CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la “discriminación estructural e histórica” y al “serio patrón” de abusos a sus derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas en México se sumaron en los últimos años la multiplicación de los megaproyectos y la expansión del crimen organizado, deploró hoy Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los derechos de este segmento de la población. En un recuento aterrador sobre la situación de los pueblos indígenas en el país, la relatora señaló que recibió testimonios sobre “masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados” perpetrados por “individuos, el crimen organizado, grupos paramilitares, policías y militares”, y “a menudo en el contexto de proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras y recursos”. Y resumió: “Creo que existe una falta de voluntad política”. Así concluyó Tauli-Corpuz su visita de nueve días en México, en la que se reunió con más de 200 representantes de pueblos indígenas, funcionarios federales y estatales e integrantes del poder jurídico. A 14 años de la visita a México de Rodolfo Stavenhagen -su predecesor-, la conclusión es inequívoca: el gobierno mexicano “debería reconocer sus responsabilidades” y crear una nueva relación con los pueblos indígenas “basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación”. Durante la presentación de sus hallazgos preliminares, la experta de la ONU recordó que siete de cada 10 indígenas mexicanos sufren de pobreza o pobreza extrema, a menudo carecen de acceso a los servicios básicos -16.6% de la población indígena mayor de 15 años no ha recibido ninguna instrucción escolar formal- y la mayoría vive en municipios de alta marginación que no cuentan con servicios de salud adecuados. Si bien la población indígena sufre en general de la “discriminación histórica y sistemática”, los niños y las mujeres son los más afectados: los primeros tienden a ser víctimas de desnutrición, mortalidad infantil y tráfico de personas, mientras que ellas padecen de violencia extrema -incluyendo feminicidios-, muertes maternas, matrimonio forzoso o discriminación en el acceso a la tierra. Por ello, Tauli-Corpuz saludó la postulación de María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, a la Presidencia de la República, pues “aunque no gane, podrá elevar la consciencia sobre los problemas de los pueblos indígenas y obligar los partidos a hablar de estos temas”, declaró. De manera general, la experta exhibió la doble moral del gobierno mexicano que promueve en el exterior los derechos de los pueblos indígenas y no los aplica en su territorio. “México asumió un papel muy importante en la arena internacional, apoyó la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y también apoyó mi mandato, pero desafortunadamente esto no se refleja adecuadamente a nivel nacional”, dijo. Desarrollo impuesto Uno de los temas fundamentales de los derechos de los pueblos indígenas reside en la misma noción de “desarrollo”, que el gobierno mexicano promueve mediante las concesiones de vastas partes del territorio -35% en la actualidad- a actores privados para realizar proyectos energéticos, mineros, industriales, agrarios, turísticos o inmobiliarios. Sin embargo, la relatora de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, confirmó que muchos de estos megaproyectos se llevan a cabo sin un debido proceso de consulta y “han conducido al despojo de las tierras, a impactos ambientales, a conflictos sociales y a la criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos”. Cuestionada por apro sobre el papel de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la relatora expresó que, de acuerdo con la información recabada, “la perspectiva de esta comisión es muy asistencialista, promueve pequeños proyectos aquí y allá, pero no ataca realmente el tema estructural”. La experta opinó que la institución debería “empujar” el gobierno a “reevaluar si sus prioridades de desarrollo son consistentes con la forma en la que los pueblos indígenas consideran el desarrollo” y deploró que la CDI sufrió recortes presupuestarios. Respecto a la reforma energética, explicó que el gobierno mexicano fomenta la inversión de empresas privadas en proyectos y, una vez terminado el diseño del proyecto, se consulta a las comunidades. “Esto no deja mucho espacio para que los pueblos indígenas puedan cuestionar y abordar los temas más profundos de estos proyectos”, lamentó. Ante la imposición de megaproyectos y la expansión del crimen organizado en las zonas más remotas del país, algunas comunidades indígenas deciden entrar en resistencia, pese a los riesgos que esto conlleva. “Los indígenas que defienden sus tierras y el medio ambiente son los que desproporcionalmente sufren violaciones a sus derechos humanos y muchos de ellos son asesinados (…) por su esfuerzo en defender sus territorios, que revierten un interés político o económico para otros. Al resistirse se vuelven sujetos a los peores casos de violaciones a los derechos humanos, asesinatos y criminalización”, aseveró. En materia política, la relatora de la ONU estimó que persisten “numerosos obstáculos” para que los pueblos indígenas puedan expresar su voz y denunció las “prácticas persistentes de presiones indebidas sobre los indígenas para influenciar su voto durante procesos electorales”. Además, aseguró que “no se han adoptado verdaderas medidas” sobre el régimen de derechos de las tierras de los pueblos indígenas, hecho que es fundamental resolver. Y deploró: “La posición oficial parece sugerir, como se ha confirmado en algunas de mis reuniones con autoridades federales y estatales, que la reforma agraria respondió eficazmente a las demandas de derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y que no es necesaria mayor discusión sobre esta cuestión”. La oficina de la ONU en México realizó los trámites para que la relatora sostuviera un encuentro con diputados y senadores; no obstante, éste no ocurrió. Peor aún, la relatora lamentó que “el nivel de diálogo e interacción sustantiva en algunas de las reuniones que mantuve con autoridades gubernamentales fue, a veces, limitado”.