NUEVO LAREDO, Tamps. (apro). La Ley de Desaparición Forzada que entró en vigor hoy irritará a numerosos elementos de las fuerzas armadas y de policías de las entidades del país, pues presenta nuevas herramientas para procesar a tropas y mandos en ilícitos cometidos en el pasado y que actualmente siguen impunes, aclaró el activista Raymundo Ramos. El presidente y fundador del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) explicó que, con anterioridad, por la falta de una respectiva legislación federal en la materia, en los estados, si acaso, se procesaba a autores materiales de este ilícito, y los intelectuales siempre libraban los castigos. Incluso, algunos elementos a los que se imputaban los delitos, como perpetradores directos, terminaban sin recibir sanciones debido a la ambigüedad con la que se especificaba el ilícito, señaló. Sin embargo, la ley firmada ayer y que comienza a funcionar hoy, ya especifica los casos en los que los expedientes pueden ser reabiertos oficiosamente para procesar a los responsables bajo la óptica de la legislación federal, puntualizó el defensor de derechos humanos. “Esta ley va contra los autores de las desapariciones forzadas, como se advierte en los artículos 27 y 28. Antes, cuando había este delito, se sancionaba a los autores materiales, pero no a los intelectuales. Ahora, los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito. Esto lo reclamábamos porque los grandes jefes gozaban de impunidad”, explicó. Ramos estimó que en México existen en las agencias del MP miles de averiguaciones previas que involucran a integrantes de las fuerzas armadas, pero no se les investigaba con el argumento de que la ley era ambigua para definir su situación jurídica como participantes de un hecho delictivo. “Pero ahora sí hay herramientas jurídicas para procesarlos a partir de algún indicio que, incluso, permitirá que se abra una investigación de oficio, que antes no existía en caso de desaparición forzada. Eso debe darles más herramientas a los MP y más confianza para investigar a cualquier servidor público sobre la desaparición forzada”, señaló el activista. Luego recordó que la nueva ley ofrece beneficios a las personas que participaron en estos hechos si cooperan en las investigaciones, por lo que se puede abrir una oportunidad para que, en busca de ver atenuadas las penas, los corresponsables aporten información que ayuden a encontrar a los desaparecidos. “Hay que reconocer esto como algo bueno de la ley. Al final muchos familiares lo que quieren es encontrar a las víctimas, en el estado en que se encuentren y, con todo su dolor, prefieren eso, a buscar meter a alguien a la cárcel”, aseguró. El presidente del CDHNL consideró que esta ley coadyuva a las búsquedas, aunque llega 10 años tarde, pues debió ser promulgada en el 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió sacar el Ejército a las calles, lo que ocasionó una enorme cantidad de muertos en México. “A más tardar, debió salir al año de que el presidente sacó el Ejército a las calles de los estados. Muchas denuncias en materia de derechos humanos que hicimos en todo este tiempo tienen que ver con desaparición forzada, no sólo de presuntos hechos de criminales, sino que, lo que agravó esto, fue la intervención de las fuerzas armadas y de corporaciones estatales de seguridad pública”, detalló. En ese tiempo abundaron las querellas por este ilícito en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, que se sumaron a los casos ya abundantes que se denunciaban en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Pese a las críticas que la población señalarse sobre el manejo del país en el presente sexenio, Ramos le reconoce al presidente Enrique Peña Nieto que en su mandato hubo avances significativos en legislación de derechos humanos, al publicarse las leyes de víctimas, contra la tortura y, ahora, contra la desaparición forzada.