CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, aseguró este miércoles que polémicas como la discusión sobre actos anticipados de precampaña y el incumplimiento de ciertas normas electorales llegan a ser secundarias, superficiales o inclusive triviales frente a la verdadera amenaza que representan la corrupción y el financiamiento ilegal de las campañas políticas. “Los partidos, los candidatos y los políticos están recurriendo cada vez más al fondeo ilegal de campañas”, dijo durante el segundo día del Seminario Internacional Política y Dinero: Democracia vs Corrupción, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el que expertos de distintas ramas señalaron a ésta como la principal amenaza del proceso electoral de 2018. Ugalde enumeró las principales fuentes de financiamiento ilegal de campañas políticas: el desvío de recursos públicos, el financiamiento ilegal de particulares y el crimen organizado. Desde ese esquema estructural y sistémico, renovado en cada periodo de precampañas, se gesta el grueso de los actos de corrupción que terminan por cerrarse en cada administración federal. Explicó: “La corrupción gubernamental es exclusiva de las campañas, pero ahí se originan gran parte de las complicidades, los compromisos y los pagos que una vez en el gobierno tienen que realizar. No hay manera que un gobernador, un presidente o un alcalde cumpla con el Sistema Estatal o Nacional Anticorrupción si tiene que pagar las deudas que adquirió durante su campaña”. El manejo de efectivo Durante su participación, Ugalde reveló que desde el despacho Integralia, consultoría que dirige, hace seis meses trabaja en una investigación conjunta con Mexicanos Unidos contra la Corrupción a partir de decenas de entrevistas con candidatos, excandidatos, operadores, donadores privados, funcionarios de Hacienda, funcionarios del Sistema de Administración Tributaria y abogados corporativos. El punto central es el manejo de enormes fortunas en efectivo. Adelantó: “El tema principal es cómo hacen líquidos los recursos presupuestarios, porque buena parte de esto tienen que hacerlo en efectivo para que no deje rastro. Nadie paga la movilización del voto con tarjeta American Express, ni con cheque nominativo”. Ante ese escenario, el exconsejero presidente del IFE aseguró que la fiscalización del INE en el proceso electoral de 2018 terminará fracasando. “Este problema no se va a resolver con la fiscalización que lleva a cabo el INE. Creo que se hace de la mejor manera posible con los recursos disponibles, pero tenemos que destacar que resolver este problema no es la fiscalización porque esta se hace con base en los informes de los partidos, se hace fundamentalmente a través de las operaciones que se registran en el sistema financiero y buena parte no se registra. Por lo tanto, escapa a cualquier ejercicio de fiscalización”, aseguró. Entre las maniobras más recurrentes, habló de ingresos en efectivo de recursos públicos, uso de facturas apócrifas, sobrecostos en adjudicaciones y obra pública, subcontrataciones forzosas, descuentos de nómina, explotación de programas sociales y permisos de construcción y ambulantaje. Según su investigación, detalló algunas de estas maniobras para conseguir liquidez: “Primero, mucho dinero que se paga como impuestos, permisos, pero que nunca entra a las tesorerías. Otra: espectáculos públicos que se pagan en efectivo. Quien organiza el evento le paga al presidente municipal o al delegado del presidente municipal dos millones, un millón y medio. “Hay muchos espectáculos públicos que si entran cinco mil personas dices que entraron tres mil. Y ahí hay una cantidad enorme de recursos. Algunos gobiernos también lo hacen a través de casas de empeño u otro tipo de empresas públicas. Es la forma que hay por el lado del ingreso, una tarea amplia que hacer”. Sore las facturas apócrifas, dijo: “Esto se ha empezado a documentar; pero es básicamente la idea de que un gobierno para poder hacer líquido una partida presupuestaria necesita pagarle a alguien y eso es una empresa fantasma a la que le pagas un servicio que nunca se provee o que se provee de manera simulada y tú le pagas a la empresa cobra esa transferencia, la hace líquida y te la devuelve o se la da al partido político. “Entonces, yo gobierno le pago a quien que me va dar un servicio de pizzas, le pago un millón de pesos, esas pizzas nos las comemos si nadie se dio cuenta que nos las comimos y ese millón de pesos ella se lo da a un tercero que es el partido político y se cumple la operación. Cuando la Auditoría Superior de la Federación llega año y medio después, le decimos ya nos comimos las pizzas, punto final”, explicó. Sobrecostos, subcontratación y programas sociales De los sobre costos en adquisiciones, afirmó: “Empresas constructoras que venden un servicio, el gobierno le pagas 30% de más y ese 30% adicional se canaliza a un candidato”. A la cuarta modalidad, Ugalde la llama subcontratación forzada. Maniobra replicada en lo que se conoció como la Estafa Maestra: “Esto ha ocurrido en el caso de universidades. Es el caso típico en donde tú le das a una universidad pública dinero, la universidad subcontrata a alguien más, hay un sobrecosto y esos sobrecostos se pueden canalizar para hacer líquido el dinero”. De permisos de construcción y ambulantaje, ejemplificó: “Imaginen ustedes mercados ambulantes con 500 puestos, donde las donaciones de 200, 300 pesos por cada uno, generan millones y millones de pesos de recaudación. Se ha comentado, periodísticamente durante muchos años, que los ingresos líquidos en la Ciudad de México por mercados ambulantes suman cientos y cientos de millones de pesos que buena parte se van a financiar actividades clientelares o políticas”. Finalmente, la más conocida y más redituable sería el uso de recursos de programas sociales. “Un operador político del gobierno cobra 100 cheques al mes de gente que no existe y con eso se fondean actividades políticas. Esto es lo que generalmente cuesta más. Probablemente 70% del financiamiento ilegal de campañas se vaya a operaciones de tierra. Otra parte, por cierto, se queda en el bolsillo de operadores y candidatos”, aseguró. Otro punto en el que Ugalde hizo hincapié, son las “enormes” cantidades de dinero en efectivo con que se pagan encuestas y propaganda. Y también resaltó la creciente práctica de inhibir votos. Según sus estudios, esta actividad es “cada vez más importante y más costosa. Dar dinero para que los simpatizantes de tu adversario no vayan a votar. Es mucho más eficaz que la llamada compra del voto, porque cuando tú compras el voto no sabes si a quien le diste dinero va a ir a votar por ti o no. Pero cuando tú recoges la credencial al simpatizante del otro, está seguro que vas a tener un resultado exitoso en tu operación y eso cuesta mucho dinero”. Moderadora del panel Abusos y desvío de recursos públicos con fines electorales, la consejera electoral del INE, Pamela San Martín, cuestionó a Ugalde cómo garantizar que el proceso electoral no se vea manchado con un “abuso grosero” de recursos públicos que puedan incidir en él y ponerlo en riesgo Lapidario, Luis Carlos Ugalde concluyó: “Me temo, Pamela, que esto que acabas de preguntar ya es muy difícil de cambiar, porque buena parte de lo que va a ocurrir ya se gestó; es decir, los fondos públicos que líquidamente se van a usar el próximo año ya están probablemente líquidos, así es que no creo que se pueda hacer ya mucho para 2018”.