CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades hondureñas arrestaron hoy a dos personas que fueron asignadas a la investigación del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, y que son acusados de aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas. Se trata del investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, quienes son acusados por el delito de "inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente en perjuicio de la Administración Pública", indicó el Ministerio Público en un comunicado. “El delito por el cual se les acusa a Cruz y a Rosales Izcano está relacionado con las primeras pesquisas del asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los detenidos y que al final resultaron falsas", añadió. De acuerdo con una investigación realizada por fiscales, los detenidos presentaron "pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista", precisó el Ministerio Público. Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad. El Ministerio Público indicó que por este crimen han sido detenidas otras ocho personas, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Esas capturas fueron sustentadas mediante "prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista y que fue irrefutable para poder acusar a las ocho personas procesadas hasta este momento", añadió. Un informe presentado a finales de octubre presentado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE) responsabiliza de la muerte de Cáceres a ejecutivos de DESA, a la que la ambientalista se oponía. El documento titulado “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres” señala que el crimen fue "producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia" de Cáceres y miembros del Copinh. Los empleados de DESA actuaron en "alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras), destaca el informe. (Con información de EFE)