CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La CNDH dio a conocer una recomendación dirigida a los titulares de la PGR y Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Alberto Elías Beltrán y Renato Sales Heredia, respectivamente, por actos de tortura cometidos en contra de cinco personas, entre ellas tres niñas, en hechos atribuidos a elementos de la PF en Centro, Tabasco, el 6 de noviembre de 2015. Luego de dos años de investigación, la CNDH confirmó los abusos, por lo que instruyó a ambas dependencias a reparar íntegramente el daño a las víctimas, así como colaborar con el organismo nacional para realizar la investigación derivada de su intervención. El organismo nacional dio a conocer el contenido de la recomendación 81/2017, derivada de una queja presentada por una mujer en la que narró que ella, sus hijas que entonces tenían uno, seis y ocho años de edad, y su esposo, fueron detenidos por efectivos de la PF cuando llegaban a su domicilio, alrededor de las 13:30 horas. De acuerdo con la queja, los efectivos policiales se introdujeron de manera violenta al domicilio y sustrajeron diversos artículos, así como 30 mil pesos en efectivo, en tanto que los agentes “subieron a su esposo a un vehículo oficial, mientras que ella y las niñas (…) fueron obligadas a abordar su propio automóvil, les cubrieron el rostro con ‘gorras’ y las amenazaron con dispararles con sus armas”. La agraviada relató que a las pequeñas no se les permitió acudir al sanitario durante la privación ilegal de la que fueron víctimas, “por lo que realizaron sus necesidades fisiológicas en sus ropas, aunado a que tampoco se les proporcionó alimentos”. Según el testimonio, ella y las menores fueron trasladas a un lugar “donde escucharon los gritos de dolor provocados por los golpes inferidos a su esposo y padre, respectivamente; también señaló que, al día siguiente, alrededor de las 13:00 horas, fueron abandonadas en una carretera estatal y amenazadas con causarles daño si denunciaban lo ocurrido”. Sobre el esposo de la quejosa, el organismo informó que, siendo servidor público de la Fiscalía General de Tabasco, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, y que con otro de los compañeros del también víctima están siendo procesados por delitos federales. Durante la investigación del organismo público, que incluyó los testimonios de varios civiles que auxiliaron a la mujer y a las niñas, se acreditó que éstas “fueron privadas ilegalmente de la libertad, toda vez que no se les atribuía la comisión de delito alguno y, con su detención, se generó un acto de molestia que no estuvo fundado ni motivado por parte de la autoridad responsable”. En cuando al padre de la familia agredida, la CNDH encontró “evidencias suficientes que permiten acreditar que fue detenido de manera arbitraria, ya que, si bien se le imputaba la comisión de un ilícito, no se cumplieron los requisitos constitucionales establecidos para llevar a cabo su aseguramiento, además de que existió una dilación de 27 horas para ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Federación”. El organismo sostuvo que después de practicar diversos estudios psicológicos, “cuenta con elementos suficientes para acreditar que se cometieron actos de tortura en contra de dos de las niñas y su madre, por las amenazas proferidas en su contra, las privaciones a las que fueron sometidas y exponerlas a escuchar los actos cometidos en contra de su familia, lo cual les causó un daño emocional”. Además, los peritos médicos y psicológicos de la CNDH comprobaron que al esposo de la quejosa se le agredió “física y psicológicamente para que aceptara los delitos que se le estaban imputando”. De esta manera, se confirmó que las niñas fueron víctimas de la violación a los derechos de libertad e integridad personal, y a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez, abusos cometidos por agentes de la Policía Federal (PF). La CNDH resaltó que los agraviados también sufrieron la violación al derecho a la justicia, pues se verificó que la PGR “no ha realizado las acciones necesarias para investigar diligentemente los actos cometidos en contra de las víctimas, luego de la denuncia de hechos presentada ante esa instancia desde el 1 de diciembre de 2015”, a lo que se añade que un servidor público de la dependencia “proporcionó a este organismo autónomo información no correcta sobre el caso”. Tras aclarar que la CNDH “no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades”, como lo es el robo del combustible, delito federal del que se acusa al padre de familia involucrado, el organismo apuntó que “dichas acciones se deben llevar a cabo respetando los derechos humanos establecidos en la normatividad nacional e internacional”. Ante las evidencias, la CNDH solicitó al procurador que se instruya al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR a continuar con la investigación de los hechos que motivaron la recomendación, y que colabore en la presentación y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno y la Visitaduría General de la dependencia. Se pide “diseñar e implementar un protocolo de actuación que contenga los lineamientos a seguir en casos donde se vean involucradas personas menores de edad con adultas que sean detenidas, en el que se considera la inmediata intervención de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, Nacional o Estatales, y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como emitir una circular para que se colabore con la CNDH en la información que solicite y otorgar el acceso a las averiguaciones previas y carpetas de investigación del asunto”. En su recomendación, la CNDH instruye al titular de la CNS a “reparar de forma integral los daños a las personas afectadas, que incluyan una compensación, atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas”, así como colaborar en la presentación de la queja y denuncia que el organismo nacional presente ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF y la PGR, respectivamente, “además de impartir al personal de la Policía Federal destacamentado en Tabasco un curso de capacitación sobre el respeto a los derechos humanos en casos de detención”.