CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil Data Cívica descifró los nombres de 31 mil 968 desaparecidos a los que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación (Segob) mantenía en el anonimato, sólo como renglones vacíos en la relación de casos del fuero común. A partir de un trabajo de creación de un “diccionario de nombres comunes” con base en los padrones de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitió la conformación de 17 mil 731 bases de datos que se cruzaron con el RNPED, a los activistas de Data Cívica sólo les faltó confirmar la identidad de 308 desaparecidos incluidos en las listas oficiales hasta julio de este año,  por deficiencias del mismo registro, explicó José Merino, coordinador de la organización civil. En conferencia de prensa, Merino agregó que, para su elaboración, la organización no contó con más recursos que la voluntad de 10 integrantes de Data Cívica, cuatro meses de trabajo y el respaldo de 14 organizaciones civiles que se unieron a la iniciativa #PersonasNoRenglones. Al presentar el nuevo instrumento ciudadano, el coordinador de Data Cívica consideró que al dar nombre a las víctimas se inicia “un proceso de justicia en México. Eso es imposible si las personas son sólo renglones. Así no es posible dar seguimiento a los casos”. En julio de este año, el RNPED tenía 32 mil 277 desaparecidos del fuero común y mil 25 del fuero federal que sí están registrados con nombres. Del total, 13 mil 486 fueron casos ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón y 18 mil 778, durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Mónica Meltis, integrante de Data Cívica, explicó que en la revisión de la base de datos del RNPED “se depositaba una vez más en los familiares de las víctimas la obligación de identificar a sus desaparecidos en las listas, que aproximadamente cada trimestre se actualiza, nombres entran y salen, sin que haya una explicación oficial”. Al señalar que cada uno de los 31 mil 968 nombres fueron cotejados en varias ocasiones, Meltis invitó a los familiares de los desaparecidos a agregar la foto de sus seres queridos en la plataforma creada por Data Cívica, así como casos que no están incluidos. “Con esta nueva base de datos, lo que se puede hacer es validarla con organizaciones y colectivos de desaparecidos de los estados y permitirá dar seguimiento a casos particulares”, dijo Mónica Meltis, tras explicar que el sistema creado está diseñado para que cualquiera pueda agregar nombres y subir fotografías, proceso que será vigilado por personal de Data Cívica para evitar un mal uso. Sin garantía Durante la conferencia de prensa, Meltis subió la fotografía de Alejandra Peña Beltrán, desaparecida en 2013 en Sinaloa, cuyo nombre aún existe en la base de datos del RNPED, aunque fue localizada el año pasado. La madre de la jovencita sinaloense, Bertila Beltrán Cabanillas, comentó que después de que desapareció su hija con una amiga, pronto se dio cuenta que “aparecer en el RNPED o en las cédulas de búsqueda no son garantía de que la autoridad haga algo. Ellos no hacen nada por localizar a nuestros seres queridos”. Además, recordó que cuando salió publicada la imagen de su hija y la de su amiga, los nombres de cada una salieron invertidos, lo que motivó que en varias ocasiones buscara a las autoridades para que repararan la falla, pero nunca le hicieron caso. “Si no corrigieron el nombre, mucho menos iban a buscar a mi hija. Me decían que al rato regresaba, que se había ido con el novio y que cuando volviera iba a traer con ella a tres plebes (niños). Yo pensaba que, aunque fueran 10, estaría feliz de que regresara, pero desgraciadamente, sabemos que cuando se llevan a alguien, ya no regresa”, compartió con tristeza la madre de Alejandra, quien por una llamada anónima localizó el cuerpo de su hija y el de su amiga. “Ahora estoy luchando porque el nombre de mi hija ya no aparezca en el RNPED y que su caso se investigue como feminicidio, pero me dicen que yo soy una de las afortunadas que ya encontró a su hija, pero no tengo justicia”, apuntó. Michael Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, una de las organizaciones que apoyó a Data Cívica, narró que otra de las evidencias de los errores del RNPED es que, de los 520 casos de desapariciones en Coahuila de los que tiene conocimiento su organización, “sólo aparecen 59”. Al adelantar que próximamente presentará un estudio sobre las inconsistencias del RNPED con respecto a los casos que lleva su organización, Chamberlin dijo que la revisión de los cortes informativos de la plataforma de la Segob, “70% de variaciones de los registros, lo que evidencia que a los desaparecidos no los busca nadie”. Las fallas La iniciativa ciudadana se da a conocer unos días de aprobarse la Ley General sobre Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, y parte de su relevancia radica en que “pone de manifiesto las falencias del Estado en el RNPED, y que ya el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) en sus recomendaciones había alertado las fallas y cómo corregirlas”, comentó Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), sumado al proyecto ciudadano. Aguirre Espinosa advirtió que si la nueva base de datos que tendrá que crearse conforme a los estándares establecidos en la nueva Ley General, “tienen las mismas fallas que ahora tiene el RNPED, no servirá para atender el problema de los desaparecidos en México”. Ante posibles cuestionamientos por darle nombre a las víctimas, el subdirector del Centro Prodh alertó que “no puede alegarse confidencialidad y protección de datos personales, esa es parte de la reticencia del Estado para reconocer la crisis, porque la Ley General de Transparencia, reconoce que no se aplica la confidencialidad cuando se trata de casos de violaciones graves a los derechos humanos”. Humberto Guerrero, del Centro de Información y Análisis Fundar, que colaboró con Data Cívica, celebró que se les haya dado nombre a casi todos los desaparecidos incluidos en el registro oficial, “más aún cuando para elaborar esa base de datos no se invirtió ni un peso”. El especialista destacó que una vez que se ha aprobado una bolsa de 469 millones de pesos para poner en operación la Ley General sobre Desaparición Forzada, “que es siete veces menos que lo aprobado para publicidad oficial, es relevante el ejemplo que está dando Data Cívica, porque si ellos sin dinero pudieron dar nombre a más de 31 mil desaparecidos, no hay pretexto para que no se les busqué”. La plataforma con los más de 31 mil nombres puede encontrarse en el portal www.personasdesaparecidas.org.mx. Otras organizaciones que colaboraron con Data Cívica son Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, México Evalúa, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Human Rights Data Analysis Group, Equis, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Casa en Común, Enjambre Digital, Animal Político y Servicios y Asesoría para la Paz.