Uruguay intenta una novedosa forma de combatir el fenómeno del tráfico de mariguana –el que implica grupos criminales, mercado ilícito y lavado de dinero–: su propuesta es la venta de la planta bajo estricto control gubernamental. De hecho, en ese país, más de 13 mil usuarios registrados pueden adquirir sus dosis de droga en las farmacias desde el pasado 19 de julio. Sin embargo, la revolucionaria medida enfrenta la oposición de los poderes conservadores, empezando por la banca uruguaya, por lo cual la planta sólo se comercializa en efectivo. MONTEVIDEO (Proceso).- La cola nace en la puerta de la farmacia y se extiende 20 metros a lo largo de la calle. Alrededor de 30 personas, en su mayoría hombres jóvenes, esperan su turno bajo el sol. Dentro del local, Andrea B., camarera de 43 años, tuvo algunos problemas para concretar su compra. El lector de huellas digitales la reconoció como usuaria habilitada sólo después de que lo limpiara con alcohol una empleada del establecimiento. “Está bárbaro que sea accesible y que uno no tenga que esconderse para hacer estas cosas”, dice la mujer, mientras muestra a Proceso el paquete de cinco gramos de mariguana recién adquirido. La mariguana estatal, de calidad certificada, cuesta 1.20 dólares el gramo, poco más que el gramo de la yerba prensada que llega desde Paraguay, adulterada con químicos, tabaco, aceites e incluso excremento. “Pero pusieron en funcionamiento una ley que sabían que iba a tener dificultades, como las que ahora tienen las farmacias”, critica Andrea. La venta de mariguana en las farmacias uruguayas se inició el pasado 19 de julio. El registro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis ya tiene más de 13 mil usuarios habilitados. Esta vía legal de acceso a la sustancia se suma al autocultivo, que hoy reúne a 7 mil usuarios, y a los clubes canábicos, que a la fecha son 63. La experiencia piloto en el pequeño país sudamericano es observada con interés en todo el mundo. En abril de 2017, México aprobó el uso medicinal del cannabis. La mariguana –recreativa o terapéutica– está presente hoy en 29 de las 50 entidades estadunidenses. Uruguay es sin embargo el único país en el que el propio Estado regula el proceso de producción, distribución y venta. La decisión es pragmática. Las secuelas negativas del prohibicionismo y de la “guerra contra el narcotráfico” instan a buscar otro tipo de políticas de salud y seguridad vinculadas a las drogas. La venta de mariguana en farmacias se ha topado, sin embargo, con dificultades. Después de que las bancas pública y privada en Uruguay anunciaron su decisión de no operar con las empresas asociadas a la venta, producción o distribución de cannabis, la sustancia se comercializa sólo en efectivo. Algunas farmacias que comenzaron con la venta de cannabis han decidido hacerse a un lado. El gobierno estudia un decreto para habilitar otros puntos de venta. La presión contra el comercio de cannabis uruguayo proviene de la banca estadunidense, que invoca reparos de la Reserva Federal de Estados Unidos y de la Ley Patriota. En Uruguay el mercado de la mariguana está amparado por la ley. Pero para la Reserva Federal se trata de un negocio ilegal. El presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, aseguró que su gobierno dará “todos los pasos necesarios para que se pueda instrumentar correctamente la ley sin que dañe aspectos comerciales o de inversiones del país”. El Ejecutivo analiza una serie de alternativas. Las más perjudicadas podrían llegar a ser las dos empresas que producen mariguana para el Estado. “Lo que tengo son conjeturas, no certezas”, dice a Proceso Gastón Rodríguez, accionista de Symbiosis, empresa que produce dos toneladas anuales de cannabis para el Estado. “Sí me parece una jugada poco sana, bastante incómoda, desde el punto de vista comercial y del desarrollo de una actividad lícita, aprobada democráticamente, para poder brindar a los usuarios un producto de calidad, vigilado y auditado por el gobierno, contra el producto de mala calidad que ingresa a Uruguay a través del narcotráfico”, sostiene. La expectativa está puesta en un proyecto de ley que se debate en el Congreso estadunidense. Su comercialización en el país del norte se mueve en una zona gris. Una parte del negocio opera en efectivo. También hay –según un reporte del Departamento del Tesoro– 368 bancos y unas 50 cooperativas financieras que trabajan con empresas vinculadas a la mariguana. Los bancos uruguayos han decidido evitar este paso. El presidente Donald Trump dijo que mantendría las restricciones federales contra la mariguana. Pero también que se preservarán los puestos de trabajo vinculados a esa industria. Pepe Mujica, durante cuya presidencia se sancionó en 2013 la Ley de Regulación del Mercado del Cannabis, ha manifestado su confianza de que “a la larga” se encontrará una solución al problema. Club Una habitación sin ventanas, en el entrepiso de una casona ubicada a pocas cuadras del tradicional Parque Rodó. “Manicura”. Así se denomina el trabajo que allí realizan tres hombres jóvenes. Consiste en podar con una tijera las hojas de cada ramita de mariguana, de tal manera que sólo queden las flores, que concentran el efecto psicoactivo. “La hoja no se fuma. Se la quitamos y dejamos sólo las florecitas. Y luego ya está pronta para pesar y embolsar”, explica a Proceso Juan Vaz, fundador del club canábico Sativa, asociación civil sin fines de lucro que cuenta con 43 socios. “Generalmente los socios tienen de cuatro a seis variedades para elegir”, explica. Vaz es el activista canábico más conocido de Uruguay. Fue el primer autocultivador registrado del país, modalidad de acceso que prescribe un máximo de seis plantas y una producción anual de 480 gramos. En 2008 pasó 11 meses preso por cultivar mariguana para su propio consumo en su casa. “Lo primero que noté en la cárcel es la falla del sistema prohibicionista. Si el Estado no podía garantizar que la droga se mantuviera fuera de una cárcel, ¿cómo iba a pensar en mantenerla fuera de un país?”, plantea. En el piso superior del club funciona la sala de floración, donde las plantas crecen ocho semanas, recibiendo los nutrientes necesarios y la luz de reflectores 12 horas al día. Al lado está la sala de vegetativo y clonación. Allí crecen desde el brote las plantas que sustituirán a las que se cosechan. Vaz vive la experiencia del club canábico como un sueño realizado. Pero considera que cada club debería tener unos 200 socios (el máximo permitido es de 45) para que el precio por gramo se reduzca de cinco a tres dólares. Resalta el grado de profesionalización que han alcanzado en pocos años los autocultivadores uruguayos, incluso aquellos que por desconfianza hacia el Estado permanecen fuera del registro. Vaz es concluyente al referirse a la incertidumbre que hoy afecta a la venta de cannabis en las farmacias: “Son los últimos estertores del sistema prohibicionista, que perdió con la propaganda, perdió cuando quiso presionar al sistema político, y ahora lo intenta a través del sistema financiero. Los bancos son el lugar donde se lava el dinero del narcotráfico y de otros delitos graves”, afirma. “Hay sectores a los que la prohibición les reditúa más. Uno puede mandar un ejército a invadir un país o justificar el presupuesto de la DEA. La ‘guerra contra el narcotráfico’ es una buena excusa”, sostiene. Puja Los portugueses, que fundaron Montevideo en 1724, introdujeron el cáñamo en Brasil con el que se construían las cuerdas y las velas de los barcos. Las hojas eran fumadas por los esclavos, también en Montevideo, para celebrar ritos y aliviar el sufrimiento. En la actualidad Uruguay tiene 3.4 millones de habitantes y unos 150 mil consumidores de cannabis. A estos últimos se les divide en tercios según su grado de consumo: cada semana, alguna vez al mes u ocasionalmente a lo largo del año. “Sumando a todos estos consumidores y estimando a través de aproximaciones el volumen de consumo, eso nos da unas 35 toneladas anuales”, dice a Proceso el sociólogo Mauricio Coitiño, investigador de Monitor Cannabis Uruguay, un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República, que evalúa el desarrollo de la política de regulación. “Sólo considerando a los autocultivadores registrados y a los clubes canábicos, tenemos una producción que estimamos en casi seis toneladas anuales, que representan 17% de la demanda. Si a eso le sumamos las cuatro toneladas que las dos empresas licenciatarias producen para las farmacias, se llegaría a 10 toneladas, lo que equivale a 28.5% de mercado que se le resta al narcotráfico”, explica. En el espíritu de la ley se antepone la libertad de decisión del individuo al paternalismo del Estado. La intención es educar antes que reprimir. Que la nueva legalidad lleve a los consumidores a vivir la relación que tienen con la planta de manera más abierta en lo social y más responsable en el plano personal. La regulación de la mariguana enfrenta, sin embargo, la oposición parlamentaria de los sectores conservadores. “Políticos blancos y colorados entienden que la señal que hay que enviar a la población, a través de la prohibición y de la penalización, es que no se debe consumir: no creen que se deba habilitar a las personas a un consumo responsable”, dice Coitiño, quien aclara que desde que rige la ley las cifras de consumo no se han modificado. Contra la regulación también se han expresado líderes religiosos e instituciones que trabajan con adicciones. “Sostienen que todo consumo es potencialmente peligroso, sin diferenciar, como en el caso del alcohol, el consumo social del problemático”, explica el sociólogo. Los responsables técnicos de las farmacias se manifiestan contra la venta en sus locales. Las prácticas punitivas contra los consumidores tienen a su vez arraigo entre jueces y fiscales. “Siete de cada diez uruguayos no está de acuerdo con que la mariguana se venda en farmacias”, dice a Proceso Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra. “Probablemente bajaría un poco esta mayoría si se vendiera en expendios destinados a eso”. Cifra no ha medido la opinión de los uruguayos sobre el autocultivo y los clubes cannábicos. “Hay un rechazo a la naturalización, pero si cada uno quiere tener su planta en casa, creo que no habría tanta resistencia”, dice Pomiés. “Se percibe la imposición de un cambio, que la población todavía no ha incorporado en su cultura y en su cabeza”. Intereses Los bancos que operan en Uruguay han hecho una interpretación estricta de las restricciones. La incertidumbre se extiende también a emprendimientos de cannabis industrial y medicinal. El gobierno ha aprobado siete licencias de cáñamo para hacer telas y fibras y unas 20 para emprendimientos terapéuticos. La sustancia contribuye a eliminar los síntomas de algunas enfermedades.­ “La actividad medicinal, farmacéutica, opera normalmente a nivel bancario en muchos países del mundo”, dice Gastón Rodríguez, accionista de Symbiosis, empresa que cifra esperanzas en el desarrollo del sector. “Además, en el caso del cannabis de corte recreativo, la restricción no tiene sentido, ya que los usuarios están registrados”, sostiene. El mercado de cannabis regulado opera hoy en Uruguay bajo un control estricto. “Es irónico que las leyes destinadas a combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero han bloqueado un sistema que tiene la intención de hacer precisamente eso”, decía Hanna Hetzer, analista de Drug Policy Alliance, en declaraciones a The New York Times en español el pasado 28 de agosto. El modelo uruguayo fue concebido para acercar el sistema sanitario a los usuarios problemáticos de mariguana, tener control sobre el producto que se fuma y alejar a los usuarios del circuito criminal. Por tratarse de una sustancia psicoactiva no se le dejó librada al juego de la oferta y la demanda, desechando entre los objetivos el lucro y la expansión del mercado. “Uruguay se ha atrevido a cambiar el paradigma del prohibicionismo, que manda en el planeta desde hace 70 años”, dice en entrevista Laura Blanco, directora de la Academia Cannábica Gaia, que funciona en el Museo de Cannabis de Montevideo. “El autocultivo y los clubes tal como están planteados en la ley ya eran un logro cuando todavía no operaban las farmacias”, recuerda, para poner la dificultad del momento en una perspectiva más amplia. “Algunos medios especulan con que el sistema de venta en farmacias caiga, pero ya hemos afrontado desafíos más complejos”, sostiene. Este reportaje se publicó el 12 de noviembre de 2017 en la edición 2141 de la revista Proceso.