CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por la actuación policiaca del gobierno de Héctor Astudillo en La Concepción, Acapulco, y lo llamó a investigar y sancionar “en forma seria y transparente todas las violaciones que tuvieron lugar durante el operativo”. En un comunicado, informó que este viernes envió una carta al gobernador; al fiscal general, Javier Ignacio Olea Peláez, y al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Ramón Navarrete Magdaleno, para señalar su preocupación por los hechos violentos del pasado 7 de enero en la zona rural de la ciudad acapulqueña. El organismo internacional recordó que la madrugada del pasado domingo 7, policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción -organizado desde hace cuatro años para consolidar un sistema de seguridad que garantice la paz de los pobladores y rechazar la construcción de la presa hidroeléctrica “La Parota” en sus tierras- “fueron emboscados por gente armada, desatando un enfrentamiento en el que fallecieron ocho personas”. Como respuesta, agregó, las autoridades desplegaron en la comunidad más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad locales y federales, “sin que exista evidencia de una planeación efectiva y adecuada a estándares internacionales en materia de uso de la fuerza”. En el operativo, fueron detenidas 38 personas, entre ellas Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), y tres policías comunitarios fallecieron en el tiroteo “provocado por un policía estatal que accionó su arma”. WOLA destacó como “de extrema preocupación” las agresiones contra periodistas que estaban en el lugar, que incluyeron golpes, amenazas verbales y con armas por parte de los agentes. Por esta situación, llamó a las autoridades de Guerrero a investigar y sancionar en forma seria y transparente todas las violaciones que ocurrieron en el operativo. “Las violaciones documentadas por organizaciones de derechos humanos y periodistas deben ser debidamente investigadas y sancionadas. Este ataque a la población y a los defensores comunitarios es particularmente grave tomando en cuenta el historial de impunidad del Estado de Guerrero y los alarmantes niveles de violencia que prevalecen en la entidad, así como los ataques y criminalización que el defensor comunitario Marco Antonio Suástegui ha enfrentado en el pasado”, concluyó.