CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los relatores sobre la Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, alertaron sobre la falta de recursos económicos y de voluntad política para atender la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación en México, que se ha distinguido por el uso discrecional de recursos públicos en publicidad oficial. En conferencia de prensa, al término de su visita de seguimiento de ambas relatorías, del 27 de noviembre al 4 de diciembre, los relatores manifestaron su preocupación por la falta de resultados para atender la crisis de violencia contra el gremio periodístico, a pesar de que se han creado instituciones exprofeso para atender la situación: el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Edison Lanza, relator de la CIDH, destacó que, de la última visita realizada en 2010 por los entonces relatores Frank La Rue y Catalina Botero, la situación de violencia se ha exacerbado. En esta visita, “percibimos un medio atemorizado, aterrorizado por lo que le ha tocado vivir, porque han perdido colegas, algunos se encuentran desaparecidos y otros muertos; es una realidad que golpea y situación que genera desconfianza”. La situación de violencia, dijo, “no se ha mitigado durante los últimos dos años, ha sido más complicada para la prensa”. Al señalar que “hay un contexto tropicalizado de esta violencia”, David Kaye instó al gobierno de México a dedicar “más recursos y presencia de protección a nivel local que se le pueda ofrecer a los periodistas”. Es urgente, abundó, “estar cerca del centro de la violencia”, para poder brindar una protección “más sólida contra las fuentes del crimen organizado”, al que se le ha identificado como una de las fuentes de mayor amenaza contra los periodistas. En cuanto al uso de los mil 500 millones de dólares en publicidad oficial, Kaye lamentó el “uso discrecional” que actualmente se da los fondos públicos, por lo que recomendó una regulación efectiva. Lanza y Kaye propusieron la creación de un consejo de expertos “para seguir casos emblemáticos de periodistas, mientras la FEADLE no logre identificar a los autores intelectuales esos crímenes premeditados, habrá un costo marginal del negocio asesinar un periodista”. Luego, ofrecieron los buenos oficios de las relatorías para dar seguimiento a los trabajos de ese posible consejo de expertos. Los relatores se reunieron con 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil de 21 estados de la República mexicana. También dialogaron con autoridades de alto nivel federales y estatales en la Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas. Los informes respectivos serán presentados por los relatores el próximo año.