CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin aceptar uno solo de los cambios que propusieron los legisladores opositores, a las 6 de la mañana de este viernes se aprobó en lo particular la Ley de Seguridad Interior. Con 74 votos a favor y 28 en contra se avalaron las modificaciones a nueve artículos de la minuta original, propuestas por las comisiones dictaminadoras, con mayoría de votos del PRI, Verde y algunos del PAN. Estos fueron los siguientes: en el artículo 1 se precisó que las disposiciones de la ley son de “seguridad nacional” en los términos de lo dispuesto en la fracción 29-M del artículo 73 y la fracción 6 del artículo 89 de la Constitución. En el artículo 7 se incorporó la frase que señala que los actos realizados por las autoridades militares y civiles con motivo de la ley deberán respetar, proteger y garantizar los derechos humanos “de conformidad con lo dispuesto en la Constitución”. En el artículo 8 se precisó que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán considerados como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”. Se modificó el artículo 10 para homologar esta ley a las de seguridad nacional y seguridad pública. También en el artículo 16 se precisó que el presidente de la República, “de acuerdo a sus facultades” constitucionales, podrá ordenar acciones inmediatas, incluyendo a las Fuerzas Federales y a las Fuerzas Armadas. En el artículo 21 se estableció que los artículos interinstitucionales que coordinen a los militares estarán sujetos a las disposiciones que rigen al Ejército y a la Marina, mientras que en el artículo 22 se incorporó la frase: “cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del secretario de Gobernación”. En el artículo 26 se añadió que las funciones que lleven a cabo las autoridades federales y las Fuerzas Armadas se realicen “de acuerdo al ámbito de sus competencias”. Se agregó un artículo quinto transitorio para señalar que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, las entidades, municipios y demarcaciones podrán solicitar la declaratoria de protección. Los senadores Benjamín Robles, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Rabbindranath Salazar, del bloque PT-Morena; Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, Luis Sánchez, del PRD, y Alejandro Encinas, independiente, presentaron votos particulares. Todos ellos coincidieron que esta nueva ley privilegia el “paradigma militar” en materia de seguridad pública que no ha servido para disminuir la violencia ni el crimen organizado. Argumentaron que esta ley conducirá al debilitamiento de las policías estatales y municipales, además de que representa una violación a varios artículos constitucionales. En la discusión en lo particular, senadores del PT-Morena, PAN y PRD presentaron una reserva total a los 34 artículos y cinco transitorios, así como al nombre mismo de la ley. El senador Zoe Robledo propuso que se llamara Ley de Seguridad Ciudadana y no se aceptó. Las senadoras Angélica de la Peña, del PRD, y Dolores Padierna, del PT-Morena, presentaron reservas a todos los artículos de la ley. Fueron rechazadas en votación económica por el pleno. También se desecharon las reservas de los senadores Iris Vianey Mendoza, Isidro Pedraza, Benjamín Robles, María del Rosario Guzmán, Sylvia Martínez Elizondo, Andrea García García y Layda Sansores. Todas las propuestas de modificación de los senadores Raúl Monzón, Alejandro Rodríguez, Mario Delgado, Manuel Bartlett, Fidel Demédicis, David Monreal, Manuel Merino, Pilar Ortega y Lorena Cuéllar fueron rechazadas por el pleno.