En carta abierta, rector de la UAEM informa sobre el origen de sus propiedades e ingresos

Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM. Foto: Octavio Gómez Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM. Foto: Octavio Gómez

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hizo pública una carta pública firmada en sus tres páginas por el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, en la que asegura que “no soy un delincuente, que no me he robado nada, y que no he deshonrado mi compromiso como universitario y como ciudadano”.

A través de su página de internet www.uaem.mx, la casa de estudios publicó el documento completo en la que acusa de nueva cuenta a Graco Ramírez de haberle “fabricado” los delitos de peculado, por el que ya ha sido vinculado a proceso, y de enriquecimiento ilícito, en el que también está acusada su esposa, la también académica María Elena Ávila Guerrero.

“Denuncio que estoy siendo objeto de una campaña de desprestigio y persecución política por parte del gobierno del estado de Morelos, que encabeza el perredista Graco Ramírez”, escribe Vera Jiménez y asegura que dicha campaña “es producto de la posición ético política que ha asumido a lo largo de mi gestión como rector de la UAEM”.

Esta postura tiene que ver con “mi posicionamiento crítico” ante la violencia, la inseguridad, la pobreza, los megaproyectos y “la constante violación a los derechos humanos, sociales y colectivos de comunidades y pueblos” de Morelos. Todo esto, dice, “ha molestado al gobernador” y a quienes se han sentido aludidos por las denuncias hechas desde la UAEM.

Luego, asegura que la campaña “de persecución política” tiene como fin “anular mis derechos políticos para contender por un cargo de elección popular en las próximas elecciones, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en la materia, en el supuesto caso de que así lo decidiera”, sostiene.

Dice además que el encargado de “la persecución” es Juan Salazar Núñez, de quien dice “es una autoridad de facto que debería ser sancionada penalmente por violentar la Constitución”, pues “su nombramiento fue anterior a las disposiciones legales en la materia en el contexto nacional”. Por ello, asegura que la designación del fiscal anticorrupción en Morelos es “ilegal e ilegítima”.

Aclara que su patrimonio se compone de una vivienda, dos departamentos y un vehículo compacto modelo 2016, que en conjunto suman la cantidad de 8 millones 907 mil 500 pesos, de los cuáles todavía adeuda 3 millones 635 mil pesos, además de 500 mil pesos ahorrados en cuentas bancarias de los académicos.

La casa “que habitamos” en Paraíso Country Club, en Emiliano Zapata, Morelos, donde ocurrió el cateo la madrugada del sábado pasado, fue adquirida, según el documento, en diciembre de 2016, por un monto de 6 millones 400 mil pesos, de los cuales se pagó un enganche de 2 millones 560 mil pesos “con recursos provenientes de la venta de nuestra anterior vivienda; el resto, lo estamos pagando a la inmobiliaria en mensualidades con nuestros salarios”.

Está también un departamento ubicado en Cuautla, adquirido en agosto de 2013 por un monto de 850 mil pesos, “mismos que empezamos a pagar con nuestros salarios desde el 1 de agosto de 2011, ya que lo adquirimos en preventa. Actualmente se encuentra en venta para ayudarnos a pagar las mensualidades de nuestra vivienda”.

El otro departamento está ubicado en Cuernavaca, donde actualmente viven sus hijas, fue adquirido en octubre pasado por un monto de un millón 425 mil pesos, que fue comprado usando un crédito del Infonavit. Finalmente está un vehículo Seat Ibiza, de dos puertas, “que adquirí por un monto de 232 mil 500 pesos, con un crédito que ya fue liquidado”.

Respecto de las insinuaciones de que las cuentas bancarias de ambos académicos reflejan depósitos que no corresponden a sus salarios, Vera Jiménez aclara: “son producto de las operaciones crediticias y de compraventa, legalmente efectuadas y de las cuales tenemos toda la documentación que las sustenta”.

Para tener este patrimonio, dice el rector de la UAEM, “no es necesario participar en actividades ilícitas. Mi actividad laboral de 30 años y la de mi esposa, de 25 años de trabajo, que trasciende a los cargos que actualmente desempeñamos como funcionarios en la universidad, es la única fuente de nuestro ahorro y patrimonio”, lo cual dijo, puede demostrar fácilmente.

“Espero y confío que esto ayude a aclarar que no soy un delincuente, que no me he robado nada y que no he deshonrado mi compromiso como universitario y como ciudadano”, pero además, dice que este documento “ayude a esclarecer que el problema financiero de la institución que represento no es producto de un deslfaco, como de manera dolosa se quiere hacer creer, sino de problemas estructurales no atendidos por el estado”, concluye la misiva.

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