CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Al menos cuatro periodistas, entre ellos el fotorreportero Bernardino Hernández El Charalito, fueron atacados y despojados de su equipo de trabajo por agentes estatales ayer durante el enfrentamiento armado registrado en la zona rural de Acapulco, acciones que dejaron un saldo de 11 muertos y 38 detenidos. El operativo policiaco-militar para desarmar a policías comunitarios y liberar a Iván Soriano Leal, un exmilitar vinculado con la venta ilegal de armas detenido por la autodefensa de Cacahuatepec, fue encabezado por el general en activo y actual secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, indican reportes oficiales. Los reporteros agredidos son Bernardino Hernández Hernández, corresponsal de las agencias AP y Cuartoscuro, así como colaborador de Proceso; Jacob Morales, del periódico El Sur; Rubén Santiago, de La Jornada Guerrero; Sergio Robles, de la agencia Quadratín, y Jorge Torres, corresponsal de la cadena Univisión. Hernández Hernández, con reconocimientos a nivel global, fue salvajemente golpeado con cachas de pistola y culatas de rifles por policías estatales, quienes también dañaron su equipo y robaron las tarjetas digitales de su cámara fotográfica, donde estaban las imágenes del violento operativo que dejó tres guardias comunitarios asesinados y 38 detenidos. Previamente, se había registrado un enfrentamiento entre un grupo armado y los policías comunitarios que dejó un saldo de ocho muertos, cinco de ellos del grupo agresor y tres comunitarios. Bernardino Hernández, presenta golpes severos en la cabeza, tórax y piernas. Dijo que, junto al reportero de La Jornada Guerrero, Rubén Santiago, se encontraba dentro de un corral, donde tres comunitarios habían sido asesinados por la Policía Estatal, y enseguida fueron expulsados a golpes y patadas. El reportero de El Sur, Jacob Morales, señaló que la actitud de los agentes estatales y soldados siempre fue muy hostil en contra de los reporteros que documentaban el violento operativo de desarme de la guardia comunitaria de la zona rural de Acapulco. Incluso, dijo que los policías y soldados trataron de impedir en todo momento que los comunicadores tomaran fotografías o grabaran videos de la acción gubernamental. Morales refirió que, durante la refriega, algunos periodistas se refugiaron en vehículos y que, a pesar de ello, los policías les apuntaban de manera directa, situación que desató una serie de gritos y reclamos para evitar que les dispararan. Tras el operativo para rescatar al exmilitar vinculado con la venta ilegal de armas, los reporteros reclamaron a un mando policiaco la serie de agresiones contra la prensa y, en respuesta, recibieron más insultos y amenazas de los uniformados. Luego, los comunicadores se trasladaron a la zona urbana de Acapulco, donde el fiscal estatal Xavier Olea Peláez dirigía un mensaje en las instalaciones de un hotel de la zona costera, y nuevamente reclamaron y exigieron que se investigara las agresiones y el robo del equipo de trabajo de las víctimas. El funcionario estatal se limitó a pedirles que se dirigieran a presentar una denuncia formal para poder investigar los hechos. Las víctimas se dirigieron a la sede de la Fiscalía Regional para interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público, pero no había personal de guardia y, después de una hora de espera, decidieron trasladarse a un hospital, debido a que el fotorreportero Bernardino Hernández necesitaba atención médica urgente. Fue hasta ese momento cuando un agente del MP acudió al nosocomio para tomar la declaración de los periodistas atacados y se integró una carpeta de investigación por los delitos de robo, abuso de autoridad, lesiones y amenazas en contra de la Policía Preventiva Estatal, narraron las víctimas.