CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó la falta de enfoque en derechos humanos en la determinación de fijar en 88.34 pesos el salario mínimo diario, monto que resulta insuficiente para adquirir la canasta básica. En un comunicado de prensa en el contexto de la reciente reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) en la que se fijó el incremento de 8.32 pesos al salario mínimo -establecido anteriormente en 80.04-, la CNDH consideró que el aumento de la pobreza radica en buena parte en que “los ingresos de las trabajadoras y de los trabajadores no alcanzan a cubrir para sí, ni para su familia las necesidades normales en el orden material, social, cultural y educativo, lo que refleja que el salario mínimo general es insuficiente”. El organismo público destacó que el salario mínimo actual, que al mes es de dos mil 650.8 pesos, ni siquiera alcanza los parámetros mínimos de la línea de bienestar considerada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que en octubre pasado calculó que la canasta alimentaria y la no alimentaria urbana es de dos mil 924.94 pesos. Al señalar que “la vida digna de las personas, en buena parte, depende del aumento del salario mínimo”, la CNDH insistió en que el mismo “debe darse con enfoque de derechos humanos”. En cuanto a las prestaciones laborales complementarias, añadió que “son elementos que contribuyen al ejercicio de igualdad entre trabajadoras y trabajadores; a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y personas adultas, dicho enfoque debe tomarse en cuenta en los procedimientos que se lleven a cabo para determinar el monto de dicha remuneración”. Luego, añadió: “En un esquema de obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, es indispensable el  fortalecimiento progresivo del salario mínimo, esto incluiría trazar el alcance que corresponde al gobierno en la determinación del monto; la representatividad de los actores que participan en los procedimientos correspondientes, en particular se analice si los intereses y necesidades de quienes perciben un salario mínimo tiene una manera efectiva para ser planteados y atendido, y si el esquema mismo de la negociación es el adecuado para dar cuenta de los estándares de derechos humanos involucrados”. Para la CNDH, las autoridades y la Conasami deben “considerar que no solamente se está hablando de salarios, sino además de aquellos derechos inherentes a todas las personas que se ven directamente comprometidos como son la salud, la educación, la cultura, la vivienda digna, entre otros”. Aunado a ello, recordó que la propia Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo consideran que “el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”. Bajo anteriores consideraciones, el organismo urgió a que México se esfuerce por alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de la ONU, “los cuales se enfocan en promover el crecimiento económico y sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”, así como “promover sociedades  pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. La CNDH apuntó que coincide con la sociedad civil al incorporar el tema del salario mínimo en la agenda pública y para que se realicen las acciones necesarias encaminadas en que en la fijación del salario mínimo “se involucre con responsabilidad social el sector empresarial”. El organismo concluyó que, en apego a los lineamientos del documento “Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos”, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 2011, es indispensable tomar medidas “para que se otorgue la debida prioridad a la salvaguarda de la dignidad humana; se procure la eliminación de las desigualdades y revisar el salario mínimo con razonamiento humanista y no meramente economicista”.