COLIMA, Col. (apro).- Cientos de productores, activistas sociales y actores políticos expresaron su respaldo al dirigente campesino Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de apología del delito y sabotaje por haber participado en enero pasado en una protesta contra el gasolinazo frente a las instalaciones del Puerto de Manzanillo. Durante una asamblea pública realizada en el Jardín Libertad, convocada por la organización Productores Unidos por Colima (PUC) —de la que Vizcaíno es presidente—, organizaciones y ciudadanos se pronunciaron en contra de la criminalización de la protesta social y exigieron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el respeto a los derechos a la libertad de expresión y manifestación. Bajo la consigna “Todos somos Arnoldo Vizcaíno”, la reunión tuvo como acuerdo principal acompañar al representante de la PUC el próximo jueves, durante su comparecencia a las instalaciones del Poder Judicial Federal en esta ciudad, donde se llevará a cabo la audiencia de imputación a la que fue citado por una juez de control, luego de que la PGR formuló la acusación. Al intervenir en la asamblea, Arnoldo Vizcaíno realizó una relatoría de la manifestación de campesinos contra el alza a los combustibles realizada el 12 de enero anterior frente a la entrada del Puerto de Manzanillo, que se encontraba prácticamente sitiada por elementos del ejército y otras corporaciones federales. En ese contexto, consideró que la denuncia presentada en su contra por la Administración Portuaria Integral (API) y la acusación de la PGR por sabotaje y apología del delito forman parte de una estrategia del gobierno federal para inhibir las protestas ciudadanas, sobre todo ahora que en la nueva Ley de Ingresos aprobada para 2018 se incluyeron medidas que se traducirán en una nueva alza a los combustibles. “Lo que buscan —sostuvo Vizcaíno Rodríguez— es imponer miedo a la sociedad, no quieren que la gente se organice de manera independiente para defender sus derechos y ejercer la libertad de expresión”. Acompañado por su esposa e hijos, el exdiputado local y expresidente estatal del PRD se mostró “absolutamente convencido de que no cometimos ningún delito todas las personas que participamos en la manifestación, sabemos de lo que son capaces (las autoridades), pero estamos tranquilos”, dijo y expresó su confianza en que el Poder Judicial no se prestará a esa maniobra encaminada a suprimir derechos. Presente en el evento, el exsenador Carlos Sotelo García manifestó su solidaridad con su “amigo de más de tres décadas”, cuya persecución, dijo, constituye “un intento de castigar y atemorizar”, pero “si esa es la razón por la que lo hacen, se equivocan porque no conocen a Arnoldo Vizcaíno, no saben que él ha sabido enfrentar muchas situaciones y que no se doblega ante el poder”. Sotelo advirtió que “Arnoldo Vizcaíno no puede ir a la cárcel, sería una infamia”, porque “quien en realidad ha saboteado a este país es el gobierno, no los campesinos que exigen sus derechos, que trabajan y que si algo han hecho es servir a Colima y a la patria”. Planteó la necesidad de que este caso sea denunciado en las tribunas de las cámaras legislativas del país, por parte de los diputados y senadores que forman parte del movimiento opositor. Por su parte, la activista social Griselda Martínez indicó que la criminalización de la protesta social “es un asunto grave”, pues “resulta que en el país de la impunidad, de las casas blancas, de Odebrecht, inconformarse contra las alzas de los combustibles es delito, ir a protestar por abusos es un delito; la pregunta es hasta cuando lo vamos a permitir”. Hizo notar que en los últimos meses ya aumentó más de 60% el precio del gas de uso doméstico “y nadie dice nada, ¿entonces se trata de generar un escarmiento contra quienes se organizan y protestan?”. A su vez, la exdiputada federal Indira Vizcaíno Silva, hija del dirigente perseguido, indicó que el gobierno que está acusando a su padre es el mismo que no ha hecho nada en contra de la violencia ni de los feminicidios. Consideró riesgoso permitir esta actuación del gobierno en contra de los liderazgos sociales que se atreven a alzar la voz, pues en el futuro podrían ser las nuevas generaciones quienes sufran la vulneración de sus derechos cuando intenten hacer uso de su libertad. En conclusión, señaló Indira Vizcaíno, parece que con este caso las autoridades están intentando mandar un mensaje de represión. En la asamblea pública, Jaime González Velázquez, representante del Congreso Nacional Ciudadano, leyó un manifiesto de esa organización en apoyo a Arnoldo Vizcaíno.