Nadie se atreve a pronosticar a un claro ganador en los comicios de este jueves 21 en Cataluña. Los dos bandos en pugna –agrupados en distintos partidos– están bien definidos: los independentistas contra los unionistas. Los analistas concuerdan en que los resultados de la jornada electoral se ven muy parejos, de tal modo que aparentemente ninguna agrupación política obtendría en el Parlamento la mayoría absoluta –68 escaños– para darle gobernabilidad a esa región. MADRID, (Proceso).- Este jueves 21 Cataluña volverá a las urnas para una elección crucial en una España sumida en la peor crisis de su etapa democrática, a consecuencia del proceso independentista catalán. La convocatoria y el desarrollo del proceso electoral son tan anormales, y las tendencias del voto tan parejas, que ni los expertos se atreven a vaticinar un escenario concreto. En la campaña se definieron dos bloques: el de los partidos independentista, que mantienen su hoja de ruta secesionista; y el de los llamados “unionistas” o “constitucionalistas”. La principal anomalía del proceso electoral es que, a la par de la contienda electoral, sigue en marcha la instrucción judicial que integra el Tribunal Supremo español contra las figuras clave que organizaron el referéndum independentista del pasado 1 de octubre, muchos de ellos registrados como candidatos por sus partidos. La campaña avanza con tres candidatos en prisión, lo que limita sus posibilidades de hacer proselitismo: el exvicepresidente Oriol Junqueras, quien encabeza las candidaturas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, así como el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, quienes van en la lista de Junts per Catalunya (JxCat). Otros nueve políticos catalanes participan en los actos de campaña, una vez que obtuvieron libertad bajo fianza; no obstante siguen sujetos a la instrucción de esta causa por los delitos de rebelión, sedición y malversación, el primero de ellos, sin duda, uno de los más graves y que supone una pena de entre 15 y 25 años de prisión. Los mismos cargos enfrentan el presidente cesado, Carles Puigdemont –que aparece como cabeza de la lista de JxCat– y cuatro de sus exconsejeros, refugiados en Bruselas –dos por ERC y dos por JxCat– y que podrían terminar tras las rejas en caso de pisar suelo español. Puigdemont participa en los mítines en Cataluña con discursos transmitidos desde Bruselas vía streaming en grandes pantallas. Sin embargo, los diarios catalanes La Vanguardia y El Periódico insisten en que el expresidente podría reaparecer en el acto de cierre de campaña o el día de la votación “para dar un golpe de efecto en las elecciones del 21 de diciembre”, advierte el primero de esos medios, ante lo que el Ministerio de Interior reforzó la vigilancia en la frontera con Francia. Símbolos y emociones El origen mismo de esta elección para renovar el Parlamento regional y formar el nuevo gobierno de la Generalitat, es inédito. La convocatoria fue hecha por el presidente Mariano Rajoy, cuyo gobierno intervino el 27 de octubre esas instituciones catalanas en aplicación del artículo 155 constitucional, para frenar la declaración de independencia. Eso provocó el máximo nivel de tensión que se trasladó a la campaña, lo que propicia que los mensajes de ambos bloques tengan una fuerte carga emotiva y duras acusaciones recíprocas. Los independentistas descalificaron la elección, aunque decidieron participar argumentando que “no le tienen miedo a las urnas” y piden el voto para “liberar a los presos políticos” y “restaurar” la presidencia cesada, y acusan al gobierno de Rajoy de “franquista” y de llevar a cabo una “persecución política”. A su vez, PP y Ciudadanos acusan a los independentistas de “golpistas”, de provocar la “huida” de alrededor de 3 mil empresas, afectando la economía, y de “dividir a la sociedad catalana”. También cuestionan a Puigdemont por “huir” a Bruselas, de “inventarse un gobierno en el exilio” y una “persecución política”, mientras acude a la ópera y deja “tirados” a sus consejeros en prisión. El líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta –atacado por los soberanistas por ser parte del “bloque del 155”–, señaló que la intervención de la Generalitat no hubiera sido necesaria si los independentistas no hubieran roto el marco legal con el referéndum y la declaración unilateral de independencia. “Ahora resulta que quienes defendemos la ley somos los culpables”, rechazó el candidato, quien no descarta pedir una amnistía para los acusados. En las redes sociales el tono escaló incluso a la agresión. El caso más controvertido fueron los insultos contra Iceta –quien habla con naturalidad de su homosexualidad–, escritos en Twitter por Jordi Hernández Borrell, director del Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona. El catedrático, quien luego tuvo que renunciar, acusó a Iceta de ser “un impostor”, de tener “los esfínteres dilatados” y de ser un “ser repugnante”. En la campaña también se colaron temas tan ajenos como el controvertido litigio por unas obras de arte de carácter religioso que enfrentó en los tribunales a Aragón y Cataluña. Al ser resuelto el caso por un juzgado, guardias civiles y mossos d’Esquadra intervinieron el Museo de Lleida para restituir las 97 piezas de arte al Monasterio de Sijena, en Aragón. Hasta antes de la resolución judicial, el tema no tuvo ninguna relevancia pública, pero ante la operación policial se organizó un plantón frente al museo, y tanto los manifestantes como los políticos independentistas aprovecharon para acusar un “expolio” de los “bienes catalanes” por la “aplicación del 155”. Asimismo, los tres partidos independentistas, ERC, JxCat y Candidatura d’Unitat Popular (CUP), insistieron en su pretensión de conseguir la independencia, pero el más contundente fue Puigdemont, quien pese a que su partido históricamente fue más moderado, anunció que va a “restaurar” su presidencia y exigió a Rajoy “garantías” de que va a respetar los resultados. También lanzó críticas a la Unión Europea, a cuyas instituciones cuestionó si van a seguir “apoyando a Rajoy con su golpe de estado”. Rajoy, por su parte, anunció durante un acto de campaña del Partido Popular (PP) en Badalona, que su Ejecutivo “va a seguir ahí” después del jueves 21, con la voluntad de dialogar con quien sea elegido nuevo presidente catalán y para garantizar que “Cataluña seguirá siendo España y Europa”. El proceso soberanista “ha sido la historia de un enorme engaño que ahora ha quedado acreditado”, añadió Rajoy. Escenarios  De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística español, alrededor de 5.5 millones de electores residentes en Cataluña podrán emitir su voto este jueves 21. Son 43 mil electores más que la elección pasada, la del 27 de septiembre de 2015. Del total, 136 mil votarán por primera ocasión. Hasta el momento las encuestas no arrojan un escenario con ganadores claros y con posibilidades de formar gobierno. En lo que sí coinciden los sondeos es en que la participación podría alcanzar un récord, porque podría rondar 80% del electorado. Sin embargo, aproximadamente 1.5 millones de electores aún no tienen definido su voto, lo que suma incertidumbre a la contienda. El lunes 4, horas antes del arranque de la campaña, el Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo dependiente de la Generalitat, difundió una encuesta en la que las fuerzas independentistas retroceden en conjunto entre cinco y seis escaños y pierden la mayoría absoluta, aunque quedan cerca: ERC, Junts per Catalunya y la CUP suman de 66 a 67 escaños y se quedan a uno o dos de la mayoría absoluta (68 escaños). Ciudadanos, partido nacido en Cataluña y que no ha conseguido un solo ayuntamiento en sus 11 años de existencia, sería la formación más votada, con Inés Arrimadas al frente de su lista, con una posible votación de 22.5%, que lo situaría en 31 o 32 escaños, seis más de los que detentaba y que los iguala con los independentistas de ERC. La formación de Puigdemont, JxCat, sería la tercera fuerza, con 25 o 26 escaños y 16.9% de los votos; el PSC se coloca en cuarta posición, con 21 escaños, cinco más que la pasada elección. La candidatura de Podemos, de Pablo Iglesias (denominada Catalunya en Comú-Podem), que encabeza Xavier Doménech, pierde dos escaños para situarse en nueve, con 8.6% de los votos. Los sondeos la colocan como la formación que tiene la llave para desbloquear una posible formación de gobierno, aunque hasta ahora su propuesta es “romper los bloques”, posicionándose contra la “unilateralidad” de los independentistas y contra el “bloque del 155”, según insiste Doménech en sus actos de campaña. Los independentistas de la CUP, que tienen como cabeza de lista a Carles Riera, obtendrían nueve escaños, uno menos que en 2015, con 6.7% de la votación. El partido de Rajoy, el PP, perdería votos hasta llegar a 6.2%, debido a un trasvase de sufragios a favor de Ciudadanos. Kiko Llanera, investigador y editor del grupo de análisis Politikón, publicó en el diario El País un estudio de distintas encuestas en el que resalta que ERC desciende seis puntos debido a un trasvase de votos que está beneficiando a Puigdemont y JxCat, que subió de 10 a 18.6% desde que en noviembre se conoció la candidatura del expresidente catalán. En el mismo sentido, el análisis que el diario La Vanguardia hace de su propia encuesta señala que “Puigdemont es quien está cosechando adeptos de manera más rápida, por la amalgama de símbolos y emociones que ha asociado a su figura”. Por esta razón, ERC hará su mitin de cierre de campaña fuera de la prisión de Extremera, donde está recluido Junqueras, con la intención de tener un “efecto llamada” entre los votantes independentistas. Hacia el final de la campaña, medios de comunicación identificados con distintas tendencias ideológicas coinciden en que con esos resultados la gobernabilidad es incierta. Como ejemplo, el portal eldiario.es publicó el martes 12 que habría un Parlamento sin mayorías claras y Cataluña sería “ingobernable” tras los comicios del jueves 21. El bloque independentista sumaría 45.7% de los votos, con 66 escaños, a dos de la mayoría absoluta, mientras el “bloque constitucionalista” sumaría 45% de sufragios, con 60 escaños, a ocho de la mayoría. El tercer escenario es de un posible “tripartito de izquierdas”, integrado por Cataluña en Comú-Podem, PSC y ERC que sumaría 47.1% de los votos, es decir, 61 parlamentarios. La justicia vota Para Gonzalo Boyé, el abogado de los exconsejeros Meritxell Serret (Agricultura) y Toni Comín (Salud), que permanecen en Bruselas con Puigdemont, la instrucción judicial del caso “tendrá un impacto en los resultados” del jueves 21. “Sin duda la causa judicial tendrá un impacto en los resultados. Las encuestan reflejan que los políticos que están en Bruselas o en prisión están subiendo en los sondeos, evidentemente porque el ciudadano catalán de a pie, que está muy bien informado, se da cuenta de que estos políticos catalanes sufren una persecución”, explicó. El jurista –muy crítico con la instrucción judicial del caso– sostiene que no cuestiona al sistema penal español, “sino este caso en particular, porque se ha vulnerado el derecho, la presunción de inocencia, y se han forzado los tipos penales ante unos hechos en los que yo sigo sin ver el delito de rebelión por ningún lado”. Muestra de ello, dice, es “la retirada de la Orden Europea de Búsqueda y Captura contra sus clientes y Puigdemont”, que ordenó el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, “para que el juez belga no se pronuncie sobre el artículo 155, porque se dieron cuenta de la vergüenza infinita que hubieran pasado si se hubiera decidido en Bruselas. Prefirieron zanjarlo solos en España”. En su opinión, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que inició el caso, se “precipitó” al dictar la euro-orden “teniendo como único elemento la querella de la Fiscalía General del Estado”, en la que “los hechos descritos en la denuncia no se corresponden con los delitos que les imputan”. Por ello la magistrada intentó convencer a la justicia belga para que se extraditara a España a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros, que son corruptos, un delito por el que los mecanismos de cooperación entre los países europeos suelen resolverse casi de inmediato. El problema, dice, es que en la causa abierta por la juez Lamela sólo hay tres delitos (rebelión, sedición y malversación) y en la carta de razonamiento para la detención y extradición inexplicablemente se incluían dos delitos más. Por ello, dice, el lunes 4, ante el juez belga, su estrategia fue presentar una argumentación detallada de hechos sucedidos desde noviembre de 2015 hasta ahora, anteriores a la aplicación del 155, y sobre la vulneración de derechos fundamentales y del debido proceso. Por ejemplo, cómo se les acusa de rebelión, un delito que implica actos de sangre, cuando su actividad se centró en las funciones parlamentarias, ya sea aprobando las leyes de desconexión o una declaración parlamentaria, “actos que están sujetos al control parlamentario, no judicial”. Advirtió que “los acusados no podrían tener un juicio justo al vulnerarse la presunción de inocencia con las declaraciones de Rajoy, del rey Felipe VI, de ministros del gobierno, del fiscal general y de diputados del PP que pidieron que estos dirigentes catalanes pagaran con cárcel, lo cual viola la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. A eso, dice, se suma que distintas asociaciones de jueces se pronunciaron sobre los hechos, y le “argumentamos al juez belga que, ante estas manifestaciones públicas, dónde vamos a conseguir un juez imparcial”. Este reportaje se publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.