Human Rights Watch condena impunidad en abusos de fuerzas de seguridad en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su reciente informe anual, Human Rights Watch (HRW) dio cuenta de “graves y reiteradas” violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, así como la impunidad en que permanecen algunos de los casos emblemáticos.

En el reporte sobre México, HRW resalta la decisión tomada por Peña Nieto de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su antecesor, el panista Felipe Calderón, lo que ha derivado en un alarmante incremento de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, sin que haya avances significativos en la sanción a los responsables.

La organización con sede en Washington resaltó que de las 10 mil quejas de violaciones a derechos humanos documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2006, cerca de 2 mil se cometieron durante el gobierno de Peña Nieto, sin contar con que en los últimos 12 años el organismo ha dirigido más de cien recomendaciones al Ejército por violaciones serias.

HRW resaltó que, de 2012 a 2017, organismos internacionales han reconocido la gravedad de las violaciones a derechos humanos en México, lo que se ha documentado en los últimos años en los informes de oficinas de la ONU, entre ellas el Comité sobre los Trabajadores Migratorios, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, los relatores especiales sobre situación de defensores de derechos humanos, sobre libertad de expresión, y sobre tortura, así como durante la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los abusos también han sido confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

HRW resaltó que, desde 2007, Estados Unidos ha destinado más de mil 600 millones de dólares a México a través de la Iniciativa Mérida para combatir a la delincuencia organizada, y que en 2015 al país se le retuvieron 5 millones de dólares de los fondos de asistencia para seguridad, toda vez que “el Departamento de Estado no podía confirmar que México hubiera cumplido con las condiciones sobre derechos humanos establecidas en el acuerdo”, medida que, sin embargo, no fue confirmada un año después, ya que en 2017 se canalizaron 139 millones a la Iniciativa Mérida.

La organización comentó sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que no prevé “medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas”; de la reforma al Código de Justicia Militar, que remite a juzgados civiles los casos de abusos cometidos por personal castrense, así como de la objeción presentada por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a esa reforma, alertó el que se hayan otorgado “amplias facultades a fiscales y jueces militares para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria”, acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver.

Caso Tlatlaya

Sobre el caso Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, HRW recordó que, pese a que la CNDH documentó que al menos 12 de las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente, “nadie ha sido condenado”, sino por el contrario, la Procuraduría General de la República (PGR) apeló una sentencia judicial que le obliga a investigar el caso “a profundidad, incluida la responsabilidad de mandos militares y la manipulación de la escena del crimen”.

En materia de desapariciones forzadas, HRW resaltó que, “desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada”.

Al señalar que, de 2006 a agosto de 2017, se desconocía el paradero de más de 32 mil personas, la organización destacó la resistencia de autoridades ministeriales para identificar a responsables de desapariciones forzadas, los esfuerzos de familias de la víctimas por buscar a los desaparecidos, y los escasos resultados de las autoridades para identificar restos humanos hallados en fosas clandestinas, pese a que desde 2013 se creó una unidad especializada en búsqueda, que en 2015 se convirtió en Fiscalía Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

HRW advirtió que, no obstante que en 2017 hubo avances al legislar leyes aplicables en todo el país para combatir la tortura y la desaparición forzada, a la fecha no se han implementado.

Ayotzinapa

En el corte de caja sobre derechos humanos, la organización resaltó que, a tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, HRW se refirió la inexistencia de “acusaciones contra autoridades estatales y federales ni contra las Fuerza Armadas, pese a los indicios de que estarían implicadas” en los hechos, y a la investigación interna de la PGR, que daba cuenta de las irregularidades en la 1investigación, y que terminó con la destitución del autor de la indagatoria.

Como muestra de las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el sexenio de Peña Nieto, HRW citó la investigación de la CNDH sobre el caso de Tanhuato, Michoacán, en donde se confirmó la ejecución extrajudicial de 22 de 42 civiles, en 2015, hechos atribuidos a la Policía Federal (PF).

En cuanto a la tortura, la organización retomó una encuesta realizada en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a 64 mil reclusos de 370 cárceles de todo el país, que reveló que 57.8 % sufrió algún tipo de violencia física al ser arrestado, y de esas personas, “19% indicó haber recibido descargas eléctricas; 36% haber sido sometidas a estrangulamiento, sumergidas en agua o asfixiadas; y 59% haber recibido puñetazos o patadas. Además, 28 % manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de que hicieran daño a familiares”.

Sobre este delito, HRW destacó que, hasta junio pasado, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la PGR, tenía abiertas 4 mil 390 investigaciones en curso, en tanto que, de septiembre de 2016 a junio anterior, el Poder Judicial instruyó a que se iniciaran 750 averiguaciones por ese delito.

La organización resaltó que, en casos emblemáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en las ejecuciones de Tlatlaya, la tortura fue un método aplicado por los agentes investigadores. En el primer caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acreditó que 80% de las personas procesadas por desaparición tenían huellas de tortura, en tanto que en el segundo la CNDH confirmó que agentes de la Procuraduría del Estado de México “torturaron a testigos para obligarlos a que presentaran testimonios falsos”, en un intento por encubrir la participación militar en la masacre. Por la tortura, se procesó a cuatro policías a tres años y ocho meses, pero el delito de encubrimiento sigue impune.

Más de un centenar de periodistas asesinados

HRW incluyó datos oficiales sobre las agresiones a periodistas y defensores, destacando que, de acuerdo con la PGR, de 2000 a 2017, 104 periodistas fueron asesinados y 25 han desaparecidos, en tanto que Artículo 19 “documentó ocho casos de periodistas asesinados y una desaparición entre enero y julio 2017”.

Igual destacó el informe de CNDH de que, desde el año 2000, cerca de “82% de los asesinatos y 100% de las desapariciones de periodistas” siguen impunes, además de que desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, en 2010, ha iniciado mil investigaciones sobre delitos contra periodistas, y hasta octubre pasado sólo había presentado cargos en 115 casos y obtuvo apenas tres condenas.

Como parte de los agravios a periodistas, HRW consideró también la investigación realizada por Citizen Lab, un centro de investigación en Toronto, Canadá, que concluyó que al menos 11 activistas de derechos humanos, periodistas, miembros del GIEI, un senador y líderes de un partido de oposición, fueron objeto de vigilancia a través de un software espía adquirido por el gobierno mexicano.

La organización hizo una revisión de la situación de derechos humanos de mujeres y niñas; de niñas y niños migrantes no acompañados; del sector LGTBI y de discapacitados, advirtiendo que, pese a reformas aprobadas para reconocer derechos, no hay suficientes avances.

HRW consideró en su informe que en México “es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones a derechos humanos”, siendo algunos de los motivos “corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”, impunidad que “ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en varias regiones del país”.

 

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