MADRID (apro).- Un juez del Tribunal Supremo español impuso prisión eludible con fianza de 150 mil euros para la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, en contra del criterio de la Fiscalía, que reclamaba prisión sin fianza por considerarla una de las responsables intelectuales del proceso de independencia. No se descarta que Carme Forcadell pase esta noche en prisión en tanto su defensa reúne la suma exigida por la medida cautelar del juez Pedro Llarena. Para los miembros de la Mesa de la Cámara catalana Anna Simó, Lluis Corominas, Lluis Guinó y Ramona Barrufet, el juez Pablo Llarena dictó prisión eludible bajo fianza de 25 mil euros con una semana para pagarlo, lo cual supone que no sería necesaria su entrada en prisión. En el caso de Joan Josep Nuet, exdiputado de Catalunya Sí que es Pot (Cataluña sí que es posible), se dictó libertad sin medidas cautelares, debido a que argumentó su oposición a que se tramitara en el Parlament el referéndum del 1 de octubre. Durante la comparecencia ante el juez Pablo Llarena, la expresidenta Forcadell acató explícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que se tradujo en la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Asimismo, restó valor jurídico a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, la que definió como “declarativa y simbólica”. De esta manera, Forcadell y los seis miembros de la Mesa se desmarcaron de la estrategia de defensa que siguieron el jueves pasado los exmiembros del Govern de Puigdemont, quienes terminaron en prisión por decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Los exlegisladores catalanes optaron por responder a las preguntas de la Fiscalía en relación con el delito de rebelión que se les imputa y por acatar la aplicación del artículo 155. Los otros miembros de la Mesa del Parlament siguieron la misma línea argumental de acatar explícitamente la aplicación del 155 constitucional y darle un carácter simbólico a la DUI, restándole trascendencia jurídica, según fuentes jurídicas. Fue el caso de los exlegisladores Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, aunque en el caso de este último argumentó ante el juez instructor que en ningún caso facilitó la tramitación de las leyes que han servido para dotar de sentido legal al referéndum del 1 de octubre (1-O). Los miembros de la Mesa cambiaron su estrategia y accedieron a responder a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo asignados a este caso, distinto a los miembros del Govern que, en su comparecencia hace una semana en la Audiencia Nacional, se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía. Los cuestionamientos de los fiscales se centraron en ahondar en el carácter violento de las movilizaciones independentistas para poder justificar el delito de rebelión y que es en lo que se basa la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La primera en declarar fue la presidenta Forcadell, durante dos horas y cuarto, en la que contestó a las preguntas de la Fiscalía por primera vez. Su posición era de las más comprometidas en la querella de la Fiscalía, al mismo nivel del presidente cesado del Govern catalán, Carles Puigdemont, cuyo papel fue clave para que se produjera la declaración unilateral de independencia de Cataluña. La querella recuerda que Forcadell además de ser la presidenta del Parlament, anteriormente fue presidenta de la Asociación Nacional Catalana, una de las principales organizaciones sociales impulsoras de la independencia y cuyo actual presidente, Jordi Sánchez, se encuentra en prisión incondicional por un presunto delito de sedición Asimismo, tampoco ayuda a Forcadell que el miércoles el Tribunal Constitucional anuló y declaró inconstitucional la DUI. Por otro lado, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, negó la puesta en libertad del vicepresidente cesado de Cataluña, Oriol Junqueras, al rechazar el recurso en el que se basó su defensa.