CIUDAD DEL CARMEN, Cam. (apro).- Extrabajadores de Oceanografía protestaron hoy contra el dueño de la empresa, Amado Yáñez Osuna, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y el juez Felipe Consuelo Soto, por el nuevo convenio que este último aprobó para reestructurar la deuda de la naviera en perjuicio de los acreedores. Este convenio, el tercero que el juez aprueba para reestructurar los pasivos de Oceanografía, permitiría a la naviera, que el SAE llevó a la quiebra, reiniciar sus actividades. Para ello, se crearía un fideicomiso al que serían entregados los 30 navíos que aún posee Oceanografía, a fin de que la empresa pueda buscar nuevos contratos en la industria petrolera para generar ingresos que le permitan pagar sus acreedores en el orden que les toca. No obstante, también se considera la posible condonación de la deuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y diferir el adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El convenio fue rechazado por acreedores como Pemex Exploración y Producción y Citibanamex. Al respecto, un grupo de trabajadores de la naviera, a quienes no se les han pagado sus liquidaciones, dijo que este convenio perjudica su lucha por sus derechos laborales. Elías Marín, su representante, expuso que, según el convenio, los créditos laborales deberán pagarse a más tardar a los seis meses contados a partir de que el juez los aprobó y el pago deberá realizarse ante los tribunales laborales competentes. Y cuestionó: “¿Cómo es posible, si sabiendo que hay trabajadores que no han recibido sus liquidaciones en más de dos años, y otros no han recibido salarios en más de nueve meses, tengan que seguir sin llevar el sustento a sus hogares otros seis meses o posiblemente más, mientras todo el dinero que entre a la empresa lo ocuparan ellos?”. También destacó que el convenio condiciona “a los trabajadores para afiliarse a un sindicato, tal y como lo hizo el SAE, y poder pagar solamente un mes, y de igual manera sólo se habla de los que ejercieron el derecho laboral, y entonces, ¿dónde quedan los 4 mil que confiaron en la voluntad del gobierno federal?”. Y señala que, en ese sentido, el convenio establece que “respecto de aquellos adeudos laborales no reconocidos en el proceso concursal, pero que se tiene noticia que se debaten ante las Juntas de Conciliación competentes y que, de vez en vez, pueden obtener laudo favorable”. “No obstante lo anterior, Oceanografía se obliga a convenir con tales trabajadores que acrediten tener legítimo derecho, a realizar convenios de pago a través del sindicato correspondiente, donde queden protegidos sus derechos laborales en términos de la Ley Federal del Trabajo, garantizándose el pago que llegue a determinarse, mediante el vehículo que se convenga con el sindicato”, añade el documento. Y aseguró que, en el convenio, el juez no consideró los derechos de los trabajadores, “quienes son preferentes de pago y que tienen embargados barcos como garantías”.