TOLUCA, Edomex. (apro).- Integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) y de Presunción de Inocencia convocaron a los tres poderes en la entidad a instaurar una comisión especial legislativa que revise las deficiencias en la implementación del sistema de justicia adversarial y acusatorio. Apostados a las afueras del Palacio Judicial, los inconformes demandaron la revisión de los expedientes y carpetas de investigación instauradas en contra de procesados y sentenciados bajo procedimientos anómalos. Los activistas aseguran que 70% de los internos en las 22 cárceles de la entidad se mantienen en prisión a causa de carpetas “fabricadas”, fueron sometidos a tortura, tienen más de 10 años sin una sentencia y/o son inocentes. Lo anterior, en razón de que no se ha puesto en marcha el Informe Policial Homologado (IPH) obligado por el nuevo sistema de justicia, no hay correcta cadena de custodia, falta certificación de los operadores del sistema, y no se ha realizado la revisión de expedientes e implementación de medidas cautelares para despresurizar las cárceles, con lo que además se obstaculiza la reinserción social. En esta circunstancia, denunciaron, se encuentra su dirigente José Humbertus Pérez Espinoza, “preso de conciencia” desde el 4 de noviembre de 2015 en el penal de Chiconautla, acusado de robo con violencia, ilícito que no ha sido probado. Vía telefónica, el activista llamó al gobernador priista Alfredo del Mazo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Sergio Medina Peñaloza, y al Poder Legislativo local para la integración de una comisión parlamentaria especial. La intención es que este organismo analice las graves deficiencias en la instalación del sistema de justicia penal, revise las sentencias injustas, otorgue libertad bajo fianza para llevar los procesos en libertad en los casos en que se reúnan los requisitos y otorgue la libertad mediante una o más medidas cautelares a quienes no han sido sentenciados después de dos años. Pérez Espinoza demandó que, en la audiencia de este lunes 27, en que se redefinirá su situación por la tercera carpeta de investigación en su contra relacionada con el presunto delito de robo con violencia (en las dos anteriores no se encontraron elementos para inculparlo), se determine su libertad, pues no existen pruebas que lo incriminen. De lo contrario, consideró, quedará de manifiesto que su detención tiene fines políticos, mientras “los verdaderos delincuentes” que lo llevaron a prisión gozan de impunidad, en alusión a personajes como Aarón Urbina, exalcalde de Tecámac, contra quien incluso hay orden de aprehensión. Los manifestantes también denunciaron el despojo de viviendas, producto de hipotecas abusivas y fraudulentas, y juicios irregulares de las empresas inmobiliarias, civiles y no hipotecarios, que se realizan en la capital del país y cuyos jueces no tienen jurisdicción para el Estado de México. “Mediante la simulación de actos jurídicos y la complicidad corruptora de jueces civiles y representantes de las hipotecarias, aprovechando mi injusta prisión han comenzado a despojarnos ilegalmente de nuestras viviendas”, denunció Pérez Espinoza, quien fuera de la cárcel se dedicó a litigar contra las inmobiliarias, a las que ganó varios juicios.