CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrategia de militarización de la seguridad pública sostenida durante los últimos 10 años ha perpetuado la impunidad en los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de que desde 2014 el fuero civil tiene competencia para sancionar violaciones a derechos humanos cometidas por personal castrense, revela un nuevo informe de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). El reporte “Justicia olvidada: la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, demuestra que, mientras que de 2012 a 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) integró 505 carpetas de investigación contra miembros de las secretarías de Defensa Nacional y Marina por diversos abusos, en el mismo periodo los juzgados civiles sólo han emitido 16 sentencias condenatorias. De las indagatorias abiertas, 268 corresponden a tortura, 121 a abuso de autoridad, 37 a desaparición forzada, 31 a violencia sexual, 17 a homicidio, 13 a lesiones, nueve a delitos contra la administración de justicia, tres a extorsión, tres a privación ilegal de la libertad, dos a robo y una investigación por allanamiento de morada. En cuanto a las sentencias, se han emitido siete por encubrimiento de violaciones a derechos humanos y destrucción de cadáver, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por lesiones y allanamiento de morada y una por violación. Para la organización internacional, “la seguridad militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia en México”, estrategia que ha sido respaldada por el gobierno de Estados Unidos, a través del apoyo financiero a las Fuerzas Armadas con fondos de la Iniciativa Mérida. WOLA identifica tres consecuencias graves: “la primera es que la violencia ha aumentado y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial, y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente”. La organización destaca que no sólo los soldados no responden por los abusos cometidos, sino que, a 10 años de la militarización de la seguridad púbica, tampoco lo han hecho “los funcionarios públicos que solicita la presencia de los soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”. Las críticas La investigación de WOLA alerta sobre el riesgo que representa la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues “validaría la participación militar en la seguridad pública” y representaría un “retroceso para el sistema penal acusatorio” al debilitar el sistema de justicia civil. En su investigación, la agrupación detecta tres acciones de las autoridades militares que han obstaculizado o retardado la actuación de las autoridades civiles: “el inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles, la dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil, y casos en que soldados han llegado a alterar escenas del crimen o a declarar falsamente”. Además, dice, “la PGR no ha mostrado voluntad para investigar de forma seria y exhaustiva a los soldados que han cometido delitos o violaciones a derechos humanos en contra de civiles”. En ese sentido, la organización internacional destaca que ha detectado que una vez abierta una carpeta de investigación, las actuaciones de la PGR “son lentas y durante las mismas no se recaban todas las pruebas para llevar ante jueces casos sólidos”. Agrega que existen casos en que han transcurrido tres años sin que la dependencia “pueda llevar a los soldados a juicio y otros en que han pasado seis años para lograr una sentencia condenatoria”. Si resulta difícil enjuiciar a soldados, más aún a sus superiores jerárquicos, puntualiza WOLA, al resaltar que, de las 16 sentencias, “únicamente encontramos un caso en el que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por su responsabilidad como superior jerárquico en una desaparición forzada ocurrida en 2009 y otro en que se condenó a un subteniente de infantería por la desaparición de una persona en Nuevo León en 2012. En ese sentido, la organización consideró que “hace falta investigar a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer violaciones a derechos humanos (cadena de mando), así como las órdenes militares que implican la violación derechos humanos a civiles (debida obediencia)”. De la revisión de las actuaciones del Poder Judicial Federal, la organización destaca que, si bien hay jueces federales que han “emitido sentencias de búsqueda de desaparecidos en cuarteles militares y las obligaciones de investigación de la PGR en casos contra soldados”, subsisten también decisiones de jueces federales que “han dificultado las investigaciones civiles de soldados implicados en delitos o violaciones a derechos humanos”. Ante la evidente falta de voluntad para investigar casos que impliquen a militares, WOLA urgió al gobierno mexicano a “que desarrolle un plan de retiro paulatino de los soldados que estén desempeñando tareas de seguridad pública”. Dicho programa “deber ir acompañado del fortalecimiento progresivo de la policía civil en una lógica de seguridad ciudadana, de rendición de cuentas y de mecanismos para mejorar las investigaciones civiles de soldados implicados en delitos y violaciones a derechos humanos”. Recomendaciones En su informe, WOLA hace siete recomendaciones al gobierno mexicano y cuatro al de Estados Unidos. Entre las que dirige a México destacan el fortalecimiento del sistema de justicia civil para investigar los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles. A la PGR le pide “crear una política de persecución penal de delitos y violaciones a derechos humanos” cometidos por personal castrense. Además, le sugiere “abstenerse de aprobar la Ley de Seguridad Interior y otras formas legales que sean un retroceso para el sistema de justicia penal acusatorio y para el control civil sobre la seguridad pública en el país”. También pide al Poder Judicial Federal “homologar bajo estándares internacionales los criterios de los jueces” sobre las tareas correspondientes a policías y a militares; crear un mecanismo de monitoreo de las reformas del 2014 al Código de Justicia Militar, mismo que también deberá reformarse en “aspectos deficientes e incompletos”. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dice que “debe mejorar la investigación y seguimiento de sus recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, entre otros”. En cuanto a las recomendaciones al gobierno estadunidense, WOLA considera que el apoyo a México debe enfocarse en mejorar las capacidades investigativas “con base en evidencia técnica, incluyendo casos de soldados”, así como para “profesionalizar a la policía mexicana y para fortalecer sus mecanismos de control internos y externos”. Asimismo, sugiere imponer requisitos de derechos humanos en la cuenta de Financiamiento de Militares Extranjeros y asegurar el cumplimiento de la Ley Leahy, “que prohíbe el apoyo o capacitación por parte del Departamento de Estado y de Defensa de los Estados Unidos a unidades de seguridad extranjeras que han estado implicadas en violaciones graves de derechos humanos”.