Ejidatarios exigen el pago por derechos de vía para desbloquear caseta de Garabitos, en la Durango-Mazatlán

La carretera Durango-Mazatlán, "la más importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México". Foto: Germán Canseco La carretera Durango-Mazatlán, "la más importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México". Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La caseta número 95 de Garabitos, en la supercarretera Durango-Mazatlán, se encuentra tomada desde hace más de un mes por los propietarios de las tierras donde se construyó, debido a que hasta ahora no han recibido el pago por los derechos de vía ni por los daños causados.

El ejidatario Andrés Medrano Quiñonez, quien encabeza el movimiento, explica que de acuerdo con el avalúo que mandó a hacer el ejido, el costo por hectárea es de más de 230 mil pesos, sin embargo, el gobierno de Durango sólo quiere pagarles 16 mil pesos, es decir, 6% de su valor real.

De una lista de peritos propuesta por el Tribunal Unitario, el gobierno y los ejidatarios acordaron el nombramiento de uno de ellos para revisar el caso, y actualmente están a la espera de los resultados para empezar a negociar y finiquitar el problema de manera satisfactoria.

De acuerdo con las declaraciones del gobernador José Rosas Aispuro, el pago se va a hacer, pero los ejidatarios esperan que el avalúo se apegue al costo real de sus tierras. Mientras tanto, la caseta 95 de Garabitos continuará tomada.

Esa caseta cobra por vehículo 58 pesos de peaje, pero desde hace más de un mes los automovilistas sólo pagan una cuota voluntaria a los ejidatarios que se mantienen en el plantón día y noche.

Los ejidos que exigen el pago por sus tierras son: Otinapa, donde aproximadamente 120 ejidatarios pelean por el pago de aproximadamente 70 hectáreas; 16 de septiembre, con 50 hectáreas afectadas de 90 ejidatarios; Máximo García, 60 hectáreas de 114 ejidatarios; Garabitos, 40 hectáreas de 50 ejidatarios, y Arroyo Seco, con alrededor de 45 hectáreas de 100 ejidatarios, todos del municipio de Durango.

En diciembre pasado, el bloqueo en la caseta Garabitos provocó la llegada de varias unidades de la Policía Federal, quienes intentaron desactivar el movimiento, pero no lo lograron, y ahora sólo hacen recorridos de manera frecuente.

Años atrás los ejidatarios tomaron la caseta de Coscomate, en el municipio de Pueblo Nuevo, para exigir el pago correspondiente por las afectaciones en sus tierras. Después de una larga lucha lograron que se les pagara.

En el estado de Sinaloa también hay ejidatarios a quienes no se les ha pagado el derecho de vía y los daños causados, entre ellos el Ejido San Miguel del Carrizal. Sólo se les cubrió una parte y están a la espera de un acercamiento con las autoridades para continuar con las negociaciones y llegar a un acuerdo, de lo contrario, amenazaron con iniciar movilizaciones.

La supercarretera Durango-Mazatlán es una de las obras más costosas de los últimos años y fue presumida por tres presidentes: los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y el priista Enrique Peña Nieto. En 2013, una comitiva tuvo que negociar con los afectados para que el mexiquense pudiera inaugurar la caseta del Coscomate.
A pesar de que esa construcción se llevó tres sexenios, las quejas por la mala calidad de la obra han sido recurrentes.

En su edición del 5 de noviembre de 2013, la revista Proceso publicó que los ejidatarios afectados –muchos de los cuales reclaman actualmente en la caseta de peaje de Garabitos por la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán– exigieron que el Congreso de la Unión iniciara una investigación sobre la calidad de la megaobra inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de octubre de ese año.

Ernesto Pérez Virgen, representante de los ejidatarios y comuneros que conforman el Movimiento por la Justicia Agraria, habló de la falta de pago por sus tierras e indicó que los Congresos locales de Durango y Sinaloa debían pronunciarse con firmeza para que se realizara una investigación urgente sobre este tema.

Su reclamo, abundó, fue porque días antes la depresión tropical Sonia ocasionó derrumbes en la autopista –del kilómetro 143 al 177–, que mantuvieron varados a cientos de automovilistas.

Desde entonces los representantes de los 32 ejidos de los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit advirtieron de las irregularidades en la construcción de la carretera. Pese a ello, las autoridades optaron por ignorarlos y siguieron con el proyecto, cuya inversión ascendió a más de 29 mil millones de pesos.

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