CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Congreso del Estado aprobó fast track reformas constitucionales que reestructuran el Poder Judicial y dan autonomía constitucional a la Fiscalía. Además, desaparecen el Consejo de la Judicatura estatal y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), en tanto que se crea un Tribunal Laboral y la Sala Especializada en Adolescentes. Previo al cierre del periodo ordinario, antes de irse de vacaciones, los legisladores dieron autonomía constitucional a la Fiscalía General del Estado, por lo cual dejará de depender del Poder Ejecutivo y cuando la reforma entre en vigor, deberá designarse a un nuevo fiscal. El gobernador tendrá 20 días para remitir al Congreso una terna, de la cual deberá ser designado por voto de dos terceras partes del Pleno el primer fiscal autónomo para ejercer el cargo durante ocho años. Dicho funcionario sólo podrá ser destituido por causa grave comprobada y a solicitud del gobernador. En otro apartado, establecieron que la Fiscalía Anticorrupción, dependiente del Sistema Estatal Anticorrupción, tendrá autonomía de gestión, técnica, ejercicio y aplicación del gasto. Además, el Congreso siguió de nueva cuenta las directivas del Ejecutivo estatal, que envió la propuesta de reformas con las que finalmente desapareció el Consejo de la Judicatura, creado a finales de los 90, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León lo creó a nivel federal. Pero también desaparecieron el TUJA y lo sustituyeron por una Sala Especializada en Adolescentes, misma que formará parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo que generó inconformidad de la magistrada presidenta del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, quien, acompañada de sus trabajadores, se presentó ante el Legislativo para protestar por la intención de desaparecer el tribunal. El Legislativo también aprobó modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, donde creó dos nuevas magistraturas, pasando de cinco a siete las que integran ese órgano. También, en el Poder Judicial creó un nuevo Tribunal Laboral, aunque todavía no se definieron los magistrados de los que estará integrado. Estas reformas deberán ser votadas por el Constituyente Permanente, dado que es una reforma constitucional, mismo que está conformado por los 33 cabildos municipales, de los cuales deberán ser al menos 17 a favor para concretarse. Los cabildos tienen hasta el mes de enero para hacerlo, en caso de que no se no se discuta por los cabildos, se considerará aprobada por afirmativa ficta. Luego, el Congreso deberá enviarla al Ejecutivo para promulgarla y enseguida se pueda reglamentar. En entrevista, la todavía magistrada Pérez Güemes consideró la desaparición del TUJA como un retroceso al trabajo a favor de los jóvenes en conflicto con la ley, los llamados menores infractores. Aseguró que en ningún momento se les tomó en cuenta para reformar la constitución, además de que advirtió que está analizando los recursos que interpondrá. “Finalmente yo creo que va a terminar aprobándose, y nosotros vamos a empezar a analizar el documento para ver qué recurso legal podemos interponer, en esas estamos ahorita. Es un retroceso, me parece que la reforma no está muy clara en el sentido de que vamos a pertenecer al Tribunal Superior de Justicia o no, o somos una Sala Especializada”, dijo. En el fondo, aseguró que la reforma tiene una motivación más bien financiera, por lo que los diputados pensaron que con la desaparición del Consejo de la Judicatura y del TUJA “se da un respiro a las finanzas”. La magistrada dijo que existe una enorme incertidumbre respecto a qué ocurrirá con el personal que conforma ahora el TUJA. “Desconozco totalmente que va a pasar, de qué manera va a afectar la estabilidad a la que tienen derecho los trabajadores, supongo que habrá después de esto una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y pienso que ahí se habrá de aclarar este asunto, por lo pronto nosotros estaremos buscando la forma de impugnar el decreto”, concluyó.