CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), José Antonio Lara Duque, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior; de lo contrario, advirtió que aumentarán los desplazamientos, el encarcelamiento de líderes sociales y la persecución contra defensores de derechos humanos. “Desde la sociedad civil, hago un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional esta ley y regrese a la normalidad jurídica y democrática al Estado mexicano, regresando a sus cuarteles a los soldados y, buscar otros mecanismos para enfrentar la grave crisis de inseguridad y falta del Estado de Derecho que México padece”, dijo. Según un comunicado de la organización, Lara Duque aseguró que en los últimos meses se ha incrementado el número de comunidades y pueblos originarios desplazados por disputas de tierra y agua, “avaladas desde el gobierno mexiquense e impulsadas por un fuerte interés económico”. Y mencionó como ejemplo a los extractores de minas, desarrollos inmobiliarios y grupos paramilitares vinculados con el priismo. En el caso del Frente Mazahua en Defensa del Agua, contó que hace 10 años mantiene una lucha para obtener el recurso a través del Sistema del Río Cutzamala, por lo cual ha sido hostigado y perseguido. Además, diversos municipios son atacados con violencia por líderes de Antorcha Campesina. De la misma forma, agregó, varias comunidades han sido despojadas de sus predios a consecuencia de intereses inmobiliarios y de infraestructura carretera “promovidas por el gobierno mexiquense y grupos empresariales extranjeros (españoles) que han devastado zonas boscosas y zonas de cultivo”. Incluso, agregó que “muchas de estas acciones son impulsadas desde las más altas esferas del gobierno federal y estatal”. El activista expresó el temor de que, si entra en vigencia la Ley de Seguridad Interior “se va a recrudecer no solo la persecución contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como contra periodistas, sino también aumentará el número de desplazados, fenómeno que ya se vive en diversos estados del país, como es el caso de Chiapas”. Sobre este caso, lamentó que “ninguna autoridad federal o estatal haya hecho algún pronunciamiento para investigar y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos agraviados de esas comunidades”. Lara Duque adelantó que trabaja con otras organizaciones de derechos humanos para llevar una defensa de la soberanía y la democracia, así como el pleno respeto a las garantías individuales en organismos y tribunales internacionales contra la mencionada Ley impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI. El propósito: revertir este marco “que regresará al poder de la élite militar que ya sabemos cómo ha gobernado otras naciones de Centro y Sur América, con el resultado de miles de desaparecidos”. A su parecer, es “inconcebible que ahora los legisladores, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, han intentado promover dar plenos derechos y facultades al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para autorregularse y garantizar su desplazamiento y operación en todo el territorio sin rendir cuentas a nadie”. Luego, criticó que la sociedad no haya aprendido “la historia de ejecuciones extrajudiciales, abusos, tortura y desapariciones forzadas que se han vivido en el interior del país, incluido el Estado de México, y ahora pretender reforzar esta estrategia que también ha quedado comprobado que no funciona. Los índices de homicidios, ejecuciones, desapariciones, extorsiones y ataques a la paz pública no han descendido luego de que el Ejército salió de sus cuarteles”.