LONDRES (apro).- Gran Bretaña logró un acuerdo clave de última hora con la Unión Europea (UE) para avanzar a la siguiente etapa de negociaciones del Brexit. El acuerdo garantiza una “frontera blanda” con la República de Irlanda y la protección de derechos laborales y de residencia de unos tres millones de europeos en suelo británico, y de más de un millón de británicos en territorio europeo. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, logró el acuerdo a primera hora del viernes 8 y ello le permite ahora avanzar a la siguiente fase de las negociaciones, centradas principalmente en los acuerdos comerciales entre ambas partes. Además, Londres aceptó pagar a Bruselas la llamada “factura de divorcio”; es decir, las obligaciones financieras y económicas de Gran Bretaña con la UE, que serán de entre 35 mil y 39 mil millones de libras esterlinas (47 mil a 53 mil millones de dólares), incluyendo las contribuciones presupuestarias británicas durante un período de transición de dos años después de marzo de 2019. El acuerdo promete mantener “la integridad constitucional y económica del Reino Unido”, y garantiza el derecho de reunificación de familiares de europeos que no viven en el Reino Unido. El documento fue acordado luego de intensas negociaciones con el Partido Democrático Unionista (DUP), que el pasado 4 de diciembre rechazó en el último momento aceptar el acuerdo si éste incluía la posibilidad de dejar a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera con la UE, alejándola del resto del Reino Unido. Tras el anuncio en Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, calificó el acuerdo como “muy auspicioso” y confirmó que el documento podría ser aprobado el próximo jueves 14 en la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, cuando deberá ser votado por los 27 jefes de Estado de los países miembro. En caso de ser aceptado sin modificaciones, Gran Bretaña tendrá entonces un año para sellar un acuerdo final sobre la relación comercial a futuro con el bloque comunitario, el cual tendrá que ser ratificado por las naciones europeas, como también por el Parlamento británico, antes que el país abandone la Unión en marzo de 2019. Por su parte, el DUP, con unos 10 parlamentarios y del que el gobierno conservador depende para aprobar sus leyes en el Parlamento, dijo que aún queda mucho trabajo por hacer en materia fronteriza entre las dos Irlandas, y aclaró que su posición “dependerá del contenido final” del texto. La noticia provocó una fuerte reacción en los mercados bursátiles, especialmente en Londres, donde la libra esterlina registró sus valores más altos frente al euro en los últimos seis meses. El tema más espinoso del acuerdo, que había provocado un “impasse” entre ambas partes, fue el de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Tanto el gobierno británico como la UE quieren mantener el libre flujo de bienes sin controles fronterizos, ya que temen una vuelta a los violentos conflictos sectarios entre nacionalistas y unionistas que afectaron a esa región durante décadas. Sin embargo, el DUP no está de acuerdo con la posibilidad de que Irlanda del Norte sea tratada de forma distinta que otras partes del Reino Unido, y quede expuesta a una reunificación con la República de Irlanda. El texto de última hora indica que cualquier acuerdo final deberá proteger “la cooperación entre el norte y sur” de Irlanda, y evitar una “frontera dura” entre ambos países. También destaca que en caso que Gran Bretaña y la UE no lleguen a un acuerdo comercial, Londres mantendrá “un alineamiento total” con ciertos aspectos del mercado común europeo y la unión aduanera, - incluidos para sectores de agricultura y energía- que fueron incluidos y ratificados en el Acuerdo de paz del Viernes Santo (1998). El principal negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, indicó en Bruselas que dicho “alineamiento” sólo será aplicable “a la isla de Irlanda” y no al resto del Reino Unido, aunque muchos políticos a favor del Brexit consideran esa opción como una “puerta abierta” para que Gran Bretaña se vea obligada a aceptar ciertas regulaciones europeas. El texto también indica que no se permitirán “nuevas barreras regulatorias” entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, y que las empresas norirlandesas seguirán teniendo acceso sin restricciones al mercado interno británico, un apartado que había reclamado específicamente el DUP. Aunque algunos políticos del partido unionista estaban en desacuerdo con la frase “alineamiento total” dentro del texto, esa opción fue rechazada por el gobierno irlandés, protagonista europeo clave en las negociaciones. La factura del divorcio Con respecto a la situación de los tres millones de europeos en suelo británico, y más de un millón de británicos en territorio europeo, el acuerdo permitirá que los primeros puedan vivir y trabajar en Gran Bretaña en línea con el actual principio de libre movimiento de personas, y aquellos que están en el país y que aún no tienen permiso de residencia logren obtenerlo una vez que se haga efectivo el Brexit. El plan garantiza además que los ciudadanos británicos en la UE obtengan los mismos derechos o “protección recíproca” y cubre derechos de reunificación familiar para ciudadanos europeos y británicos, incluidos para futuros esposas y esposas. Sobre la “factura del divorcio”, May indicó que, aunque no hay aún una cifra exacta, esta será “justa” para el erario británico, y permitirá que en el futuro el Reino Unido pueda invertir ese dinero en áreas como las de vivienda, salud y educación. Barnier explicó por su parte que la UE logró reducir el costo de la “factura de divorcio” al minimizar los gastos de traslado de agencias europeas actualmente en suelo británico al territorio europeo. Según Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, el documento es un “éxito personal” para May, aunque aclaró que ello no significa que sea aprobado por el resto de los países de la UE. En el Reino Unido, los ministros del gobierno británico elogiaron rápidamente a la primer Ministro por superar el primer escollo en las negociaciones por el Brexit. Al respecto, el secretario para el Medio Ambiente y uno de los principales políticos a favor de la salida británica de la UE, Michael Gove, calificó el acuerdo como un “logro político personal muy significativo” para May, en tanto que el canciller Boris Johnson felicitó a la mandataria “por su determinación al conseguir sellar el acuerdo”. Sin embargo, el portavoz del opositor Partido Laborista para el tema del Brexit, Keir Starmer, dijo que May “debería reflexionar seriamente sobre sus métodos de negociación hasta ahora”. “A pesar de llegar tarde por dos meses con respecto al cronograma originalmente pautado, es alentador que la Comisión Europea haya indicado que se logró un progreso suficiente en las negociaciones por el Brexit”, afirmó el parlamentario. “La prioridad para ambas partes debe ser ahora acordar medidas de transición bajo los mismos términos que hasta ahora. Ello implica permanecer dentro del mercado común y la unión aduanera por un período limitado de tiempo”, agregó. Por su parte, la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, calificó de “bueno” el hecho de que se lograra avanzar a la siguiente fase de las negociaciones, pero aclaró “la situación se volverá muy dura a partir de ahora”. Para Vince Cable, jefe de la tercera fuerza política del Reino Unido los Liberales Democráticos, partido que quiere un referéndum sobre el acuerdo final, el documento “reduce el riesgo de un Brexit catastrófico sin acuerdo”. “Nos preguntamos en todo caso si durará o si terminará siendo destruido por los propios parlamentarios (conservadores) de Theresa May”, continuó. En todo caso, el exjefe del eurofóbico Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, dijo a la BBC que el acuerdo hará que Gran Bretaña “termine pagando mucho más de lo que debe”, y se mostró descontento por el hecho de que la Corte Europea de Justicia seguirá teniendo influencia legal en el país por al menos ocho años. “Toda esa cuestión es humillante. Hemos fallado en todos los niveles”, sentenció el político ultraderechista. Gran Bretaña se mantendrá como “miembro” de la unión aduanera y el mercado común europeos durante un período de transición después de marzo de 2019, según un borrador del Consejo Europeo filtrado a la prensa en relación a la siguiente fase de negociaciones. Ese borrador también indica que el Reino Unido seguirá bajo la jurisdicción legal de la Corte Europea de Justicia durante el período de transición. La membresía del mercado común implica que el país mantendrá las cuatro libertades básicas de la UE: la libertad de movimiento de bienes, servicios, capital y trabajo. De todos modos, el gobierno británico insistió que los nuevos inmigrantes europeos que lleguen al país en los próximos años serán obligados a registrarse durante el período de transición. La membresía británica de la unión aduanera restringirá la habilidad del país de firmar nuevos acuerdos comerciales con otros países, aunque negociaciones informales con otras naciones sí serán posibles. May pidió un período de transición de unos dos años, en los cuales el Reino Unido seguirá cumpliendo con las estructuras existentes de regulaciones y normativas de la UE. Pero aclaró que el país abandonará el mercado común y la unión aduanera en marzo de 2009, y desde ese momento el libre movimiento de personas dejará de existir como hasta ahora. En junio de 2016, 51.9% de los británicos votó en una consulta nacional por la salida del bloque comunitario, mientras que 48.1% lo hizo para permanecer dentro de la Unión. Dicha votación provocó una profunda crisis política dentro del gobierno británico y llevó a la dimisión del entonces primer ministro, David Cameron, que había apoyado la permanencia británica dentro de la UE. El referéndum tuvo además un serio impacto en la economía nacional y redujo las perspectivas de crecimiento del país para los próximos años. Al respecto, la consultora PwC concluyó en un informe dado a conocer el pasado 13 de noviembre que una disminución de 50% en la inmigración europea al Reino Unido reducirá el Producto Interno Bruto (PIB) británico en 1.1% para 2030, equivalente a unos 29 mil millones de dólares. Los sectores que se han visto más afectados por el “éxodo” de trabajadores europeos son los de manufacturas, alimentos, hotelería, restaurantes, construcción y almacenaje. El PwC estimó que la mano de obra no calificada proveniente de la UE en el sector de servicios de Gran Bretaña representa cerca de un 80% del total del PIB británico. “Si la migración de la UE es reducida significativamente después del Brexit, entonces el gobierno y el sector empresarial tendrán que trabajar juntos para tratar de cubrir esos agujeros”, afirmó Julia Onslow-Cole, jefa global del área de inmigración de PwC e integrante del panel de asesoría sobre el Brexti para la Alcaldía de Londres. “Empresas británicas de todos los sectores han expresado serias preocupaciones por las restricciones a la migración europea, pero los más afectados han sido los sectores de prestación de salud, hotelería, comercial y de construcción, quienes dependen especialmente de la mano de obra de la UE”, señaló la experta. Según Onslow-Cole, es importante que el gobierno británico “no sólo tome medidas para mantener a los inmigrantes europeos que ya viven en el Reino Unido, sino que les ofrezca garantías especiales en el nuevo sistema inmigratorio post-2021”.