GUANAJUATO, Gto. (apro).- El exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete (Comandante Emilio) interpuso una queja ante un juez penal en contra del director del Centro de Readaptación Social 12 en Ocampo, donde permanece recluido, al que acusó de darle un trato diferenciado al del resto de los reos. La queja fue presentada ante el juez de control del sistema acusatorio José Luis Argüello Uribe, quien apercibió al director del penal. Escobar está a disposición de la justicia estatal como inculpado por el secuestro de una ciudadana franco-estadunidense cometido en San Miguel de Allende, bajo la causa penal 1P4217-43, cargo por el que fue detenido el 30 de mayo pasado. El exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez –quien por años residió en San Miguel de Allende bajo la falsa identidad de Ramón Alberto Guerra Valencia– informó al juez que permanece aislado en una celda especial sin ventilación ni luz natural, donde la luz artificial está encendida las 24 horas, “y eso ha alterado su ciclo natural de sueño”. También expuso que no se le permite el acceso a las áreas comunes, ni siquiera a las deportivas, tampoco le proporcionan utensilio como plato y cuchara para comer, y se le restringe la comunicación con sus defensores y sus familiares, con quienes ha podido comunicarse en muy escasas ocasiones. A Escobar Poblete se le aseguraron sus anteojos de lectura y no le han sido proporcionados, lo que también consignó en la queja. Mediante oficio, el juez Argüello Uribe requirió al director del penal sobre estas condiciones, pero en la respuesta del funcionario “los reclamos no quedan contestados”, se informó a los abogados Alejandro Gutiérrez y José Luis Vargas Ramírez, abogados defensores del chileno, a quien la justicia de su país estaría requiriendo vía extradición. El juez requirió al director del Cefereso que precise las condiciones de la celda donde Raúl Escobar se encuentra recluido, aludiendo al artículo 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: “Las personas internas en espacios especiales no podrán ser afectadas en sus condiciones de internamiento, de manera que éstas resulten equivalentes o más aflictivas que las establecidas para las sanciones disciplinarias”. El juzgador también requirió precisiones a la autoridad carcelaria sobre la comunicación de Escobar con sus defensores, pues derivado de la queja encontró que aquélla tampoco se ha realizado en un espacio donde pueda respetarse la reserva de la asistencia legal. La última audiencia en el proceso por el secuestro del que se acusa al chileno –bajo la identidad de Ramón Alberto Guerra Valencia y presuntamente como parte de una banda internacional que habría cometido los secuestros de empresarios y políticos como Diego Fernández de Cevallos-- se efectuó el 2 de octubre, cuando se determinó ampliar el plazo para la investigación complementaria a petición de los defensores del chileno, quienes se quejaron de que no se les permitía ver la carpeta del caso por parte de la Procuraduría local. En esa audiencia se presentó un documento por parte del abogado Alejandro Gutiérrez en el que supuestamente Raúl Julio Escobar estaba revocando como defensor a José Luis Vargas. “La carta fue entregada por Óscar Mardones, hermano de Marcela”, quien también fue integrante del Frente Patriótico y como pareja de Escobar se ocultó con otra identidad en San Miguel de Allende, y “al juez como que se le hizo raro eso y pidió un escrito para que Ramón ratifique la revocación, hasta ahí se quedó todo”, dijo a Apro vía telefónica el abogado Vargas Ramírez. “Por eso me siguen llegando las notificaciones y me enteré de la queja de Ramón; él pidió que lo trasladen al penal de Valle de Santiago para las audiencias, pero le dijeron que serían por videoconferencia, aunque no han querido”, señaló Vargas. El plazo para la investigación complementaria vence en diciembre, cuando deberá continuar el juicio por secuestro en contra del excomandante guerrillero. La actual esposa de Raúl Julio Escobar o Ramón Alberto Valencia, Isabel Mazarro Gómez de Santiago, fue capturada a fines de octubre por la Guardia Civil española en Gijón (Asturias) como resultado de una alerta de la Interpol solicitada por la PGR desde México, puesto que a la mujer se le vincula con la banda de secuestradores que supuestamente encabezaba el exguerrillero.