“No tenemos a dónde ir, le juro que no tenemos nada”: el drama de 15 familias mazahuas tras el 19-S

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes será la segunda noche en la que 15 familias pertenecientes a una comunidad mazahua y otomí pernocten en unas canchas de basquetbol del Jardín Ramón López Velarde, en la colonia Roma, a falta de diálogo con autoridades del gobierno local y delegacional.

Y es que, mientras representantes de la delegación Cuauhtémoc aseguran que no hay espacio suficiente para que la comunidad entera se resguarde en algún albergue y que la reubicación no es una tarea para la cual está facultada, el gobierno de Miguel Ángel Mancera retrasó los avances en materia de construcción de vivienda que ya se tenían pactados con los indígenas desde hace siete años y por el que han luchado desde 2010, según denunciaron.

El recorrido por el que han atravesado cerca de 70 otomís y mazahuas –40 niños y 30 adultos– empezó una vez que fueron desalojados el domingo 19 por la tarde de una propiedad privada ubicada en Torres Adalid 1953, donde apenas permanecieron un mes y 20 días.

Supuestamente, el inmueble que ocuparon tras ser desalojados por primera ocasión de Durango 119, en la colonia Roma, se los consiguió una organización no gubernamental a principios de octubre, pero ya será utilizado por los dueños, narró en entrevista para Apro Lázaro García, otomí y vocero de la comunidad.

De acuerdo con su versión, luego del movimiento telúrico de septiembre, el inmueble que habitaban en la calle Durango, desde el 2000 y en condiciones de irregularidad, fue catalogado en color amarillo, pues presentó daños en su cimentación.

Según el Formato de Inspección Postsísmica que elaboró el arquitecto Jesús Romero Escobar y el ingeniero civil Lázaro Mejía Pérez el 28 de septiembre, el inmueble en la colonia Roma sufrió grietas en muros en un 10% y necesita reforzamiento “urgente” en su cimentación.

Por esa razón, la mitad de familias vivió por 15 días en la banqueta inmediata a su inmueble, a ras de piso y la otra mitad, en dos albergues en Durango 54 y Colima 70, mismos que ya fueron desintegrados.

Los mazahuas y otomís son migrantes –en su mayoría oriundos de las comunidades de Santiago Mezquititan, en Querétaro, y San Pedro El Alto, en el Estado de México– que desde hace varios años dejaron sus pueblos por falta de trabajos bien remunerados y las condiciones pobreza en que vivían, comentó Lázaro García.

Desde su llegada a la capital han luchado por obtener una vivienda digna. Apenas en 2010 obtuvieron la expropiación del predio por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), pero los trabajos se detuvieron a falta de recursos.

Para su proyecto de construcción de vivienda de interés social se estimaron entre 10 y 12 millones de pesos.

Temen otro desalojo

Hoy no descartan que podrían ser desalojados nuevamente de los campamentos que instalaron en el parque ubicado cerca de Centro Médico, pues la delegación ya recibió las primeras denuncias de vecinos que alegan mal aspecto y de maestros de las primarias Benito Juárez y Constitución –colindantes con las canchas de basquetbol–, quienes argumentan que su presencia pone en inseguridad a sus alumnos.

“El jefe jurídico de Roma-Condesa nos dijo que las quejas son porque estas escuelas son receptoras de niños de la primaria 21 de Marzo que quedó dañada, por lo que mañana entrarán a clases más de 700 alumnos y temen que sufran riesgos por el tanque de gas que tenemos para cocinar”, dijo el vocero de los indígenas.

La comunidad exigió una mesa de diálogo con representantes del gobierno de Miguel Ángel Mancera y del de Ricardo Monreal. “No tenemos a dónde ir, a dónde llevar a nuestras mujeres, a nuestros niños; le juro que no tenemos nada”, insistió Lázaro García.

Por su parte, la investigadora Mariana Mora, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, dijo a Apro que el caso “concentra e identifica tendencias de los padecimientos de muchos de los damnificados en la ciudad”.

Y aclaró: “Se tiene que entender que ha habido algunas propuestas de enviarlos a albergues, pero separándolos. Esto está bien si se aplica para una familia, pero si es para una comunidad esa no puede ser la respuesta del Estado”.

Según la especialista, “si ya habían conseguido la expropiación y ahora la respuesta fue que, debido a la emergencia ya no tienen los fondos, su derecho a la vivienda como comunidad indígena se ve afectado. Si esa era una obligación que había pactado el gobierno, no debió haber redirección de presupuesto”.

Mora concluyó: “No hay ninguna atención a la comunidad indígena. Es un tema poco visible en un espacio urbano porque no se piensan comunidades indígenas en un espacio aquí en la ciudad”.

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