En 2015 el michoacano Irineo Romero Sánchez fue enviado por Los Zetas a Colombia, para que fuera su enlace con el Clan del Golfo, poderoso cártel de aquel país. Allá, en Medellín, fue finalmente detenido a principios de este año. Pero el mexicano tenía un plan: pagó para que su nombre fuera inscrito en una de las listas de militantes que la exguerrilla de las FARC ha entregado al gobierno, a fin de reducirles o anulares las penas de cárcel. Y la treta estuvo a punto de funcionarle al narco, hasta que en la revisión de sus documentos hallaron que su identificación era una credencial de elector… expedida por el IFE. BOGOTÁ (Proceso).- Cuando el nombre de Irineo Romero Sánchez apareció en julio pasado en una lista que lo acreditaba como guerrillero de las FARC, un oficial del Comité de Inteligencia del gobierno colombiano, que verificaba los antecedentes de los combatientes reportados por esa organización insurgente, les dijo a sus compañeros: “Pongámosle cuidado a este Irineo. Ese nombre (inusual en Colombia) me dice algo”. Las sospechas del oficial aumentaron cuando revisó la documentación de soporte. En ella, la identificación de Irineo le pareció extraña. Era una fotocopia de una credencial del Instituto Federal Electoral (IFE) de México expedida en la ciudad de Puebla en 2013. La revisó minuciosamente. “Este man es mexicano –exclamó al cabo de unos segundos–. ¿Cómo va a ser de las FARC?” El resto de los integrantes del Comité de Inteligencia encargado de revisar las listas de las FARC se miraron sorprendidos. Su objetivo era corroborar que cada uno de los hombres y mujeres reportados por esa guerrilla como miembros de la organización, en verdad lo fueran. Y todos estuvieron de acuerdo en verificar los antecedentes de Irineo. “Desde el principio nos dimos cuenta de que había algo raro ahí, sobre todo por la nacionalidad del supuesto guerrillero”, asegura un agente de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia consultado por Proceso. Como parte del acuerdo de paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 por el gobierno colombiano y las FARC, esta guerrilla –que dejó de serlo en septiembre pasado– debía entregar las listas de sus integrantes para que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz los acreditara como insurgentes en proceso de “dejación de armas” y de esa manera pudieran recibir los beneficios previstos en ese pacto que puso fin a 52 años de guerra. La entrega de las listas comenzó en abril pasado y se prolongó hasta el 15 de agosto. En total las FARC entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz nueve listas. En la séptima aparecía el nombre de Irineo Romero Sánchez. Entre los beneficios a los que tienen derecho los excombatientes figuran ayudas económicas, la amnistía o el indulto para quienes estén encarcelados por el delito de rebelión, la posibilidad de recibir penas alternativas –como trabajo comunitario– a los que haya cometido crímenes graves durante el conflicto y la suspensión de la extradición a los que estén requeridos por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas. Según el acuerdo de paz, el narcotráfico –una actividad con la cual las FARC financiaron la guerra– es un delito conexo al de rebelión y, por tanto, quedarán suspendidos los procesos y las penas que enfrente por ese ilícito cualquier exguerrillero de esa organización. Pero para que un excombatiente pueda acceder a cualquier prerrogativa, lo primero que necesita es que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz certifique que, en efecto, es miembro de las FARC. Y esto se hace con base en las listas que entregó a esa oficina la propia exguerrilla, la cual culminó su “dejación” de armas en agosto y en septiembre se convirtió en partido político. Cada uno de los nombres de esas listas, que aún están en proceso de revisión, son verificados por un comité integrado por oficiales de inteligencia de la Policía Nacional, el ejército, el Comando General de las Fuerzas Militares y la fiscalía. Ese grupo se reúne una vez por semana en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ubicada en el presidencial Palacio de Nariño, y examina las listas en busca de delincuentes que pretendan hacerse pasar por exguerrilleros para obtener beneficios judiciales. El michoacano Irineo Romero Sánchez, quien según la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) es integrante de Los Zetas, no pudo pasar siquiera ese primer filtro. La esperanza de hacerse pasar como guerrillero de las FARC para evitar su extradición a Estados Unidos le duró muy poco: apenas una semana. La lista en la que aparecía comenzó a ser revisada por los oficiales de inteligencia el pasado 11 de julio y el 18 de ese mes ya estaba plenamente corroborado que nunca había sido integrante de esa organización insurgente y que, en cambio, era un narcotraficante que había coordinado desde Colombia el envío de varias toneladas de cocaína a México y Estados Unidos. Irineo nunca fue certificado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como guerrillero de las FARC. La misma dirección del grupo insurgente avaló su eliminación de la lista cuando conoció su historial delictivo. Al michoacano no sólo le falló su argucia legal para detener su extradición, sino que perdió mucho dinero. Un agente de inteligencia que conoce su caso estima que pagó al menos 500 mil dólares a mandos medios de las FARC para ser incluido en una de las nueve listas entregadas al gobierno. De Puebla a Medellín Según una investigación de la DEA conocida por este semanario, Romero Sánchez pertenece al Cártel de Los Zetas al menos desde 2011, cuando esa organización mexicana del narcotráfico era liderada por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca. Ingresó a ella en su natal Michoacán. En 2012, cuando tenía 27 años, por órdenes de Miguel Treviño Morales, sucesor del Lazca, se instaló en Puebla, desde donde viajaba a Centroamérica y Colombia para organizar envíos y hacer los pagos de los cargamentos de cocaína. En la capital poblana tuvo su domicilio en la colonia Santa Cruz Guadalupe, un fraccionamiento residencial de clase media alta. De acuerdo con la investigación, en 2015 fue enviado a Colombia por Omar Treviño Morales, el Z-42, quien asumió el mando de Los Zetas dos años antes, cuando su hermano Miguel fue detenido. Su misión era asumir directamente la negociación de los cargamentos de cocaína y la coordinación de los envíos de esa droga a Centroamérica, México y Estados Unidos. Irineo se radicó en la noroccidental ciudad de Medellín, la segunda más importante de Colombia y un centro estratégico de negocios de los cárteles mexicanos de la droga. En Medellín, el enviado de Los Zetas hizo contacto con dos integrantes del Clan del Golfo, la organización del narcotráfico más poderosa de Colombia: Camilo Cross Graciano, El Turco, y Elkin Enrique Olaciregui Olier, El Flama, con los cuales tenía relaciones desde varios años antes. Según el subdirector de la Policía Nacional de Colombia, Ricardo Restrepo, Irineo era conocido en el Clan del Golfo como El Mexicano y pronto se convirtió en el principal enlace de Los Zetas con la mafia colombiana. “Los negocios –cuenta Restrepo– los hacía con la cúpula del Clan del Golfo a través de alias El Turco y alias El Flama. Tras negociar con ellos los cargamentos de cocaína, los enviaba en lanchas rápidas a Honduras y Guatemala y, de ahí, a México y Estados Unidos.” El 29 de septiembre de 2015, la Corte de Distrito del Distrito Sur de Florida formuló una acusación por narcotráfico contra Irineo Romero Sánchez, Camilo Cross Graciano, Elkin Enrique Olaciregui Olier y Harby Rigoberto Vargas Sánchez, El Tungo. Este último era el operador del grupo en Honduras, donde fue detenido en noviembre de ese año. Según el expediente 15-20764-CR-COOKE/TORRES de la Corte de Distrito en Florida, una investigación del agente especial de la DEA Paul Cohen, reveló que los acusados “participaron en concierto para transportar cocaína de Colombia para su importación y distribución en Estados Unidos”. El documento de cargos agrega que Romero Sánchez y sus socios participaron en varias operaciones de tráfico de cocaína, entre ellas una que culminó con la incautación de 975 kilos de esa droga en Guatemala, el 23 de octubre de 2013. Además, señala que un “testigo cooperador” dijo a agentes de la DEA que el mexicano y sus socios “eran miembros de una organización narcotraficante a gran escala, que era responsable de enviar grandes embarques de cocaína de Colombia a Centroamérica, específicamente a Honduras y Guatemala, para su entrega final, a través de México, en Estados Unidos”. La Corte de Distrito emitió órdenes de captura contra los acusados y la Interpol generó una circular roja pidiendo su detención en cualquier parte del mundo con fines de su extradición a Estados Unidos. Casi un año después, en agosto de 2016, El Turco y El Flama fueron capturados en Medellín por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional. Irineo no estaba con ellos y se salvó de ser detenido. Permaneció en Medellín, donde llevaba una muy buena vida, pero sin ostentaciones. Siempre era resguardado con discreción por gente del Clan del Golfo, un cártel que, además de ser la más poderosa organización delictiva de Colombia, domina la vida criminal de esa ciudad junto con la Oficina de Envigado. El 26 de enero de este año Irineo caminaba despreocupado en un conocido centro comercial del suroriente de Medellín. Lo acompañaba un escolta que, en ese momento, no iba armado. Los dos llevaban un raspado en sus manos cuando los abordó un grupo de agentes de la Dijin. Uno de ellos le pidió a Irineo identificarse. Él mostró su credencial del IFE. El agente le explicó que quedaba detenido con fines de extradición a Estados Unidos por solicitud de una credencial roja de la Interpol. Y le leyó algunos de los cargos por narcotráfico que enfrenta en la Corte de Distrito del sur de Florida. Irineo, quien vestía un pantalón de mezclilla y una playera Náutica, lo escuchó con la tranquilidad de quien sabe que ese día había de llegar. Contacto con las FARC El michoacano fue trasladado a Bogotá y recluido en el noveno piso de la cárcel La Picota, un área de alta seguridad donde están los reos solicitados en extradición por Estados Unidos. Allí se reencontró con El Turco y El Flama, sus contactos del Clan del Golfo y quienes habían sido detenidos en Medellín cinco meses antes. Por esos días de finales de enero estaba en la fase inicial de implementación el acuerdo de paz con las FARC. Una de las tareas prioritarias de esa guerrilla en tránsito a la legalidad era elaborar una lista de sus miembros –entre guerrilleros concentrados en 26 campamentos, milicianos y combatientes encarcelados– para que pudieran comenzar a recibir los beneficios previstos en ese pacto. En todas las cárceles del país, donde había unos 3 mil guerrilleros presos, los mandos medios de la organización insurgente comenzaron a levantar un censo para que sus combatientes fueran amnistiados, indultados o exentos de la extradición. El filtro para evitar “colados” se hizo más exhaustivo a principios de este año, cuando los organismos de inteligencia del Estado y la DEA comenzaron a recibir información de que en las cárceles se estaban negociando cupos en las listas de las FARC. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, incluso dijo que su país daba seguimiento a casos de capos del narcotráfico que ofrecían hasta 5 millones de dólares por entrar en la lista de las FARC y evitar su extradición. Uno de ellos fue Irineo, quien junto con El Turco y El Flama acabó en una lista elaborada en La Picota por un mando medio de las FARC; en ella los tres figuraban como integrantes de la guerrilla. Los organismos de inteligencia no creen que ellos hayan pagado 5 millones de dólares por pasar como guerrilleros acogidos a un acuerdo de paz, pero sí 500 mil dólares cada uno. Tanto Irineo como sus socios colombianos perdieron su dinero. Ninguna autoridad creyó nunca que fueran guerrilleros de las FARC. El Flama fue extraditado en agosto y El Turco, en octubre. Un integrante de la dirección nacional de la exguerrilla dice a este semanario que el alto mando de la organización no tiene capacidad para verificar las listas de combatientes que les entregaron: “Cuando nos damos cuenta de que hay gente que no tiene nada que ver con la insurgencia, se retiran sus nombres. Somos los primeros interesados en sacar a los ‘colados’”. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha acreditado a 12 mil 356 hombres y mujeres como integrantes de las FARC. La cuarta parte de ellos estaba en las cárceles. Y ha retirado de las listas a 255 supuestos guerrilleros que no lo eran. De ellos, 21 son capos de la droga pedidos en extradición por Estados Unidos. Irineo es uno de ellos. El michoacano, quien en febrero próximo cumplirá 33 años, se resiste a ser extraditado. Si bien fue rechazado de las listas de las FARC, su abogada, Tatiana Calderón Márquez –la misma del Flama y El Turco– pidió la nulidad del proceso con base en dos argumentos: que al ser detenido no se le notificó su “plena identidad” y que su captura no fue reportada a la embajada de México en Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido, pero Irineo promovió una acción de tutela (amparo) aludiendo las mismas causas. Aún espera el resultado de ese trámite. Es evidente que el mexicano señalado por la Policía Nacional de Colombia y por la DEA como el principal enlace de Los Zetas con el Clan del Golfo no quiere ser juzgado en Estados Unidos, donde puede recibir una sentencia de entre 10 años y cadena perpetua. Esa fatal expectativa fue la que lo llevó a quererse hace pasar por guerrillero de las FARC.