GUADALAJARA, Jal. (apro) El Hospital Civil de Guadalajara, que encabeza Héctor Raúl Pérez Gómez, gasta más recursos que los que recibe por lo que ahora arrastra un déficit que de más de mil millones de pesos, según refleja un análisis interno y los propios estados de cuenta del organismo. Las consecuencias de la mala administración dentro del nosocomio, las viven a diario usuarios y personal médico. Éste último entregó a la reportera una larga lista del material básico que necesitan para dar atención a los pacientesy que no tienen: alcohol, isopos, cepillos quirúrgicos, vicryl, tubos para aspirar, puntas nasales, mascarillas con reservorio, tiras para glucómetro y hoja de bisturí del número 15. En el área de obstetricia carecen de cromico 2-0, isodine, jabón quirúrgico, guantes para exploración, circuito desechable para anestesia general, endosime, separador Alexis, parche sujetador para catéter vesical, sonda nelaton número 16, rastrillos, espejo vaginal, tegaderm, tubo penrose ½ y la solución quirúrgica duraprep. También son muchos los medicamentos que faltan y entre los principales se encuentran: ketoprofeno, betametasona, nifedipino, dicynone e hidralazina. De acuerdo con un diagnóstico de la Administración de Recursos Humanos, el déficit es provocado por el exceso de personal, el cual rebasa el número de plazas autorizadas por la Secretaría de Salud, así como por las múltiples prestaciones que reciben los trabajadores a quienes el año pasado se les entregó una bolsa por 445. 3 millones de pesos. También se señala que se hicieron pagos en exceso por concepto de prestaciones a puestos que no correspondían por casi 13 millones de pesos. En el rubro de nómina, es donde se refleja más el déficit. Muestra de ello es que, en 2014, tenía considerado gastar dos mil 133 millones 154 mil 656 pesos, pero al final se ejerció, bajo el concepto “tanque de nómina y cuotas que no se pagan por nómina”, un total de dos mil 338 millones 775 mil 708 pesos, es decir 205.6 millones de pesos más. Sin embargo, en el diagnóstico interno se observa que si se toma en cuenta el “acta conciliatoria” la diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido en el año 2014 el déficit se reduce a 156. 6 millones de pesos, puesto que en el acta se menciona que se gastaron dos mil 289 millones 758 mil 309 pesos en nómina. Exceso de personal y sueldos inflados Otra observación que se hace en el análisis interno es que en 1997 la Secretaría de Salud autorizó al organismo contar con una plantilla laboral de cinco mil 393 plazas. Para el 2011, la misma dependencia otorgó mil 375 bases, alcanzando un total de 6 mil 768 Para el 2012, la plantilla creció a seis mil 965 empleados (distribuidos en cuatro mil 144 de base, 687 de confianza y dos mil 134 eventuales), es decir, se excedieron con 197 plazas, con respecto a la plantilla de base autorizada. En el portal de transparencia del nosocomio se señala que a partir de 2014 se cuenta con una base de seis mil 872 empleados, de estos seis mil 469 son de base y el resto de confianza. No obstante, al hacer una revisión a las nóminas del 2011 al 2013, es la misma cantidad de trabajadores que de la de 2014. En 2017, según el análisis interno, suman siete mil 181 plazas distribuidas de la siguiente manera: 829 de confianza, 42 eventuales, 575 personal de servicios profesionales, y cinco mil 735 de base, “de las cuales, cuatro mil 812 plazas se respetaron en categoría y número, en tanto que de las categorías autorizadas se modificó el nivel de 750, con un costo de $38 millones 252 mil 369 pesos, y 173 en número de puestos, con un costo de $48 millones 18 mil 432 pesos a valor actual. Dos mil 369 plazas ejercidas no corresponden a las categorías y nivel autorizados, con cargo a las mil 33 que no estaban ocupadas”. Un dato más que aporta el análisis es que en 2012 a 750 empleados los subieron de nivel y se crearon 172 puestos, lo que implicó un costo adicional para el hospital de 99 millones 423 mil 54 pesos anuales. También menciona que, en 2012, en las 104 plazas adicionales para la Dirección General se ejerció un presupuesto de 49.8 millones de pesos, y en la nivelación de categoría de plazas médicas 49.5 millones de pesos. Para la nivelación de plazas administrativas se destinaron casi 8.3 millones de pesos. “En el 2012, se gastaron dos mil 78 millones 792 mil 921 pesos, correspondiente a siete mil 32 plazas ejercidas, sin embargo, el subsidio recibido fue de mil 933 millones 623 mil 953 pesos, que corresponde a seis mil 768 plazas base autorizadas”, se lee en el análisis cuya fuente es la Coordinación General de Recursos Humanos, el Sistema SURH y la Coordinación General de Finanzas. Otra observación que se hace dentro del análisis es que “se identificó una estructura no reconocida de 60 plazas estatales con un costo anual de 49 millones 181 mil 199, sin financiamiento con cargo a las plazas autorizadas que no están ocupadas”. En ese sentido, la reportera hizo una revisión a la nómina de las plazas “no reconocidas en el tabulador”, y se encontró que no coinciden las cifras del número de bases ni las “del salario anual integrado” cuando se compara la información en el documento interno, con las que se publican en transparencia. Ejemplo de ello es que en transparencia se informa que existen dos coordinadores de área, a quienes se les destinan anualmente un salario integrado de un millón 503 mil 906 pesos, mientras que en el documento interno se registra uno al cual se le asignan percepciones por 977 mil 558 pesos. Tampoco coinciden los jefes de departamento, puesto que en la nómina de transparencia se informa la existencia de 19 plazas que generan un gasto anual en sueldos de 10 millones 171 mil 320 pesos, y en el documento, se contabilizan 36, con un costo para el nosocomio de 24 millones 765 mil 624 pesos. En la información interna se menciona que para este año se crearon mil 92 puestos de trabajo “sin sustento financiero con un costo anual de 409 millones 194 mil 527 pesos”. Además, especifica que de los espacios recién creados “el 16% corresponde a la Dirección General, el 52% lo tiene el FAA (Fray Antonio Alcalde) y el 32% al JIM (Juan I. Menchaca), por lo que se tiene que transitar a un proceso de regularización de estas mil 92 plazas para equiparar a los tabuladores reconocidos”. Con relación a la Dirección General, el análisis especifica que el área tiene 145 plazas autorizadas, pero en realidad laboran 346 personas, es decir 174 puestos extras que representan un gasto anual de 83 millones 727 mil pesos. En cuanto a los hospitales FAA, en el documento interno se asegura que existen 570 plazas no autorizadas que significan un gasto anual de 202 millones 644 mil 605 pesos, y en el JIM, son 348, con un costo de 121 millones 822 mil 850 pesos. Otro dato que se aporta en el análisis es que, desde 2011 a abril de 2017, se contrataron 277 personas, de estas 154 fueron para la dirección general, 77 para el FAA y 46 para el JIM. Esto significa que la dirección general “ejerce un 62% por encima del costo de su plantilla autorizada, y el JIM, 4.21%”, se lee en el análisis. “Otros gastos” En el análisis interno se detalla que el año pasado se destinaron 445 millones 318 mil pesos al pago de las prestaciones del personal de los hospitales civiles, “de acuerdo a las condiciones generales de trabajo”. Entre las prestaciones que recibe el personal del nosocomio, -y con la que no cuentan el común de los trabajadores de la iniciativa privada- está “asistencia perfecta”, a la cual se les destinaron 18 millones 544 mil 313 pesos que se repartieron entre dos mil 327 personas. Y seis mil 382 personas del hospital recibieron “ayuda para servicios” por un monto de 32 millones 406 mil 446 pesos. En el “estímulo anual por asistencia y permanencia en el trabajo” se fueron 10 millones 876 mil pesos entregados a tres mil 505 personas, y por “estímulos por puntualidad” un millón 174 mil 122 pesos que se dieron a mil 106 personas. Por el día del Trabajador, de la Madre, de Reyes, Festivo” se entregaron casi 22 millones de pesos. Por “apoyo para anteojos a personal con prescripción médica”, “becas para los trabajadores y sus hijos” y “productividad” se gastaron un total de cuatro millones 634 mil 932 pesos. En el análisis interno se observa que, en 2016, “se pagaron prestaciones en exceso a puestos que no correspondían” por casi 13 millones de pesos. A detalle, se menciona que se repartieron casi tres millones de pesos, entre 706 personas de confianza por concepto del estímulo anual por asistencia y permanencia en el trabajo, cuando no tienen derecho. Lo mismo pasó con casi 5.5 millones de pesos que se dieron a trabajadores de confianza por “asistencia perfecta”. A los empleados de base se les dio una aportación mensual para el servicio de guardería, por casi cuatro millones de pesos cuando ese concepto “se debe de subrogar”, se menciona en el análisis. Otro señalamiento es que el año pasado a 477 personas, del FAA y JIM se les dieron casi ocho millones de pesos por concepto de prima de insalubridad cuando su categoría no está considerada dentro del manual o se le dio un monto excedente. En el rubro de incapacidades médicas del año 2016, se contabilizó que tres mil 251 empleados se ausentaron de su trabajo por motivos de salud, esto representa el 45% del total de la plantilla del nosocomio, mientras que en el 2015 fueron dos mil 144. En el análisis se observa que el 14% del total de la plantilla de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentó una incapacidad médica. Además, se informa que “25 personas cuentan con incapacidad médica continua por un periodo mayor a un año contraviniendo las Condiciones Generales de Trabajo al no emitir la pensión por invalidez de acuerdo al artículo 148, cuyo costo anual por las categorías que ocupan es de siete millones 985 mil 847 pesos”. En el diagnóstico no se menciona el nombre de las 25 personas, sólo su categoría, se trata de dos trabajadoras sociales, tres de apoyo administrativo en salud, cuatro auxiliares en enfermería, cinco enfermeras generales tituladas, cinco médicos especialistas, tres enfermeras especialistas, una enfermera jefe de servicio, una afanadora, y un ecónomo. Con relación a las licencias con goce de sueldo que tramitan los trabajadores, ya sea por comisión sindical, día económico, por permiso por antigüedad o por incapacidad, se apunta en el diagnóstico que éstas se incrementaron un 174% en los últimos nueve años. Por ejemplo, en 2008 se autorizaron 12 mil 408 permisos por día económico, mientras que en el 2016 aumentaron a 26 mil 836, lo que representó una erogación de 25 millones 454 mil 488. En tanto, en 2008 se otorgaron 51 licencias sindicales, y el año pasado fueron 95, lo que significó un gasto de 22 millones 733 mil 580 pesos. Como apunte, en el diagnóstico se establece que “se identifica ausencia de criterios para la autorización de permisos y licencias”, y que en 2016 prevalecieron el día económico con 26 mil 836 veces y la licencia permiso por antigüedad, con 11 mil 897. Si esta información se detalla por número de personas, se tiene que el año pasado dos mil 339 personas pidieron licencia por día económico, y mil 445 por permiso por antigüedad. Con relación a las compensaciones que se otorgaron a personal de la dirección general, de FAA y JIM, sin fundamento normativo en 2016, “representaron un costo anual de 23 millones de pesos”, se lee en el diagnóstico. De los mandos superiores fueron tres los que recibieron una compensación mensual que oscilaba entre los dos mil 700 y tres mil 625 pesos mensuales. De mandos medios fueron 30, con montos que iban desde siete mil a ocho mil al mes, mientras que administrativos fueron 341, cuyas compensaciones alcanzaron desde tres mil 270 a cinco mil 143 pesos. Sólo 32 médicos recibieron ese apoyo económico, con cantidades de dos mil 444 a nueve mil pesos. Adicional a su sueldo, 631 personas “recibieron el pago de jornada doble en 2016”, por laborar entre “siete meses y un año” de manera ininterrumpida. De enero a mayo de 2017, a mil 640 personas se les pagó doble jornada lo que representa un gasto de 25.9 millones de pesos. El diagnóstico también arrojó que de enero a mayo de 2017 se hicieron “pagos indebidos” a 453 personas por concepto de insalubridad por la cantidad de cuatro millones de pesos. Contrataciones externas Cada año, el Hospital Civil destina más recursos en contratar servicios que pueden ser prestados por la plantilla laboral con la que cuenta, refleja el diagnóstico. Mientras que, en 2011, sólo contrató a empresas para que dieran mantenimiento a los nosocomios, lo cual representó un gasto por 8.3 millones de pesos, en este año destinó un presupuesto por casi 96 millones de pesos para el servicio subrogado de limpieza, vigilancia y mantenimiento. Según el diagnóstico, en 2010 se tenían 97 trabajadores de planta para el servicio de mantenimiento, hoy son 79. Hace siete años, había 40 vigilantes, ahora se redujeron a 25, y mientras que en 2010 se contaba con 756 plazas de limpieza, únicamente quedan 699. De acuerdo con la estimación del diagnóstico, con los casi 96 millones de pesos que se erogan se podrían crear 526 puestos, para evitar la contratación de servicios subrogados. Medidas El diagnóstico interno menciona que las políticas y normas existentes, están desvinculadas en el proceso de la administración de los Recursos Humanos, que existen discrepancias jurídicas dentro de la propia normatividad interna del nosocomio, y que existe duplicidad de funciones y atribuciones en puestos de diferentes niveles jerárquicos. De continuar con esa tendencia, para el año 2022 el déficit acumulado alcanzaría casi mil 208 millones de pesos. Es por ello que se propone eliminar las compensaciones no reconocidas como estímulo al personal y al desempeño. Tampoco se deben otorgar jornadas dobles, ni pagar la prima de insalubridad a categorías no consideradas dentro del manual y “omitir aquellos pagos excedentes a las categorías previstas”. De ponerse en práctica las medidas, se tendría un ahorro en siete meses por 52.2 millones de pesos. Una medida más es reducir el personal administrativo, “no renovar contratos excedentes de confianza al inicio de 2018 de las Unidades Hospitalarias y Dirección General”, que son 475 y que representan un gasto anual de 224. 6 millones de pesos. Además, “establecer criterios para la autorización de los diferentes tipos de licencias y permisos, así como para la emisión y validación de incapacidades médicas”. Otra recomendación es “cubrir las incidencias con la figura de contratación eventual, respetando la temporalidad sujeta a diversas circunstancias”.