CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El tema del movimiento independentista en Cataluña está lejos de estar resuelto. Por lo pronto hay un compás de espera hasta las elecciones fijadas para el 21 de diciembre. Las preguntas respecto a la legalidad y legitimidad de las mismas siguen abiertas. La polarización de la sociedad catalana se ahonda, la información sobre los problemas que allí tienen lugar sigue siendo muy parcial y pierde credibilidad, las debilidades de la democracia española en su conjunto están a la vista. Lo que viene es más que la celebración de una elección. En realidad, está de por medio la posibilidad de seguir reconociendo a España como un país en el que opera un sistema democrático legítimo o el ingreso a un largo periodo de inestabilidad en el que las heridas abiertas harán  difícil verlo como tal. Es llamativo el grado de rechazo que encontramos en medios de comunicación y en la opinión de analistas y académicos de habla hispana hacia el  movimiento independentista. Sorprende que este rechazo se exprese de manera puramente emotiva. “Son las fuerzas del mal”, dicen algunos, sin detenerse a reflexionar sobre la serie de acontecimientos que contribuyen a explicar la radicalización del independentismo catalán. Hace apenas ocho años, la independencia de esa región era buscada por un porcentaje relativamente reducido de ciudadanos. Existía, claro está, el  sentimiento de pertenecer a una comunidad a la que se le ha reconocido, junto al país Vasco y Galicia,  una “nacionalidad histórica”. Es decir, una región con rasgos culturales muy acentuados como el idioma y sus niveles de competencia para actividades productivas. De allí sus reclamos para decidir con mayor independencia sobre la enseñanza y el uso del catalán, así como para tener el derecho, del que sí goza el país vasco, de manejar su régimen tributario. Semejantes demandas no son inu­sitadas en un país tan diverso y con una organización política tan compleja como España. Cabe recordar que, a diferencia de otras comunidades, en el caso de Cataluña las luchas por aumentar sus niveles de autonomía han sido intensas pero no violentas. Fue una de las comunidades que se adhirió con mayor entusiasmo a la Constitución de 1978, cuya adopción llevó a su punto culminante la admirada transición hacia la democracia en España después de la dictadura franquista. Mucho ha cambiado desde entonces. En primer lugar, el sistema político inaugurado con la constitución mencionada ha entrado en crisis. La época triunfal de la España democrática (sólo interrumpida por el intento de golpe de Estado de 1981) se prolongó hasta los primeros años del siglo XXI. Después, la capacidad para gobernar y dar respuesta a nuevas circunstancias y retos ha estado en entredicho. La Gran Recesión iniciada el 2008 afectó duramente al país. La caída de las tasas de crecimiento, el recorte del gasto público en educación y salud y, sobre todo, el desempleo que golpeó con gran dureza a los jóvenes provocaron malestar, descontento y nuevas expresiones políticas. Otros  partidos entraron a las luchas electorales entre los que sobresale Podemos, desde la izquierda y Ciudadanos, desde la derecha. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el PP (Partido Popular) dejaron de ser los voceros más reconocidos y respetados por la ciudadanía. Baste recordar las enormes dificultades enfrentadas para formar gobierno a lo largo del año 2016; los escándalos de corrupción que han rodeado a los dirigentes del PP; los caminos imprevisibles del PSOE para elegir a sus líderes y el distanciamiento de los partidos tradicionales por parte de los jóvenes. Tal es el panorama en que se inscribe la cuestión catalana y la radicalización del movimiento independentista. Un punto decisivo fue la desmoralización producida por el destino del estatuto de autonomía para Cataluña que, después de haber sido aprobado en 2006, por mayoría en las legislaciones de Cataluña y Madrid, fue desconocido por el PP, en particular su líder Rajoy, que insistió en someterlo a la consideración del Tribunal Constitucional. Partidarios en su mayoría de la visión de Rajoy, abiertamente contraria a la idea de España como pluralidad de naciones, los miembros del Tribunal recortaron los logros que mayormente satisfacían a los catalanes sentenciando, en 2010, que buen número de los mismos eran anticonstitucionales. Esa sentencia marcó  el comienzo del radicalismo independentista en Cataluña. Los sentimientos de discriminación y hostilidad por parte del gobierno de Madrid fueron creciendo. No sin razón. Existe una larga lista de agravios producidos por demandas justas de los catalanes que recibieron un tratamiento discriminatorio en materia de educación, comunicaciones, salud etcétera. La responsabilidad de Rajoy en propiciar la ola de descontento que subía en Cataluña es grande. Ha sido uno de los grandes errores de su gobierno. Fue un desacierto propiciar el distanciamiento y la indiferencia hacia lo que estaba ocurriendo en una de las comunidades más prósperas e importantes de España desde el punto de vista económico, cultural y político. Por ello, llama la atención que ahora la “maldad” sólo se atribuya a los políticos catalanes que recogieron el ánimo independentista que cundió rápidamente, sobre todo entre los jóvenes. Una gran responsabilidad corresponde  al gobierno central. Lo importante ahora es reflexionar sobre cuáles son las condiciones en que se llevarán a cabo las elecciones del 21 de diciembre. ¿Podrán resolver el malestar que ha polarizado a 7 millones y medio de ciudadanos? Lo primero es notar que las elecciones ocurrirán en una situación anómala. Los órganos de gobierno catalanes están ocupados por personalidades designadas desde Madrid. Su imparcialidad es dudosa. Se puede imaginar un escenario cercano al empate o una pequeña ganancia de 2% del movimiento independentista. ¿Se calificará como fuerzas del mal a los 3 millones de electores que toman esa opción? ¿Dónde quedará la democracia? Desde una posición optimista, el tema de Cataluña podría ser una oportunidad para hacer los cambios constitucionales que España requiere para recoger voces nuevas que permitirán entrar con mayor confianza al tercer decenio del siglo XXI. No será fácil pero es urgente. En el movimiento españolista que ha sacado a ondear en los balcones de Madrid banderas que de alguna manera se asocian a la época del franquismo se alberga el peligro de revivir la intolerancia y el conservadurismo que caracterizaron otras épocas de España. Por ello, en el tema de Cataluña se juega el futuro de una democracia que tantas expectativas favorables despertó hace 40 años. Este análisis se publicó el 26 de noviembre de 2017 en la edición 2143 de la revista Proceso.