CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto está jugando con fuego. En el ocaso de su fallida gestión, el mandatario ha puesto en marcha una estrategia que busca erosionar las instituciones democráticas del país para echar mano de todas las artimañas de la suciedad electoral, en la que hay experiencia, a fin de allanar el camino del destapado tricolor para 2018. El presidente Peña Nieto no parece haber ponderado con la prudencia y responsabilidad propios de su investidura los riesgos que ello implica para la gobernabilidad democrática del país. Sumido en una mezcla de soberbia, frivolidad y miedo, ha decidido invertir los restos de su menguado poder para que su elegido resulte victorioso en los comicios del año próximo. Cueste lo que cueste. La torcida estrategia presidencial ya dio su primer golpe con la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Ahora se trata de evitar el nombramiento de un nuevo fiscal electoral antes de los comicios del año próximo, para dar rienda suelta a la corrupción electoral. En las actuales circunstancias es prácticamente imposible nombrar a un nuevo fiscal, debido a que en ese tema el Senado está polarizado y la designación requiere de la aprobación de al menos tres cuartas partes de los senadores. Los priistas en la Cámara Alta se encargarán de hacer todo lo posible para que la FEPADE siga acéfala. Por lo pronto ya lograron postergar la elección del fiscal electoral hasta el límite del actual periodo de sesiones, entre el 11 y el 15 de diciembre, en pleno inicio del puente Guadalupe-Reyes. Sin fiscal, los delitos electorales que se cometan en 2018 no podrán ser investigados ni sancionados. La destitución fulminante del fiscal Santiago Nieto permitió también dar carpetazo a la investigación sobre los 10 millones de dólares que presuntamente Odebrecht le entregó al exdirector de Pemex cuando era el coordinador de vinculación internacional de la campaña de Peña Nieto. Emilio Lozoya ya obtuvo un amparo contra cualquier acción penal relacionada con el consorcio brasileño. Ello es parte de un propósito descomunal: intentar tapar la montaña de corrupción del peñanietismo. Encubrimiento e impunidad son dos elementos centrales de la estrategia presidencial. La renuncia de Raúl Cervantes dejó en el limbo a la Procuraduría General de la República, cuyo titular no reúne los requisitos para ocupar el cargo. Por supuesto no hay ninguna prisa para nombrar a un sustituto. Tampoco se ha definido cuándo ni cómo se elegirá al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) que reúna las credenciales profesionales, éticas y de independencia necesarias para dirigir esa nueva institución autónoma de procuración de justicia. De la FGR dependerán el fiscal anticorrupción –cuyo nombramiento se ha postergado desde hace tres años– así como el titular de la FEPADE. Esta inaceptable situación es otro factor clave de la estratagema del Ejecutivo. Adicionalmente, el Instituto Nacional Electoral acaba de recibir un “¡Estáte quieto!” mediante la reducción de 800 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, recién aprobado en la Cámara de Diputados. El año próximo el INE tendrá a su cargo organizar las elecciones más grandes de nuestra historia. Sorprendido, Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto, aseguró que el proceso electoral no está en riesgo, aunque el recorte equivale a la instalación de 24 mil casillas en donde emitirán su voto 13 millones de ciudadanos. En contraste, el monto correspondiente a los partidos no se redujo ni un centavo (Proceso 10/XI/17). Tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están sujetos a presiones constantes del gobierno en turno, que a menudo prosperan, como se ha constatado a lo largo de este gobierno y como oprobiosamente ocurrió en la elección presidencial de 2012 (“Peña Nieto-Televisa. Corrupción electoral”, Zócalo, 4/IX/12; “La elección imaginaria”, Proceso 1872). México es el país menos satisfecho del mundo con el desempeño de su democracia. De acuerdo con un estudio del Pew Research Center realizado este año en 38 países, sólo 6% de los mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, en tanto que 93% se declara insatisfecho. Únicamente 9% está comprometido con la democracia representativa, 48% muestra un débil apoyo al sistema democrático y 27% está a favor de opciones no democráticas. ¿Podemos caer más bajo? Pisotear los principios democráticos tiene un alto costo, aunque éste sea invisible para los cínicos. En su edición de noviembre, la revista francesa Le Monde Diplomatique publica dos artículos sobre la democracia en México: “Unos votan, los otros hacen trampa” y “En México la prensa está al servicio de una tiranía invisible”. Ambos están reunidos bajo el siguiente título general: “El país de la democracia imposible”. Los títulos son elocuentes, vale la pena leerlos. La justicia al estilo Peña Nieto está plasmada en el mural de José Clemente Orozco titulado La ley y la justicia (1923-1924), ubicado en el patio central del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Una pareja de beodos baila para celebrar su complicidad. El hombre, vestido de chaqué, sostiene una daga con la mano derecha, guiñe un ojo y con el otro mira con lascivia a la mujer que está al lado derecho del fresco. Ella, ataviada con una túnica escotada, lleva una venda chueca que sólo le tapa un ojo, dejando ver la mirada desorbitada de la hetaira que apenas puede sostener una balanza con su mano izquierda. El personaje masculino representa a los responsables de aplicar la ley y la mujer simboliza a la justicia prostituida por el poder. El mural es una sátira vigente de la justicia mexicana, penal y electoral. Las consecuencias de un fraude como el que el presidente y su partido han puesto en marcha con miras a las elecciones de 2018 podrían ser desastrosas para el futuro del país y de su endeble democracia. Es preciso frenar el atraco. Este análisis se publicó el 19 de noviembre de 2017 en la edición 2142 de la revista Proceso.