CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, aseguró que de las 87 personas involucradas en el caso Paradise Papers, hasta el momento ninguna se ha presentado para aclarar su situación. “Al día de hoy no hemos tenido acercamiento con estas personas, es muy pronto en el proceso para identificar alguna irregularidad”, señaló después de asistir al lanzamiento de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. Señaló que ya tienen una lista y la están corroborando con el Registro Federal de Contribuyentes, de tal forma que “estamos llevando la explotación de la información de la base de datos institucional, y de lo que resulte de este primer cruce se determinarán los siguientes pasos”. Santiz Quiroz dejó claro que si se observan inconsistencias u omisiones el SAT iniciará acciones de fiscalización, como el envío de una carta-invitación para que el contribuyente en cuestión acuda ante la autoridad y aclare su situación. Si se encuentran inconsistencias, añadió, se harán las respectivas auditorías. Y destacó que en dichas auditorías se pedirá información adicional a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por separado, José Antonio Meade, titular de la SHCP, advirtió: “Igual que hicimos en Bahamas y en Panamá, habremos de investigar, de analizar y de auditar todos y cada uno de los elementos de información que de ahí provengan”. Agregó: “La información que se nos proporciona a través de esta filtración será objeto, en todos los casos, de auditoría. Siempre bienvenidas, en su caso, las autocorrecciones. En muchos casos seguramente no hay violaciones y habrá casos en donde las haya”. Paradise Papers es el nombre de una investigación periodística liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartida con 96 medios internacionales, entre ellos el semanario Proceso. La indagatoria se basa en una filtración múltiple de 13.4 millones de documentos provenientes de dos grandes estudios jurídicos dedicados a proveer servicios 'offshore': Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur.