CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General del estado (FGE) de Chihuahua rechazó las declaraciones de Antonio Collado, abogado defensor del exsecretario nacional adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en las que acusó a las autoridades de ejercer actos de tortura en contra de su representado. “Esta institución es garante de la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos, y sin distinción de ningún tipo permanece apegada al cumplimiento irrestricto de la ley”, subrayó en un comunicado. De acuerdo con la FGE, Gutiérrez recibe el mismo trato como cualquier interno que se encuentra recluido en los Centros de Reinserción Social de la entidad. No está aislado, recibe las visitas que por ley le corresponden, sin impedimento alguno a accesos, pero tampoco con preferencia o privilegios, puntualizó. “Esa versión (del abogado) está fuera de todo contexto. Alejandro G. G. nunca fue torturado, ni física, ni psicológicamente, al interior del penal. Esas declaraciones tienen un alto carácter mediático y buscan desvirtuar o denostar las acciones emprendidas por el actual gobierno en el combate a la corrupción”, expresó en un comunicado el fiscal general de Chihuahua, César Peniche Espejel. El funcionario dijo que el imputado –detenido el 20 de diciembre pasado– está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, porque así lo resolvió la autoridad judicial, con base en las evidencias que el Ministerio Público presentó en su contra. La FGE, agregó, es respetuosa de las estrategias que lleven a cabo los abogados en el proceso, pero no es legítimo valerse de calumnias para tratar de deslindar de responsabilidades por hechos que fueron resueltos por un juez de Control. Esta mañana el abogado de Gutiérrez, acusado de desviar 246 millones de pesos de las arcas públicas de Chihuahua y destinarlos a las campañas electorales de candidatos priistas en 2016, en coordinación con el exgobernador César Duarte Jáquez, aseguró que su cliente “está siendo víctima de tortura, le han ofrecido que sea testigo protegido y declare contra funcionarios federales”.