conocimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito y, en su caso, promover juicio político y emitir declaratoria de procedencia” contra Ávila Villegas. Además, pidió a los diputados copia certificada del sexto informe, de la memoria sexenal y de la Cuenta Pública para verificar las condiciones en que se reporta su caso, solicitud que tampoco fue atendida. En el oficio materia del amparo, el demandante plantea que el 1 de febrero de 2006 suscribió un contrato de compraventa de inmueble con el gobierno del Estado de México, cuyos términos de objeto, precio y pena convencional fueron ratificados en la ejecutoria del amparo directo 394/2006 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito que causó estado el 17 de mayo de 2007. El contrato, puntualizó, fue celebrado para subsanar la afectación de su terreno (que tenía como propósito personal atender requerimientos de su vejez y no se encontraba considerado en los planes originales de la administración para edificar la obra) consumada por Gerardo Ruiz Esparza como responsable de la Secretaría de Comunicaciones estatal para la construcción del Libramiento Sur Metepec. La intención, refirió, era que el entonces gobernador Enrique Peña ofreciera notarialmente la obra como compromiso cumplido el 14 de febrero de 2006 para obtener un beneficio político personal. Para requerir el pago, de entonces a la fecha el afectado ha entablado más de 900 acciones jurisdiccionales –entre juicios, recursos y amparos— a lo largo de 11 años. Apenas el 27 de abril pasado presentó la demanda de juicio ordinario civil 326/2017 ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito de Toluca “en contra de la persona jurídico colectiva gobierno del Estado de México por incumplimiento de pago”. Mientras tanto, derivado de la admisión de la demanda de amparo, el juez solicitó a la Jucopo informe justificado que debió remitir en un plazo de ocho días posteriores a la notificación, acompañado por las constancias correspondientes, razonamiento y fundamentación de los alegatos que a su derecho convengan. El juzgado fijó el 10 de noviembre como fecha para la próxima audiencia. Arturo Rodríguez Azueta aprovechó para responsabilizar a Peña Nieto y a Ávila Villegas de cualquier daño a su integridad física y patrimonial y la de su familia, producto de la lucha jurídica para garantizar el pago de su inmueble.