CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Artículo 19 y el Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California promovieron un juicio de amparo contra los actos del juez de Control Ernesto Flores Gallegos por la amonestación que dictó contra José Said Betanzos Arzola, en la que amenaza al periodista con el inicio de acciones legales por la publicación de un artículo que involucra a un policía. En un comunicado, Artículo 19 precisó que el pasado 17 de noviembre Betanzos Arzola recibió información acerca de la probable intervención de un policía y una persona más en el intento de homicidio de tres personas, dos de las cuales resultaron con lesión de arma de fuego. En esa misma fecha el periodista publicó la información en su página de internet. Días después, el 8 de diciembre, Betanzos Arzola fue notificado en las oficinas del medio para el que colabora (‘El Mexicano’) de la amonestación en su contra dentro de la causa penal 87/2017 que se sigue ante el Tribunal de Control y Juicio Oral del Poder Judicial de Ensenada, Baja California, relacionada con los hechos que dio a conocer. Como parte de la amonestación, el juez amenaza con iniciar una investigación penal o un procedimiento administrativo en contra del periodista en caso de que publique imágenes o nombres de cualquier persona interviniente en cualquier proceso penal, además de solicitar que de forma inmediata sea retirada la nota titulada “Policía de Ensenada intentó asesinar a unos hermanos”. De acuerdo con el comunicado de Artículo 19, la demanda de amparo fue admitida y se encuentra en trámite ante el Poder Judicial de la Federación, en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal y de Juicios Federales en la ciudad de Tijuana. Señaló que en dicha demanda se estima que los actos del juez de Control de Ensenada representan un límite desproporcionado a la libertad de expresión del periodista, estableciendo medidas de censura previa y afectando directamente el derecho a la información de la sociedad. “En efecto resultan preocupantes los actos del juez que conoce los hechos denunciados por el periodista ya que, en completa violación de los principios rectores del proceso penal, amonesta al periodista en un proceso del cual no es parte, notifica en el domicilio del medio para el cual colabora, cuando la información se compartió desde una página de internet independiente, propiedad de Betanzos Arzola, y, por último, la notificación fue hecha en la ciudad de Tijuana, Baja California, no en la ciudad de Ensenada, donde ocurrieron los hechos”, puntualizó. La organización añadió que ve “con especial preocupación” la amenaza de inicio de acciones legales en contra del periodista por parte del juez de Control, ya que además representa actos de censura previa al exigir “que no publique imágenes o nombres de cualquier persona interviniente en un proceso penal”, y deja abierta la posibilidad de que esta censura se extienda a procesos en los cuales el juez no tenga intervención alguna. En este sentido, a pesar de que el Tribunal de Control y Juicio Oral del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, debe ser un órgano especializado en el cual se hagan efectivos los derechos de las víctimas, imputados y de la sociedad en general, actúa en contravención de disposiciones constitucionales y convencionales, acentuando con ello el desconocimiento general de la importancia del respeto y garantía de la actividad periodística en un contexto tan adverso como el que se vive en México, subrayó. Y recordó al juez de Control del Poder Judicial de Ensenada, Baja California, que es su deber garantizar el pleno goce de los derechos humanos en la zona, debiendo para ello, como primer paso, no ejercer violencia institucional en contra de las y los periodistas que publiquen información de interés general para la sociedad del estado de Baja California. Artículo 19 exigió el cumplimiento efectivo de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, “máxime atendiendo el carácter de garante de derechos” que reviste el Poder Judicial del Estado, particularmente la autoridad que emitió la amonestación y que amenazó al periodista con el inicio de acciones legales para el caso de publicar información “de cualquier proceso penal”. De igual manera, destacó que el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el artículo 13.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el 19 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíben de forma expresa la censura previa, obligación que es extensible a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, por lo que el actuar del juez contraviene de manera evidente las normas constitucionales y convencionales. En ese mismo sentido, hizo un llamado al Poder Judicial del estado de Baja California a cumplir con todas las obligaciones a las que están sujetos, debiendo con ello realizar actos que no representen censura previa en ningún caso, debiendo atender la naturaleza de los sujetos intervinientes en los procesos penales y la importancia de que la sociedad conozca los hechos en los que existe un probable vínculo con autoridades de cualquier naturaleza. “Tal es el caso de la información dada a conocer por Said Betanzos Arzola, quien publicó la probable intervención de un elemento de la policía en delitos que agraviaron a tres personas”, apuntó. Finalmente señaló que en congruencia con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, el juez de Control Ernesto Flores Gallegos, quien emitió la amonestación y la orden restrictiva de la libertad de expresión en contra del periodista Said Betanzos, debe reconsiderar su actuar y dejarla insubsistente.