TOLUCA, Edomex. (apro).- El alcalde priista de Coacalco, Erwin Castelán, rechazó incurrir en el incumplimiento de pago por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó su destitución y consignación. Mediante un comunicado, calificó como “falsa” la irregularidad que se le imputa, y afirmó que su administración finiquitó, a través de la Sala Auxiliar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en tiempo y forma los cuatro millones 120 pesos derivados del laudo laboral. Al inicio de la presente administración, aseguró, en enero del 2016, se recibieron decenas de sentencias por juicios laborales y administrativos, que a más de dos años han sido cubiertos con más de 300 millones de pesos (el monto global de los laudos supera los 800 millones). Admitió que a su llegada heredó “16 juicios de destitución contra la administración” (sic), 15 de los cuales ya habían sido resueltos. Afirmó que no ha sido notificado sobre la sentencia emitida por la Corte este martes, pero se dijo respetuoso de las instituciones del Estado mexicano, por lo que comprometió trabajar de la mano con los ministros para realizar las aclaraciones pertinentes. La SCJN también ordenó consignar al diputado federal David Sánchez Isidoro –quien se desempeñaba como presidente municipal cuando ocurrió el despido injustificado-, y de otros ediles, funcionarios y exfuncionarios de la administración local. El martes pasado la Corte ordenó la destitución y consignación penal por desacato de sentencias de amparo de los presidentes municipales y cabildos de Coacalco, Estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. El pleno de la SCJN determinó la separación y consignación penal ante un juez de distrito del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Edomex al alcalde de Coacalco, Erwin Javier Castelán Enríquez; al tesorero Luis Manuel Solano Urbán, y a Nora Luz Chávez Hernández, síndico municipal. Los 13 regidores del ayuntamiento también fueron destituidos y consignados penalmente. La Corte también incluyó en la consignación al expresidente municipal David Sánchez Isidoro, su tesorero y síndico, así como a todos los regidores de esa administración municipal. Todos son acusados de incumplir con una sentencia de amparo de 2013 en la que el ayuntamiento fue condenado por despido injustificado al pago de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones.