César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado entre otras cosas de desviar parte de los salarios de los burócratas estatales para engordar las arcas priistas, está prófugo desde mediados de este año. Y pese a que la FEPADE y la fiscalía chihuahuense aportaron las pruebas de su culpabilidad, además de pedir a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales que solicitara su extradición, ésta nada hizo. La situación no ha variado desde entonces: no se ha emitido ninguna solicitud para entregar al fugado. Esa omisa subprocuraduría estaba encabezada por Alberto Elías Beltrán, quien tras la renuncia del procurador Raúl Cervantes quedó como encargado de despacho en la PGR. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde el pasado 23 de junio César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua acusado de delitos electorales, está prófugo; el principal obstáculo para detenerlo ha sido la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada hasta octubre por el actual encargado de despacho de la institución, Alberto Elías Beltrán. Pese a que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pudo armar un expediente sólido y girar las órdenes de aprehensión contra Duarte y seis funcionarios más de su gobierno –por peculado electoral y por haber desviado hacia el PRI aportaciones de los trabajadores por 79 millones de pesos–, la subprocuraduría encabezada por Elías Beltrán no ha emitido la solicitud de extradición. El pasado 12 de septiembre el entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, le pidió a Elías Beltrán que solicitara la extradición de Duarte. No lo hizo. Tampoco hizo caso a las 10 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que acusan a Duarte, entre otros delitos, del desvío de mil 200 millones de pesos y recientemente por el de 250 millones de pesos, mediante la triangulación de fondos públicos recibidos por la Secretaría de Hacienda, cuando la encabezaba Luis Videgaray, y destinados a la dirigencia nacional del PRI, con Manlio Fabio Beltrones como presidente del tricolor. El nuevo titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, nombrado apenas el viernes 15 por el Senado, tendrá que enfrentar las dos nuevas denuncias por presunta triangulación de fondos a las campañas del PRI en 2016, por medio de los gobiernos de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, así como dar seguimiento al expediente que dejó su antecesor sobre la red que desvió recursos de los descuentos a los trabajadores hacia las finanzas priistas por al menos 79 millones de pesos. El entramado de César Duarte En el expediente de la FEPADE –al cual tuvo acceso este semanario– sobre el desvío de 79 millones de pesos de los descuentos de nómina a burócratas aparecen algunos de los mismos funcionarios de Duarte que actualmente están vinculados a la trama de los 250 millones de pesos desviados mediante una red de empresas fantasma vinculadas con el hijo de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general del CEN del PRI en 2016. La carpeta de investigación FEP/FEPADE/UNAI-CHIH/0002259/2016, iniciada en diciembre de 2016 a raíz de la denuncia presentada por Rocío Estefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública del gobierno panista de Javier Corral, señala como imputados al exgobernador César Duarte, al exsecretario estatal de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral; al exdirector de Egresos, Jesús Olivas Arzate; al exdirector general de Administración, Gerardo Villegas Madriles; al exdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda estatal, Adrián Dozal Dozal; y al director de Pagos de la misma dependencia, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre. Además de estos seis funcionario estatales se imputa a otros tres dirigentes priistas: Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de Finanzas y Administración del PRI chihuahuense; Diana Karina Velázquez Ramírez, exdiputada federal; y Yoi Sayto Meraz. El pasado 27 de junio, el juez de control vinculó a proceso al duartista exsecretario de Hacienda, al exdirector de Control y Programación de Pagos de la dependencia estatal, al exdirector de Egresos y al exsecretario de Finanzas del PRI estatal. Se volvió a solicitar la orden de aprehensión contra César Duarte, misma que se otorgó el 30 de junio de 2017. El 9 de agosto se solicitó a la Cámara de Diputados federal la declaración de procedencia contra la legisladora Diana Velázquez Ramírez y el 21 de agosto, el exdirector general de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, Gerardo Villegas Madriles, obtuvo un amparo. Desde el pasado 12 de septiembre, con el oficio 2285-FEPADE-2017 se le solicitó al subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que iniciara el procedimiento para solicitar la extradición de César Duarte Jáquez, presuntamente escondido en Estados Unidos. Elías Beltrán no ha girado la solicitud de extradición y desde el pasado 16 de octubre, a raíz de la abrupta renuncia del procurador Raúl Cervantes Andrade, es el encargado de despacho de la PGR. Y el vínculo de Elías Beltrán con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y con el actual precandidato a la presidencia José Antonio Meade, es muy claro. Entre 2013 y 2016 fue director general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alberto Bazbaz Sacal y a las órdenes de Luis Videgaray. Cuando Meade fue secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón, Elías Beltrán era director general adjunto de la misma Unidad de Inteligencia Financiera (2010-2013). Desvío de 79 millones El origen de la investigación fue la denuncia presentada por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno de Javier Corral, Olmos Loya, en diciembre de 2016. En su comunicado, la dependencia estatal destacó que, junto con la denuncia, “se adjuntó evidencia documental que acredita cómo los descuentos ilegales, realizados por la Secretaría de Hacienda (estatal) a más de 700 servidores públicos, fueron entregados al secretario de Administración y Finanzas del PRI de Chihuahua, quien recibió en efecto aportaciones del Ejecutivo para el PRI estatal. “Tan sólo de enero a diciembre de 2015, y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada, el monto asciende a 14 millones 617 mil 881 pesos. En tanto que el total retenido al sector centralizado, y entregado al PRI durante la administración 2010-2016, supera los 79 millones de pesos”, abundó la SFP de Chihuahua. La dependencia presentó la relación de todos los servidores públicos a quienes les fue retenido su ingreso, los talones de pago en los que se observa el monto que correspondía a cada uno y el que recibió realmente una vez aplicado el descuento. También entregó copias de cheques indebidamente autorizados, endosados y cobrados cada mes por los entonces funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, encabezada por Jaime Herrera Corral, el mismo personaje que antes dirigió el “banco sexenal” Unión de Crédito Progreso, donde fueron depositados más de 80 mil millones de pesos del presupuesto estatal. Adjuntó los recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal, por el monto retenido cada mes y que fueron a parar a las arcas del tricolor. A su vez la FEPADE acreditó ante el juez que al menos durante 2015 se desviaron 15 millones de pesos mediante el sistema de descuento de nómina de la Secretaría de Hacienda al PRI. Al ampliar la denuncia a los años 2011, 2012, 2014 y 2016, la FEPADE calculó que el desvío asciende a 79 millones de pesos. Según la denuncia de la FEPADE, todos los implicados en la red de peculado electoral de César Duarte fueron cómplices en el manejo de retenciones a 700 burócratas estatales, a quienes cada día 20 les descontaban entre 5 y 10% de su bono de compensación para desviarlo hacia el PRI, según explicó el entonces titular de la fiscalía, Santiago Nieto Castillo. Éste informó desde el 27 de junio que tenían 12 cheques y otras 87 pruebas, incluyendo los testimonios de 49 de los trabajadores coaccionados, para acreditar la demanda. Otra línea de investigación de la FEPADE incluye pruebas documentales que apuntan a otras irregularidades en la Junta Central de Aguas y otros órganos desconcentrados, como la Comisión Estatal de Vivienda, Sustentabilidad e Infraestructura. Mediante estas dependencias, la administración de Duarte habría desviado al menos 400 millones de pesos. Esta red de desvío también implicó a medios de comunicación, ya que mediante estas dependencias se pagaban los convenios de publicidad con periódicos y estaciones radiofónicas (Proceso 2113). La operación por peculado electoral en la administración de Duarte se realizó mediante retenciones de nómina en la Secretaría de Hacienda local. Esta dependencia emitía un cheque que se depositaba a la cuenta de una empresa particular y ésta, a su vez, entregaba el dinero en efectivo al secretario de Finanzas del PRI de Chihuahua, según consta en la investigación de la FEPADE. En otros estados Desde que se dio a conocer el modus operandi de las retenciones de nómina en la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, la FEPADE recibió otras denuncias que implican a funcionarios de Coahuila y Tamaulipas por delitos similares. “Tenemos abiertas carpetas de investigación por ese delito en los municipios de Torreón, Saltillo, Sabinas, Matamoros, entre otros”, afirmó en octubre de este año Santiago Nieto, entonces titular de FEPADE. “El caso que tenemos más avanzado por este delito es el de Chihuahua, donde ya se solicitó la extradición de César Duarte para que responda por los delitos de peculado electoral, financiamiento ilícito y retención de los salarios de los trabajadores para financiar al PRI”, afirmó el exfiscal en un acto público. En Quintana Roo, el secretario general del PRD, Carlos Montalbán Colón, denunció en julio de este año que durante el gobierno de Roberto Borge, otro exmandatario priista acusado de corrupción, se realizaron descuentos obligatorios e ilegales de al menos 350 pesos quincenales a los 12 mil burócratas estatales, dinero que se entregaba al PRI como si se tratara de “cuotas voluntarias”. Un oficio firmado por la directora de Recursos Humanos del gobierno estatal, María del Carmen Ramírez Sánchez, ordenó a los funcionarios de nivel alto y medio del gobierno quintanarroense que “donaran” cuotas quincenales que iban de 2 mil 500 pesos para secretarios, 2 mil para subsecretarios, mil para directores de área y 500 para los jefes de departamento. Este reportaje se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.