A partir del sexenio de Felipe Calderón, y aún sin que hubiera una Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas empezaron a hacerse cargo de la seguridad pública en muchos estados y municipios. Y avanzaron paulatinamente. A la fecha, más de 20 entidades federativas –incluyendo las que se consideran más peligrosas– dejan las labores policiacas en manos del Ejército y la Marina. Y el resultado ha sido el incremento de la violencia y el crimen en las zonas bajo control del Mando Único Policial, eufemismo para designar el control castrense de las tareas de seguridad. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El debate en torno a la impugnada Ley de Seguridad Interior dejó ver lo que ya es una realidad: que los soldados y marinos tienen el control de la seguridad pública en casi todo el país. Lo que no se ha dicho en las discusiones es que el tan anhelado Mando Único Policial (MUP) existe también de facto y está en manos, asimismo, de militares. Aprobada la Ley de Seguridad Interior en contra de la opinión de numerosas organizaciones, académicos nacionales y organismos internacionales, lo que sigue es la legalización del MUP, que se ha impuesto, por la vía de los hechos, sin las necesarias reformas a la Constitución. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mil 773 municipios de los 2 mil 469 existentes en el país, ya se aceptó la implementación del MUP. Ello significa que 82% de la población ya vive en municipios con este esquema de seguridad, encabezado en su mayor parte por mandos del Ejército y la Marina, vestidos de civil, desplegados en entidades donde la violencia no cede, como Colima, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, según el propio SESNSP. El MUP fue promovido desde el sexenio de Felipe Calderón para desaparecer a las policías municipales. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto retomó el proyecto, propuso la creación de Policías Estatales Únicas “con el fin de pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidos por la delincuencia, a 32 corporaciones sólidas de seguridad estatal que sean más confiables, más profesionales y más eficaces” (Proceso 1987). La legislación respectiva quedó pendiente también para este sexenio en el Senado ante la imposibilidad de alcanzar las tres cuartas partes necesarias para reformar varios artículos de la Constitución. Uno de ellos, el 115, referido al municipio libre, ya está en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Morelos El MUP fue impugnado a principios de 2017 por el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, pero los ministros de la Corte aún tienen pendiente su resolución sobre el caso. En general, el modelo ha resultado también un fiasco en los estados donde se ha puesto en marcha: la violencia aumentó y la estrategia generó incluso conflictos políticos ante la oposición de algunos alcaldes. Al final, éstos se vieron obligados a ceder ante presiones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, según denuncias del propio Blanco y presidentes municipales de Michoacán, quienes confirmaron que las autoridades federales amenazaron con retenerles las participaciones federales si no se plegaban. Más aún, la población de esas entidades no ha sido ajena a graves violaciones a los derechos humanos relacionadas con la implantación del modelo. En el municipio de Temixco, Morelos, donde opera el MUP, integrantes del mismo ingresaron el pasado miércoles 6 a una casa de la colonia Rubén Jaramillo y asesinaron a una familia de cuatro mujeres, un bebé y un adolescente. También hubo dos menores heridos a raíz de un operativo que se justificó como respuesta a un supuesto ataque. Igualmente en Temixco, el 6 de enero de 2016 la alcaldesa Gisela Mora fue asesinada a balazos en la sala de su casa. Tenía sólo un día de haber asumido el cargo. En el gobierno de Peña Nieto, la primera entidad donde entró en operación el modelo fue precisamente Morelos, cuyo gobernador, Graco Ramírez, dejó en claro que la tarea de seguridad la asumiría el estado en coordinación con el Ejército y la Marina. En febrero de 2013 el gobernador y los 33 presidentes municipales de Morelos firmaron un convenio para que el MUP entrara en vigor de manera parcial, bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad Estatal. Un año después, en febrero de 2014, Graco Ramírez envió una iniciativa al Congreso de Morelos para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y crear la Comisión Estatal de Seguridad, a cargo de un solo comisionado. “Se acabó. Morelos no será trasiego ni territorio de delincuentes”, alardeó en aquella ocasión. Casi cuatro años después, la violencia en el estado no cede. Cuauhtémoc vs. Graco En las elecciones municipales de 2015 Graco Ramírez se enfrentó con el alcalde Cuauhtémoc Blanco, quien se opuso al cambio de esquema policiaco con el argumento de que éste no había permitido frenar la oleada delincuencial en la entidad. A raíz del asesinato de la alcaldesa de Temixco, el gobernador culpó del atentado a Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder de Los Rojos, y sostuvo que de esta forma el delincuente busca presionar a los alcaldes para que no acepten la nueva estrategia. El mandatario estatal impuso el modelo en 15 de los 33 municipios que se negaban a ratificarlo, y el 6 de febrero de 2016 logró la adhesión del exfutbolista. Sin embargo, en diciembre de ese año, Blanco anunció su decisión de concluir el acuerdo con base en el cual cedía el control de la Policía Municipal al MUP, encabezado por el comisionado estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra. Ello dio paso a una serie de desencuentros entre el presidente municipal y el gobernador, quien buscaba que el Congreso revocara el mandato de aquel. Las discrepancias llegaron hasta la SCJN, que detuvo la revocación y el 27 de febrero admitió a trámite la controversia constitucional promovida por Blanco. El conflicto escaló y, entre el 15 y el 17 de ese mes, agentes del MUP tomaron las instalaciones del municipio. En protesta por este hecho, el exfutbolista realizó una huelga de hambre de dos días. Aún está pendiente la resolución de la Corte. Aguascalientes En Aguascalientes el MUP tenía dos aspectos a su favor para que funcionara adecuadamente: todos los alcaldes estuvieron de acuerdo en ponerlo en práctica y, contrariamente a otras entidades, el estado mostraba una incidencia delictiva baja. Sin embargo, según el SESNSP, la tasa delincuencial creció en esa entidad, donde desde 2006 la seguridad pública pasó a manos de militares. El actual secretario del ramo, el general retirado Sergio Alberto Martínez Castuera, es el responsable del MUP. Pese a su experiencia como comandante de la Undécima Zona Militar, en Zacatecas, como coordinador de la Operación Laguna (en Durango y Coahuila) y comandante de Adiestramiento de Fuerzas Especiales del Ejército, Castuera controla la seguridad en un estado donde hasta octubre de este año se registraron 70 homicidios dolosos, en comparación con los 23 reportados en 2006. Otros delitos, como secuestro, extorsión, violación y robo también se incrementaron. El 27 de noviembre de 2014, presionado por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Peña Nieto anunció que Guerrero, Jalisco Michoacán y Tamaulipas serían los primeros estados donde desaparecerían formalmente las corporaciones locales. Desde entonces, 28 entidades han aceptado el MUP bajo la lógica de que los policías municipales son “incapaces” y “corruptos”. Veracruz Ese mismo año se creó la Fuerza Civil Veracruz, durante el gobierno del priista Javier Duarte, ahora preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes, mantuvo esa estrategia, que ha estado desde el principio bajo la responsabilidad de la Marina. El director general de la Fuerza Civil es el capitán de fragata infante de marina Carlos García Cruz. El subdirector de Operaciones es el capitán de fragata Narciso Peña Cortés, también de la Infantería de la Armada. Los resultados en este caso son los mismos: el estado se mantiene con altos índices de inseguridad. Recientemente, el Colectivo Solecito y otros grupos de búsqueda de personas desaparecidas llegaron a un terreno a las afueras del puerto de Veracruz gracias a una pista anónima: un mapa dibujado por alguien con conocimiento de las fosas clandestinas. En la búsqueda han desenterrado unos 10 mil fragmentos humanos. Incluso, en febrero de este año, el entonces director de Protección Ciudadana del municipio de Boca del Río, el general retirado Martín Cordero Luqueño, estuvo secuestrado durante unas horas por la delincuencia organizada. Comandante de la VI Región Militar, con sede en La Boticaria, Veracruz, hasta su designación como jefe policial, renunció pocas semanas después del plagio, que él negó aun cuando fue confirmado por el gobierno federal. Antes de la Fuerza Civil, el entonces gobernador Duarte anunció el inicio de las operaciones del MUP en cinco municipios del sur de Veracruz; oficializó así la extinción de la Policía Intermunicipal Coatzacoalcos- Nanchital-Cosoleacaque-Minatitlán y de la policía municipal de Acayucan. Desde ese día la Policía Naval se hizo cargo de la seguridad preventiva. La mejoría sigue pendiente. Guerrero Otro de los estados que mantiene altos índices de violencia pese al MUP es Guerrero, donde la seguridad pública está bajo control militar desde hace más de una década. Por ejemplo, las matanzas no cesan a pesar de que esa es la única entidad en la que el Ejército tiene dos regiones militares, además de una zona naval de la Marina. El 7 de mayo de 2014 el entonces gobernador, Ángel Aguirre, puso en marcha el MUP en Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo, donde se agrupa 70% del total de policías del estado. En este paquete también se incluyó a Iguala, en donde cuatro meses después, con todo y MUP, fueron detenidos por policías municipales y desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. También con todo y MUP, Acapulco se mantiene como uno de los municipios más violentos del país. No obstante ser uno de los lugares turísticos más custodiados por la Marina, un grupo armado atacó a paseantes sobre la costera Miguel Alemán el pasado 15 de abril, en plena temporada vacacional. El ataque dejó dos muertos y seis heridos. Dos semanas después, otro ataque armado contra jóvenes que jugaban futbol en la zona urbana del puerto de Acapulco dejó tres muertos y dos heridos. Más recientemente, el 5 de octubre, tres taxistas perdieron la vida y uno más resultó herido tras un ataque a balazos contra el sitio de taxis de la ruta Acapulco-Marquelia. Hechos similares ocurrieron en Zihuatanejo, Chilpancingo y otras zonas de Guerrero. Al 17 de noviembre, 53 de los 81 municipios de la entidad ya habían firmado con el gobierno estatal su conformidad con la creación del MUP. El actual gobernador, Héctor Astudillo, fue uno de los mandatarios que el lunes 11 acudieron al Senado a hacer público su apoyo a la repudiada Ley de Seguridad Interior. Cuando inició su gobierno, Astudillo ratificó al general Pedro Almazán Cervantes como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Si bien es un militar con alta preparación académica y experiencia de mando en varias partes del país, su currículum no ha pesado para abatir los índices de violencia en Guerrero. Michoacán y otros estados En Michoacán, que también figura entre los estados más violentos del país, el MUP se puso en marcha el 19 de mayo de 2014. Y no fue hasta enero de 2016 cuando Adrián López Solís, secretario de Gobierno, informó que se había logrado la instauración del nuevo modelo en 108 de 113 municipios michoacanos. Pero en este caso la estrategia de Peña Nieto fue más ambiciosa: en agosto del año pasado propuso un Mando Único Regional para los municipios limítrofes entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco. El anuncio lo realizó incluso el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la XII Región Militar, quien dijo que los gobernadores de estas entidades se reunirían para definir los detalles y firmar un convenio de colaboración con el Ejército. La realidad, sin embargo, es que la zona también destaca por su alta incidencia delictiva. En Colima, los militares tienen el mando de la seguridad pública desde 2006. El actual gobernador, el priista José Ignacio Peralta, fue otro de los promotores de la Ley de Seguridad Interior. Hasta abril de este año, una revisión hecha por este semanario (Proceso 2011), con base en información oficial, identificó que la seguridad pública en 26 estados ha estado bajo control de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) desde el gobierno de Calderón, además de que municipios con los mayores índices de violencia también estaban bajo mando militar. Durante las pasadas discusiones de la Ley de Seguridad Interior en el Senado se hizo patente que la presencia militar alcanza ya a 28 estados, según la exposición de la senadora del PRD Angélica de la Peña. Y aunque prevalece la tendencia a la imposición de facto del MUP en el país, algunos gobiernos han expresado su rechazo al modelo, como Baja California y Nuevo León. Este reportaje se publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.