En 10 capítulos, la reportera Ana Lilia Pérez disecciona a la emblemática empresa petrolera mexicana, la que hundieron los últimos cinco presidentes, y expone sus resultados en el libro Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, puesto en circulación por el sello Grijalbo. Proceso ofrece fragmentos del capítulo 9, en el que la autora expone cómo las autoridades convinieron en que era más fácil mudar a Pemex hacia un paraíso fiscal que privatizarla. Hoy, expone Pérez, hay 37 sociedades offshore con membrete de Pemex, entre tenedoras de acciones, inversoras, comercializadoras o prestadoras de servicios… sin servicios por prestar. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre parasoles, tumbonas, veleros y yates de lujo, a las islas del Caribe que alguna vez fueron colonias europeas llegan millonarios de toda estirpe, de cualquier punto del mundo, para abrir cuentas bancarias y hacer inmensos depósitos cuyos orígenes nadie cuestiona, a nadie interesa. No importa si se trata de expresidentes prófugos, gobernadores, alcaldes, legisladores o funcionarios públicos que saquearon las arcas de su país, dictadores que amasaron riquezas con sangre, narcos que por cada dólar envenenaron niños y los engancharon a las drogas, magnates que esclavizan obreros, traficantes de armas, mercancías o carne humana, estafadores o truhanes. Su dinero es lo que vale. En esas islas, abrir una cuenta o desaparecerla, constituir una empresa o extinguirla, crearle filiales o subsidiarias, convertirla en tenedora de acciones, ligarla a fondos de inversión de cualquier tipo o estructurar todo un holding son trucos similares a los de un mago que aparece y desaparece palomas y conejos. Durante un viaje relámpago, asesores bancarios, gestores, analistas y brokers abren o cierran empresas. Les queda tiempo suficiente para disfrutar del veleo, tomar cocteles mientras se asolean, relajarse en la playa y hacer shopping. Particulares de todo el orbe esconden sus fortunas en esos paraísos fiscales. También ahí se radican consorcios y corporativos que buscan ocultar dinero, ya sea por su origen ilegal, para evadir impuestos en sus países o con el fin de recibir recursos, transferirlos, “pasearlos” y volver a tenerlos sin que nadie haga preguntas. A finales de los años ochenta, a esos archipiélagos (o a tierras continentales donde se puede hacer lo mismo) comenzó a llegar dinero de Pemex mediante empresas abiertas en el extranjero: compañías que sólo existían en el papel y, muy importante, dadas de alta como “privadas”, aun cuando el dinero que manejaban era el patrimonio “de todos los mexicanos”. Primero se abrió una en los Países Bajos, luego en las Antillas Neerlandesas; después en Bahamas, Islas Caimán, Aruba, Irlanda, Suiza, España, Inglaterra, Luxemburgo, Estados Unidos, Panamá y Singapur, entre otros. Durante los siguientes 25 años se fue agrandando un organigrama de empresas particulares con membrete de Pemex. A través de éstas no sólo se han transferido millones y millones del erario, también se han usado para concretar negocios que, de haberse hecho en territorio patrio, habrían sido polémicos o ilegales, por comprometer los haberes de la petrolera al favorecer la privatización o el remate de su infraestructura. En resumen: parte del saqueo, desmantelamiento y desnacionalización de Pemex se operó desde paraísos fiscales. A finales de los años ochenta, la economía mexicana y las finanzas de Pemex oscilaban entre el alza internacional de los precios del crudo (en parte como efecto de la “guerra de los petroleros” protagonizada entre Irán e Irak) y su desplome, que precedió al histórico crack de las bolsas de valores del 19 de octubre de 1987. Aquél fue un lunes negro: el peor en la historia reciente de los mercados financieros. El desplome se inició en la bolsa de valores de Hong Kong, cuando el índice Hang Seng se derruyó. El desastre, como letal virus, se propagó a los mercados bursátiles del Pacífico y luego a Europa, hasta llegar a Estados Unidos. El Dow Jones cayó 508 puntos (22.6% de su valor) y echó por tierra, en sólo unas horas, ganancias acumuladas durante cinco años; todo Wall Street se cimbró con los tableros en rojo parpadeante y la esquizofrenia de los corredores, que trataban, frenéticos, de vender en bloque sus acciones al grito de sálvese quien pueda. El colapso golpeó directamente al mercado petrolero, porque además de que las compañías del sector cotizaban en bolsa, Estados Unidos estaba en pie de guerra contra Irán: la tensión entre los dos países crecía, con ofensivas mutuas en el golfo Pérsico y advertencias de Ronald Reagan a su homólogo iraní a través de la embajada suiza en Teherán –que se encargaba de los intereses estadunidenses–: le exigía que cesaran “las agresiones” contra objetivos estadunidenses. (…) El lunes negro marcó un antes y un después en el mundo bursátil: Wall Street, por ejemplo, decidió que interrumpiría sus operaciones cuando el Dow Jones cayera más de 350 puntos. En esos años Pemex era el cuarto exportador de crudo a escala mundial. Poco después sería cuando la política interna, guiada por la tendencia a las privatizaciones, reestructuró la paraestatal en un holding de subsidiarias… Cada una tenía su propia estructura administrativa, recursos económicos, materiales y humanos, pero todas estaban regidas por una cúpula que lideraba el director general de la compañía y un selecto grupo de ejecutivos. Ésa fue la reestructuración de Pemex en el país, pero en el extranjero comenzó a ensamblar un armazón paralelo que violaba el artículo 27 constitucional: empresas privadas, que operan bajo el membrete de Petróleos Mexicanos, fueron fundadas en países considerados como paraísos fiscales –especialmente atractivos en tiempos de incertidumbre financiera–. Esas firmas estaban destinadas a captar millones del dinero petrolero en operaciones hormiga. Los paraísos fiscales ofrecen un sistema financiero que no indaga el origen de los depósitos, evita la doble tributación y privilegia el secreto bancario, mucho más sólido e inquebrantable que el de confesión. Ni siquiera se abre ante solicitudes de las naciones de donde viene el dinero. El objetivo del esquema paralelo era sacar recursos de Pemex sin rendir cuentas a ninguna institución mexicana. En esa época de neoliberalismo en que los Chicago Boys –fieles a las enseñanzas de Milton Friedman y Arnold Harberger– alcanzaron puestos de gobierno, “mudar” Petróleos Mexicanos a un paraíso fiscal era mucho mejor que privatizarla: tan simple como transferir dinero a compañías “de Pemex” pero foráneas, financiadas con el erario pero privadas, alimentadas con el patrimonio de los mexicanos pero con cuentas bancarias en el Caribe. Ahí, los dólares se movían a carretadas sin que nadie exigiera saber su destino. Desde entonces y hasta hoy, en los “territorios laxos” operan docenas de compañías de la Pemex “privada”: carecen de personal, oficinas propias e infraestructura. En su mayoría sólo existen en el papel, pero igual triangulan millones y millones de dólares que, en esencia y según la lógica eufemística oficial, deberían ser “de todos los mexicanos”. Su esquema es el mismo de las involucradas en el escándalo mundial conocido como los Panama Papers. El monto del dinero público enviado al extranjero mediante dicha estructura creció gradualmente. Para tener una idea: sólo un consorcio –PMI Comercio Internacional– privatizó al menos 156 mil millones de pesos en tres décadas. En los años previos a que se aprobara la reforma energética, esas firmas fantasma manejaban más de 1 millón 200 mil millones de pesos anualmente (auditoría 12­1­18T41­02­0007, realizada por la ASF al llamado Grupo PMI, divulgada en febrero de 2014). A partir de la entrada en vigor de la reforma, las cantidades han sido mucho mayores, pues la tendencia en Pemex fue generalizar las grandes operaciones financieras en este modelo de negocios, en que la petrolera pone dinero y se asocia con compañías privadas. Son estas últimas las que invariablemente tienen el control de esas sociedades. Desde que se creó la primera empresa privada de Pemex en paraísos fiscales y hasta inicios de 2017, habían sido abiertas 77 compañías y sociedades, 37 de las cuales son offshore, lo que significa que carecen de oficinas y empleados y se rigen por leyes extranjeras para operaciones financieras y movimientos de capital. Algunas son tenedoras de acciones; otras, inversoras o comercializadoras, y algunas más prestadoras de servicios… sin servicios por prestar. A su vez, las tenedoras de acciones son dueñas de algunas de las firmas offshore­ también con membrete de Pemex. A través de éstas se han regenteado asimismo los ingresos por las ventas de crudo en los mercados internacionales, y las utilidades de una sociedad empresarial que desde febrero de 1993 se hizo con parte de la petrolera Shell Oil Company para operar una refinería en Deer Park, Texas, llamada Deer Park Refining Limited Partnership. Esta planta, a su vez, le vende a Pemex –es decir, a su propio socio– gasolinas a precios internacionales que, al sur del Bravo, se pagan con tarifas de las más altas del mundo. Facilitar privatizaciones Todavía en el gobierno de Felipe Calderón, en 2011, cuando aún no se aprobaban las reformas al artículo 27 constitucional, con dinero de Pemex se crearon nuevas firmas privadas en el extranjero, que prepararon la repartición de negocios de la paraestatal. En ese entonces el director de Petróleos Mexicanos era Juan José Suárez Coppel. En España, el 1 de diciembre de ese año PMI Holdings, BV, creó la empresa PMI Field Management Resources, SL. El día 7 se creó la empresa Campos Maduros Sanma, SRL de CV, para “asociarse” con el “licitante ganador” de los contratos de servicios integrales para la explotación de Campos Maduros, en la Región Sur de Pemex, con una participación económica de 10%. Durante aquel sexenio, la existencia y operación de empresas de Pemex en paraísos fiscales dejó de ser un secreto, pues la ASF difundió su existencia y asentó que eran ilegales. “Pemex no se beneficia directa o indirectamente de las utilidades generadas en las empresas del Grupo PMI, éstas se quedan acumuladas como inversión en esas empresas”, detectó la ASF en la auditoría a la cuenta pública 2007. Ese año, por ejemplo, Kot Insurance Company, ya radicada en Suiza, registró pérdidas por 190 millones de pesos. En aquella auditoría, la ASF dijo que algunos de esos consorcios operaban con una “tesorería centralizada” en los Países Bajos, como PMI Holdings, BV, que da “servicios financieros” a PMI Norteamérica, la socia de Shell en la refinería Deer Park. Pese a las advertencias de la ASF, ya en el sexenio de Peña Nieto y durante los años en que Emilio Lozoya dirigió Pemex, se creó una treintena de compañías privadas, algunas en sociedad con otras firmas particulares. Sirvieron para privatizar trabajos y áreas que en otros tiempos eran considerados propios del Estado. Esto, en la práctica, profundizó la desmembración de la paraestatal. Aun así, o quizá por ello, desde la dirección de Pemex se impulsó la creación de más y más. El 29 de abril de 2013 fue constituida en Madrid PPQ Cadena Productiva, SL, cuyo objeto social se estableció como “la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español, así como la adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de acciones en el activo de otras sociedades”. Constituida por Pemex Corporativo y Pemex Petroquímica, comenzó a recibir recursos que serían destinados a una tercera sociedad: Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV, constituida a su vez por Mexichem y Pemex, por conducto de PPQ, para “coinvertir” en parte del complejo petroquímico Pajaritos. (…) De manera que la creación de esa empresa en España tenía otro fin: privatizar instalaciones de Petroquímica. Algunos meses después (el 30 de julio de 2013), en las oficinas de Pemex en México se desincorporó dicho complejo petroquímico del régimen del dominio público. Y se transfirió a privados. Se estableció la cesión de 476 mil 386 metros cuadrados (de un total de 990 mil 528), que correspondían a la planta Clorados III, propiedad del complejo, a favor de la alianza Pemex Petroquímica­Mexichem, sociedad en la que la privada Mexichem es socia mayoritaria. Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV, fue constituida el 13 de septiembre de 2013 como coinversión entre PPQ, actualmente llamada Pemex Etileno, y Mexichem, a través de su subsidiaria Mexichem Derivados, SA de CV, para la producción de cloro y sosa cáustica, entre otros productos. Se estableció que el domicilio sería el complejo industrial de Pajaritos, Coatzacoalcos, y que el control operativo y financiero de la empresa lo tuviera Mexichem. De esta sociedad se derivó la subsidiaria Mexichem Cogeneración Uno, SA de CV. El 12 de noviembre de 2013 fue creada PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, en sociedad por las filiales privadas PMI Norteamérica, SA de CV (99.9% de acciones), y PMI Holdings, BV (0.1%). Después, la recién creada empresa, en sociedad con Pminasa generaron el 18 de diciembre de 2013 otra firma a la que llamaron Pro­Agroindustria, SA de CV. (…) El 24 de junio de 2013, en Estados Unidos, ya había sido constituida MGI Enterprises US, LLC, como parte del holding Mex Gas –Mex Gas International, Ltd., MGI Supply, MGI Trading y MGI Enterprises–, pero al año siguiente se cambió su domicilio fiscal a Madrid, España, con un capital de 2 millones 781 mil 201 euros. Como se ha dicho, a partir del sexenio de Enrique Peña Nieto se privilegió a España como destino de las empresas de papel de Pemex. En este contexto llama la atención que también hayan sido españoles los grandes corporativos que recibieron los mayores contratos de obra pública y servicios en el gobierno del mexiquense. Poco a poco, todo el holding Mex Gas se fue transfiriendo de las Islas Caimán a Madrid, y allí mismo se crearon también nuevas empresas privadas con membrete de Pemex. Acerca del dinero de Petróleos Mexicanos que el holding Mex Gas ha manejado en el extranjero (incluidas cuentas en paraísos fiscales), la ASF ha dicho: “Los recursos, al ser administrados por las empresas del Grupo Mex Gas, son considerados como no públicos, por lo que no están sujetos a la legislación mexicana que regula, entre otras, la programación, formulación de presupuestos, control, financiamiento, evaluación, aprobación, planeación, ejercicio, mantenimiento, arrendamiento, responsabilidades, transparencia y rendición de cuentas de los ingresos y egresos públicos federales”. Adiós a los auditores El 19 de diciembre de 2014, durante una junta del Consejo de Administración de Pemex, se acordó modificar el estatus de PMI Comercio Internacional, SA de CV. Dejaría de ser “empresa de participación estatal mayoritaria” para convertirse en “empresa filial” de Pemex. A simple vista no parece algo trascendente, pero la modificación fue para garantizar la secrecía en su manejo, varias veces criticado por la ASF en sus informes. El cambio implicó la extinción del Órgano Interno de Control (OIC) y librarse también de las molestas auditorías internas, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y del deber de rendir cuentas a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos a partir del 1 de enero de 2015: la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 61, dice que “las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación”. Este adelanto se publicó el 12 de noviembre de 2017 en la edición 2141 de la revista Proceso.