CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado miércoles 10, Aristóteles Núñez, extitular del Servicio de Administración Tributaría, reconoció con toda claridad en un par de entrevistas –una con Ciro Gómez Leyva y otra con Óscar Mario Beteta–, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aprovecha de la incapacidad financiera de las entidades federativas para someterlas políticamente, a cambio de apoyos extraordinarios canalizados mediante convenios discrecionales y opacos. Conocedor de lo que sucede en esa institución, el exfuncionario señaló con todas sus letras: “Cada fin de año… todas las entidades federativas siempre vienen a la Secretaría de Hacienda a pedir recursos, acompañados de senadores, de diputados, de líderes de los partidos, condicionando votos, condicionando aprobación de leyes, modificación de reformas… Curiosamente los apoyos de cierre son mayores en las entidades donde hubo elecciones o donde va a haber elecciones al año siguiente. ¿Al año siguiente por qué? Porque necesitan tener una mejor condición económica para sufragar el gasto electoral, entiéndase como se quiera entender...” El tono en las dos participaciones era de recriminación a los gobernadores, y aunque cuestionaba la discrecionalidad y opacidad con la que se manejan esos convenios, responsabilizaba de ello a la incapacidad de los estados para incrementar sus ingresos estatales. De hecho señaló que, salvo la Ciudad de México, el gasto de los estados depende entre 84 y 86% de los ingresos federales y, desde luego, insistió en la mala planeación financiera y la mala costumbre, que data de décadas, de acudir entre octubre y diciembre a pedir recursos a Hacienda. Sin embargo, sus declaraciones no dejan lugar a dudas de que la entrega de dichos apoyos, adicionales a las participaciones y aportaciones que sí son transparentes y están en el presupuesto de egresos, depende de una negociación política y no de la necesidad real que tengan las entidades federativas de dichos recursos. Núñez también describió con toda claridad el manejo de esos fondos federales: “Regularmente se encuentran fórmulas que lo que buscan es liberarle recursos de pagos de proyectos estatales, donde la federación se puede apoyar en una cosa que le llaman pari passu (en igualdad de condiciones), para que con esos recursos liberados de proyectos estatales se puedan pagar nóminas, bonos de fin de año, aguinaldos, gratificaciones extraordinarias o pago a proveedores que no se han cubierto o que no quieren cerrar el año con esas deudas”. Es lo que sucedió en Chihuahua: las necesidades de los programas estatales que se dejaron de cubrir por lo que se desvió a las campañas de otras entidades, se pagaron con los recursos federales; por ello, cuando la Auditoría Superior de la Federación revisaba el destino del dinero federal no encontraba anomalías y la Auditoría Superior del Estado, donde sí había irregularidades, se hacía de la vista gorda. Las declaraciones de Núñez cobran todavía más sentido cuando se vinculan con las palabras del ahora gobernador interino de Nuevo León, Manuel González, en un discurso oficial el Día de la Bandera del año pasado: “Nos encontramos tal vez en el umbral de una de las negociaciones más importantes en la historia de Nuevo León… (Somos) un gobierno que no tiene compromisos partidistas o sectoriales. Así, el número de posibilidades de negociación es muy abierto: desde la candidatura presidencial hasta lograr las mejores condiciones de trato en la historia”. Una semana después, en declaraciones a los medios, puntualizó: “¿Qué sucede con eso? Cuando hay una posibilidad real de una candidatura, surgen muchas posibilidades de negociación de los intereses del estado ante la Federación y de la Federación con el estado. Vamos a esperar pacientemente los tiempos, sin dejar de observar cómo beneficiar a Nuevo León”. En los siguientes meses los apoyos económicos para el estado crecieron; el entonces gobernador Jaime Rodríguez se registró como aspirante independiente a la Presidencia de la República y el Congreso estatal, dominado por PRI y PAN, le dio todas las facilidades y le permitió hasta designar a su sucesor. No es casualidad que los mismos convenios de fortalecimiento financiero de las entidades federativas sirvieran para transferir los recursos a los estados, para que éstos a su vez apoyaran a las entidades con elecciones de gobernador en los que el PRI era oposición, por los que el gobierno chihuahuense de Javier Corral logró encarcelar y vincular a proceso a Alejandro Gutiérrez, mano derecha de Manlio Fabio Beltrones cuando fungía como presidente del tricolor; y ahora para acordar la transferencia de recursos a Chihuahua y castigar al mandatario, cuando consideraron que falló por perseguir a los tricolores. Las declaraciones de Núñez y González no dejan lugar a dudas: esos convenios se utilizan para comprar favores políticos y, en muchos casos, con plena conciencia de que el destino de los fondos es ilegal, como es el caso que descubrió Corral en Chihuahua; y, muy probablemente, también el de Nuevo León, donde Hacienda canalizó recursos a cambio de que El Bronco participe en la contienda presidencial, consciente de que al menos una parte de su campaña se sufragará con estos fondos. Muy distinto es el caso del convenio que celebraron con Corral, en diciembre del año pasado, pues seguramente buena parte de la justificación de la necesidad de este apoyo se fundaba en los recursos que el exgobernador César Duarte desvió del erario, y aunque seguramente nunca se explicitó, Hacienda pensó que si ayudaba al gobierno de Chihuahua a salvar la urgencia financiera, el actual mandatario se desistiría de sus acciones legales. Pero resulta que unos días después de firmar el convenio, el gobierno de Corral arremetió no sólo contra Duarte, sino que involucró a Gutiérrez, Beltrones y Luis Videgaray. En ese momento Hacienda y el presidente Enrique Peña Nieto se sintieron traicionados: Corral no había cubierto su parte y decidieron no entregarle el dinero, ya que la cláusula segunda de estos convenios señala que el cumplimiento del mismo está sujeto a la suficiencia presupuestal y, simplemente, argumentan que se les acabaron los recursos. Nunca previeron que Corral denunciara el incumplimiento: primero, ante la opinión pública y, después, interponiendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo más probable es que Corral no reciba los recursos que reclama, por lo menos mientras Peña Nieto esté en la Presidencia; pero ya logró revelar los verdaderos fines de estos convenios de fortalecimiento: comprar favores políticos, desviar recursos del erario a las campañas electorales o cubrir el dinero que los gobernadores salientes distrajeron del presupuesto. Este análisis se publicó el 14 de enero de 2018 en la edición 2150 de la revista Proceso.