Víctimas del caso Nochixtlán se deslindan del FPR y del Comité 19 de Junio

Una manta contra Peña y Nuño colocada en uno de los camiones incendiados en Nochixtlán. Foto: Octavio Gómez Una manta contra Peña y Nuño colocada en uno de los camiones incendiados en Nochixtlán. Foto: Octavio Gómez

OAXACA, Oax. (apro).- Víctimas del operativo policial del 19 de junio en Nochixtlán, que dejó un saldo de ocho muertos y 100 heridos, se deslindaron públicamente del Frente Popular Revolucionario (FPR) y del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio.

Sobrevivientes y familiares de Anselmo Cruz Aquino, Omar González Santiago y Silvano Sosa Chávez, quienes murieron por disparo de arma de fuego en el malogrado desalojo carretero, aclararon ser ajenos a los actos de presión, como bloqueos carreteros, acciones jurídicas, políticas y anuncios ante los medios, que realiza el FPR, dirigido por Germán Mendoza Nube.

Los también representantes de las víctimas hicieron un llamado al frente popular y al comité a que no utilicen sus nombres para atacar a las autoridades. No queremos que nos incluyan y mucho menos que obstaculicen el trabajo que hemos realizado ante organizaciones internacionales, pidieron.

Elisabeth Méndez Daza, Héctor López Rodríguez y Luis Bautista Hernández, quienes fueron heridos por disparos en Nochixtlán, se encuentran entre los inconformes contra Mendoza Nube y Santiago Ambrosio Hernández, asesor del Comité de Víctimas.

También solicitaron públicamente que la Procuraduría General de la República (PGR) no acuda con intermediarios y sí con las víctimas y los familiares de los asesinados para tratar el caso. Además, pidieron a la dependencia que tome en cuenta sus denuncias en las carpetas de investigación.

Los inconformes recordaron que el 12 de junio de 2017 recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para exigir que se investigue y sancione a quienes cometieron “ejecuciones extrajudiciales” en el desalojo.

De igual manera, exigieron que se modifique el artículo 22 constitucional para que realmente se garantice el derecho a la vida y se prohíban las ejecuciones extrajudiciales.

En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, ya promulgada en diciembre pasado, solicitaron que dicha legislación se adecue a los instrumentos internacionales en materia de los derechos humanos.

Los familiares de las víctimas agregaron su exigencia a las autoridades mexicanas para que cumplan con la reparación de daños bajo los lineamientos de la Corte Interamericana, que toma en cuenta el “daño material, lucro cesante y daño emergente, daño moral, daño al proyecto de vida, perdida de oportunidad, disculpas públicas en medios de comunicación, garantías de no repetición, preservación  de la memoria histórica  a través de textos gratuitos, reparación desde una perspectiva colectiva de afectación a los derechos de los pueblos indígenas y cualquier forma de reparación reconocida internacionalmente”.

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