CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Así cabeceó el Cambodia Daily el 4 de septiembre de 2017 su último número, después de 24 años de publicar “todas las noticias sin miedo ni favores”, lema con el que se definía como un periódico independiente. En portada, con una gran foto, daba cuenta del arresto el día anterior de Kem Sokha, líder del opositor Partido Nacional para el Rescate de Camboya (PNRC), por delitos de supuesta “traición a la patria”. El cierre del diario y la detención del político son sólo dos de los actos más visibles de la represión sistemática emprendida por el gobierno de Hun Sen, primer ministro desde 1985 por el Partido del Pueblo de Camboya (PPC), quien pretende reelegirse en los comicios generales de julio próximo y, desde 2013, ha enfrentado un creciente desafío electoral por parte del PNRC. En las elecciones comunales de 2017 este partido ganó 43% de los votos, lo que podría ser un adelanto de los resultados del 2018. Según el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre Camboya correspondiente a 2016/2017, en el marco de las elecciones del año pasado y las que están por venir, se intensificó la represión en contra de las libertades de expresión, asociación y reunión pacíficas; aumentó el uso indebido del sistema de justicia por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad han silenciado críticas y hostigado a la sociedad civil. En esta embestida, AI y otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW) reportan el cierre de unos 18 medios de prensa y 15 radiodifusoras; la suspensión de sindicatos y varias organizaciones no gubernamentales; la detención de al menos 24 periodistas, activistas y políticos; la ilegalización de la oposición partidaria e, inclusive, el asesinato de figuras críticas, sin que hasta ahora se haya hecho una investigación sería al respecto. La situación es tan flagrante, que en el 33 periodo de sesiónes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en septiembre pasado, 39 Estados suscribieron una declaración en la que expresaron su “preocupación” por la situación política en Camboya, y pidieron “un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil”. Oficialmente multipartidista, pero con vocación autoritaria, en medio del estruendo político y noticioso internacional, el régimen de Phnom Penh había mantenido un perfil discreto con un cierto margen de tolerancia a la crítica y a la oposición partidaria. Pero este margen se cerró cuando el PNRC se convirtió en una alternativa real de poder y diversos actores sociales reforzaron su activismo en pos de un cambio gubernamental. El asedio se inició entre 2013 y 2014 con las manifestaciones convocadas por el PNRC -que ya entonces contaba con más de 40% de los votos- las cuales fueron vistas por el gobierno de Hun Sen como una “insurrección”. Al menos una quincena de sus militantes fue, y sigue, encarcelada; y su dirigente histórico, Sam Rainsy, fue acusado de “complicidad” en un caso de fraude. En el exilio en Francia desde 2015, Rainsy fue condenado en diciembre pasado a indemnizar a Hun Sen con un millón de dólares, por “difamarlo” en facebook. En cuanto a Kem Sokha, detenido el 3 de septiembre, los cargos son por “conspiración con un actor extranjero”, basados en partes de un video en el que el dirigente político comenta que Estados Unidos ha contratado expertos para supuestamente ayudarlo “a lograr un cambio de liderazgo en Camboya”. No conforme con eso, en noviembre el gobierno camboyano ilegalizó al PNRC e inhabilitó a más de un centenar de sus miembros directivos. Los escaños ganados por la agrupación en junio serán repartidos entre los partidos minoritarios que no hacen sombra al régimen. La judicialización es muy importante para el gobierno de Hun Sen, porque en el caso de los políticos, la Constitución les impide participar en cualquier proceso de elección a un cargo popular si tienen algún antecedente penal; y en el de críticos y activistas civiles, porque permite aducir que se les persigue por delitos cometidos y no por sus posiciones políticas. Acusaciones En el caso del Cambodia Daily, un pequeño diario en inglés con menos de cinco mil ejemplares de circulación, pero muy crítico de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, se le acusó de “evasión fiscal” por una transacción comercial realizada en abril de 2017. El monto: casi siete millones de dólares; una cantidad impagable para el rotativo. La maniobra fue tan burda, que hasta el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “preocupación”. Por lo que toca a los activistas sociales, en general se busca vincularlos con algún delito común. Así, por ejemplo, miembros de la Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo (ADHOC) han sido acusados de soborno y falso testimonio; líderes sindicales, de promover protestas “ilegales” que acabaron con muertos y heridos (por la represión policial); ambientalistas, por dañar o apropiarse de bienes y espacios; y simples manifestantes, con diferentes reivindicaciones, por obstruir el libre tránsito o insultar a la autoridad. Ubicado en el lugar 132 de 180 por Reporteros Sin Fronteras en materia de libertad de expresión, el gobierno camboyano no vacila en acusar de “difamación” a cualquier periodista crítico. Pero a veces se llega a más. En julio, el comentarista político Kem Ley fue asesinado a tiros en una gasolinera. Sin mayor investigación se detuvo a un exsoldado, aunque la oposición y la prensa critíca acusaron al propio Hun Sen de estar detrás del crimen. Igualmente, no se ha llamado a rendir cuentas a nadie por el homicidio de al menos seis personas y la desaparición forzada de un trabajador, durante las manifestaciones de 2013 y 2014, y tampoco se ha aclarado la muerte del líder sindical Chea Vichea, por disparos de agresores no identificados. Otro campo de tensión y represión ha sido el de la vivienda. Dado que en su tiempo el Khmer Rojo prohibió la propiedad privada, cientos de miles de camboyanos no tienen títulos con qué defenderse y han sido objeto de decomisos y expulsiones, para dar concesiones a empresas agrícolas o desarrolladoras inmobiliarias extranjeras, o simplemente a funcionarios gubernamentales o allegados a éstos. La situación es tan explosiva, sobre todo en el campo, que en diciembre pasado el diario español El País publicó una nota sobre un monje budista, Luon Sovath, que se dedica a documentar los desalojos, con frecuencia brutales, con celulares, drones y hasta gafas especialmente adaptadas para grabar. De hecho, no es el único; desde 2011 se formó una Red Independiente de Monjes para la Justicia Social. Marginados por la jerarquía budista y bloqueados en redes para que no difundan su testimonio, Sovath cree que el gobierno no ha sido más duro con ellos, no por sensibilidad religiosa, sino porque cuentan con un gran apoyo internacional. Pero a Hun Sen parece importarle cada vez menos la opinión del mundo, o por lo menos parte de él. Camboya lleva siete años consecutivos de crecer económicamente alrededor de 7% y China le aporta más de un tercio de las inversiones de capital y la ayuda bilateral. Y el de Pekín ciertamente no es un régimen preocupado por las libertades políticas y el respeto a los derechos humanos. Así, cuando a la luz de los últimos embates Estados Unidos y la Unión Europea suspendieron su ayuda a la comisión electoral de este año, ni se inmutó. Él, que fue comandante en el Khmer Rojo -la guerrilla colectivista agrícola que entre 1975 y 1979, al mando de Pol Pot, acabó con un cuarto de la población camboyana- y luego se volvió en su contra para -por medio de los vietnamitas y una cruenta guerra civil- acceder al poder en 1985, no ha vacilado en agitar estos fantasmas: “Si el PPC pierde el control, habrá guerra”, advirtió.