CUERNAVACA, Mor. (apro).- Emilio Álvarez Icaza Longoria, creador del movimiento Ahora, pidió a los electores que voten el próximo 1 de julio pero no olvidar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por gobiernos como el de Graco Ramírez. “Es importante que los electores tengan opciones distintas a las tradicionales”, sostuvo durante su participación en el foro “Derechos políticos y humanos en el marco del proceso electoral 2018”. De visita por la entidad, el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también lamentó que los aspirantes a candidatos independientes enfrenten requisitos más complejos que los que cubren los partidos políticos para poder participar en la contienda electoral. Y tras señalar que existe una “crisis de legitimidad” en Morelos, destacó que la violación a los derechos humanos y la violencia que golpea a la entidad “son escándalos nacionales”, por ello –agregó– es importante que los ciudadanos “busquen opciones que les inspiren confianza, como por ejemplo los candidatos ciudadanos independientes”. El de Morelos, agregó, “es un caso paradigmático (porque) tiene un gobierno con el mayor nivel de rechazo. El gobierno de Graco Ramírez es un antiejemplo de confianza ciudadana”, soltó, y luego se refirió a las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos en general, y de los periodistas en particular. A pesar de que el gobierno dice que busca una sociedad de derechos, abundó, “el caso de Morelos es muy grave en términos de ejercicio de derechos, del ejercicio inclusive para los propios periodistas, de poderes fácticos vinculados a la delincuencia que amenazan a la ciudadanía”. El exombudsman de la Ciudad de México insistió que es “muy grave” lo que ocurre en la entidad. “Por eso nos parece importante que Morelos tenga otro tipo de opción; no puede ser un caso paradigmático de corrupción desde el poder”. De igual manera, recordó la “lamentable” actuación del gobierno de Graco Ramírez en el tema de las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, y aseguró que fueron “utilizadas para desaparecer cuerpos como lo hace el crimen organizado”. “Cuando se empiezan a encontrar las fosas, en lugar de mitigar, de disminuir el dolor de los familiares de los desaparecidos, se hace todo un proceso burocrático que años después todavía no resuelven. Yo me pregunto: ¿por qué no evitan el dolor a las víctimas?”, soltó. En el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, recalcó, el gobierno de Graco Ramírez “actuó como lo hacen los narcos”. Y en Morelos, dijo, ha sido un caso lamentable el de las fosas, “donde uno hubiera esperado que un gobierno encabezara la indignación, pero el gobierno de Morelos encabeza (más bien) la negación y empieza a construir una narrativa de legitimación de fosas, donde la Fiscalía está actuando como narcos”. Por ello, Álvarez Icaza insistió que ante gobiernos como el del perredista Graco Ramírez se busquen “otras opciones políticas distintas a las tradicionales”. Agregó: “Hemos estado encontrando incluso una enorme resistencia para facilitar otro tipo de participación política que no sea la de los partidos. El trámite que se tiene que hacer para candidaturas independientes es más o menos aquel como el que tuvieron que hacer para cargar los ladrillos de la muralla china, o sea, es una condición de inequidad y desigualdad”. Luego expresó su solidaridad al exsacerdote Antonio Sandoval, quien aspiraba a ser candidato independiente a la gubernatura de Morelos, pero se le negó esa posibilidad porque no cumplía con el plazo que establece la ley de renunciar a su ministerio. Y no descartó la posibilidad de acudir ante la CIDH para garantizar el derecho político del exsacerdote para que participe como candidato independiente en la contienda del próximo 1 de julio, apoyado por Ahora. En relación con el conflicto entre los gobiernos federal y del estado de Chihuahua, el activista reiteró que se busca terminar con el “pacto de impunidad” que pretende proteger a un corrupto como el exgobernador César Duarte. Finalmente informó que se realizará una marcha desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta la Ciudad de México, además de diversas acciones en Estados Unidos, para buscar la extradición o deportación Duarte.