CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, admitió ante diputados locales que en Guerrero “no existe la gobernabilidad esperada”; además, dijo, la delincuencia controla territorios completos donde “no es recomendable transitar a ciertas horas”. También acusó públicamente al obispo católico de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, de lanzar acusaciones “sin fundamento” contra autoridades estatales por presuntos nexos con la delincuencia. Y sostuvo que denunció al prelado ante la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, “por su intromisión con grupos de la delincuencia, bajo el supuesto de promover acuerdos para terminar con la violencia”. Añadió: “Es conveniente que las acusaciones sobre la complicidad del Estado con el crimen organizado, procedentes de los representantes de las iglesias, siempre se expresen con veracidad y apego a la ley. La politización de la religión es una combinación que resulta sumamente grave”. Salazar Adame compareció ayer ante diputados de la LXI legislatura local, como parte de la glosa del segundo informe del gobernador Héctor Astudillo Flores. En su discurso, el secretario de Gobierno manifestó que están insatisfechos con los resultados para alcanzar la paz social prometida en campaña, pues la desbordada incidencia delictiva ha colocado a Guerrero en el primer lugar a escala nacional en homicidios dolosos en los últimos dos años. El funcionario estatal admitió que no hay gobernabilidad y que regiones completas son controladas por la delincuencia. Esos lugares, agregó, se han convertido en zona silenciadas, porque los derechos al libre tránsito y libertad de expresión de la sociedad, simplemente están suspendidos de facto. En la entidad existen demarcaciones donde “no es recomendable circular a ciertas horas”, señaló Salazar, en referencia a las regiones donde opera la delincuencia, como Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña, Centro, Tierra Caliente y la franja Norte de la entidad. Parte de su discurso ante legisladores locales lo dirigió al sacerdote católico Salvador Rangel Mendoza, quien públicamente afirmó en marzo pasado que el gobierno de Astudillo había pactado con el narco en algunas regiones de la entidad, y afirmó que la violencia no cesa porque “en el fondo hay cierta repartición de dividendos entre ambos”. El secretario de Gobierno calificó los señalamientos como acusaciones sin fundamento y lanzó: “Es deseable que la orientación pastoral se realice en el marco de la ley, y en el caso de tener información de servidores públicos vinculados a actividades delictivas, acudan a las autoridades competentes a fin de presentar las denuncias y las pruebas correspondientes”. De igual manera, rechazó la acusación del prelado en el sentido de que el gobierno de Astudillo interviene las llamadas telefónicas del sacerdote “con equipo especializado de espionaje”, y lo retó a presentar pruebas de sus dichos. Es por eso que, sostuvo, denunció al sacerdote católico ante el gobierno federal para que lo investiguen por “las graves” declaraciones contra la administración de Astudillo y “su intromisión con grupos de la delincuencia”, expresó.