TOLUCA, Edomex. (apro).- Habitantes de la comunidad de Salazar, zona boscosa del municipio de Lerma, solicitaron al gobernador Alfredo del Mazo una mesa de diálogo para liberar a ocho de sus habitantes detenidos en agosto pasado por defender sus tierras de la venta ilegal para grandes proyectos inmobiliarios encabezados por diversos complejos transnacionales del corredor Santa Fe. A la fecha, indicaron, amparados en conflictos limítrofes con la comunidad de San Mateo Atarasquillo, diversos terrenos de Salazar han sido vendidos de forma irregular a empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Arturo Elías Ayub y al cantante Vicente Fernández. Fabiola Vilchis, habitante de la localidad, recordó a Del Mazo Maza que durante su campaña por la gubernatura visitó la comunidad para pedir el voto de sus habitantes. “Estrechó las manos de Cutberto Vilchis, Daneyra Becerril, Fermín Esquivel y Miguel Ángel Vilchis, hoy presos”, agregó. “Vuelva a mi pueblo y mire a los ojos a las niñas, niños, esposas e hijos que tenemos el dolor de ver a nuestros familiares presos injustamente. Observe el hostigamiento con maquinaria y gente de choque para intentar posesionarse de nuestros terrenos. Le pido una mesa de diálogo para resolver el conflicto. Regrese a explicar por qué el Ejército estuvo involucrado en los acontecimientos”, apeló. Vilchis recordó que la madrugada del 31 de agosto de 2017, tres días después de que se emitió un fallo en favor de la comunidad para reconocer sus tierras, un convoy armado de mil 500 policías federales, estatales, ministeriales y fuerzas armadas irrumpió con lujo de violencia en los domicilios de los vecinos y se llevaron a ocho de ellos, algunos desnudos, descalzos y en ropa interior. Los sometidos con brutalidad fueron Beatriz Pérez Flores, comerciante de 46 años; Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, ama de casa de 30 años; Yuriko Becerril Villavicencio, madre soltera de 29 años; Cutberto Vilchis García, representante de bienes comunales de 71 años; Miguel Ángel Vilchis García, campesino y bibliotecario de 56 años; Fermín Esquivel Rojas, campesino de 34 años; Francisco Miguel Ceballos Vargas, campesino, albañil y comerciante; y Miguel Ángel Vilchis Zarza, campesino y obrero de 24 años. Los elementos que allanaron los domicilios sin orden de aprehensión iban encapuchados, vestidos de negro, sin insignias. Además, recurrieron a las agresiones verbales y físicas y a la detonación de armas de fuego dentro de los hogares. “Sitiaron Salazar, bloquearon entradas y salidas e incluso la señal de celulares para hacer llamadas de emergencia. Estuvimos en completa indefensión”, recordó Fabiola Vilchis. Según la denuncia de los solicitantes, los menores de edad que presenciaron los hechos presentan secuelas psicológicas, perdieron el control de esfínteres, experimentan retroceso en su rendimiento escolar y a diario preguntan por sus madres y padres detenidos. Las acusaciones y detenciones La mañana de la aprehensión José Manzur, secretario general de Gobierno, declaró que los detenidos eran delincuentes y opositores a la obra pública, a pesar de que en Salazar para entonces no había una sola obra pública en proceso. Dijo que eran fraccionadores clandestinos, “cuando somos poseedores históricos y legales de la tierra”, aclaró la habitante Fabiola Vilchis. Alejandro Gómez, entonces procurador, acusó a los detenidos de despojo, invasión de tierra, obstaculización de obra pública “y otras carpetas que se están integrando”. La denunciante agregó: “Estuvimos cinco horas sin saber de ellos… hasta las ocho de la mañana supimos que estaban en el penal de Lerma, acusados por hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2016 (un año antes)”. Aquel día, un grupo liderado por Mario Alberto de León Venegas intentó despojar a Miguel Ángel Vilchis de su milpa, acompañado por Natalia Miguel Marín -actual policía de Temoaya-, quien dio un arma a Marcos Hernández Cruz para que la detonara al menos en tres ocasiones, sin importarle la presencia de mujeres y niños. Como se tropezó, salió huyendo y en ese intento tiró la acreditación que lo identificaba como policía de Lerma. Juan Carlos Ríos Soto -actual policía de San Mateo Atenco-, llevaba otra arma, pero los pobladores lograron quitársela, igual que los cartuchos. Los tres policías son quienes señalan a los detenidos. Aquellos hechos fueron presenciados por dos policías de Lerma que no actuaron. Después llegaron más elementos policiacos y funcionarios estatales como Fernando de Jesús Segura Tapia, Edgar Díaz Álvarez, el ministerio público Juan Carlos Monroy Vidal, y el secretario del ayuntamiento, Raúl Bustamante. Aunque el dueño de la milpa denunció los hechos, hasta ahora no hay una sola actuación. La verdadera razón de las detenciones, insistió Fabiola Vilchis, “es que nos resistimos a la venta ilegal de nuestra tierra”.