CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Muchas feministas hemos visto con desaliento y preocupación las desconcertantes alianzas electorales del PRD con el PAN, y de Morena con el PES. La racionalidad de “el fin justifica los medios” olvida siempre que en los medios está implícito el fin. En nuestro país, esas alianzas fortalecen una dinámica política conservadora respecto a algo central en la vida de la ciudadanía: la libertad para decidir sobre el propio cuerpo. Sí, ya sé que muchas compañeras feministas, del PRD y de Morena, dicen que no hay que preocuparse, que cuando se triunfe electoralmente se protegerán las cuestiones relativas al derecho a decidir. Su lógica argumentativa es “lo importante es ganar y entonces tendremos otro contexto para el país”. Discrepo. Desde hace años se libra una difícil batalla para establecer un encuadre legislativo armado no con base en creencias religiosas, sino en el conocimiento de la condición humana. En tal disputa, las iglesias católica, cristianas y evangélicas han usado sus recursos económicos y simbólicos para tratar de imponer su visión como la única legítima. No obstante, en México los líderes religiosos están impedidos por ley de participar políticamente; por lo tanto, han creado asociaciones civiles para operar en ese ámbito e impulsar a sus candidatos a puestos legislativos y de gobierno. Así, candidatos iluminados por su fe religiosa proponen iniciativas de ley como la que en septiembre del año pasado hizo el PES: modificar el Artículo Cuarto de la Constitución, hacer que las escuelas públicas incluyan enseñanza religiosa, promover una concepción única de familia tradicional heteronormativa y proteger la vida desde el momento de la fecundación. Aunque no creo que AMLO apoye tales barbaridades, sí temo que en zonas de nuestro país donde Morena tiene fuerza política, por la alianza se designe a candidatos del PES que impulsarán esa agenda retrógrada. Seguramente estas alianzas PRD/PAN y Morena/PES sacarán del debate electoral temas como la interrupción legal del embarazo –¡tan necesaria a nivel nacional!– y el derecho a una muerte digna con suicidio asistido. Desde la lógica de “el fin justifica los medios” se dejan de lado las consecuencias nefastas en la vida concreta de cientos de miles, si no es que millones, de personas, que produce el callar –y no legislar– sobre ciertos temas. Me sigue asombrando e indignando la escasa importancia que la clase política –toda, no veo excepciones– otorga a imprescindibles libertades humanas. No veo a ningún “precandidato” o “candidato” defender la agenda del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y el silencio sobre temas de derechos humanos, como los de las personas LGBTTIQ y los de las y los trabajadores sexuales, es general. Incluso cuando alguno lamenta el aumento del embarazo adolescente, habla de “prevenir” pero no de “remediar”, para así evitar el tema tabú del aborto. Quienes pretenden ganar las próximas elecciones se ven más interesados en “no hacer olas” y mantener contentas y tranquilas a las iglesias, que en abordar cuestiones que afectan crucialmente la vida de grandes grupos de la población. “El fin justifica los medios” es una lógica patéticamente electorera, que repite los discursos consabidos sobre “corrupción” y “desigualdad”, sin ahondar en temas complejos pero vitales de la condición humana. La evitación a nombrar siquiera las formas heterodoxas de identidad y prácticas sexuales obstaculiza un debate político sobre las necesidades y los derechos de personas homosexuales y transexuales, así como de quienes trabajan en el comercio sexual o incluso de sus clientes. Evitaciones y silencios están directamente vinculados con estas alianzas electorales, y me irrita la complacencia de algunas compañeras feministas que me dicen: “No te preocupes. Ahorita lo importante es ganar”, como si un triunfo compartido con la derecha y sus neoconservadores no conllevara el riesgo de un retroceso para el indispensable avance de los derechos a decidir sobre el propio cuerpo. Si en algún momento creí que ya estaba claro el lugar que las creencias religiosas debían ocupar en un Estado laico, hoy veo con espanto que el poder eclesiástico, católico, cristiano y evangélico avanza rampante y sin pudor sobre el laicismo en la vida pública. Y lo hace –para indignación mía y de otras feministas– de la mano de lo que supuestamente es la izquierda en nuestro país. Ahora bien, yo no estoy contra los pactos y las alianzas en sí mismos, pues expresan una sana voluntad de unir fuerzas para lograr objetivos comunes; pero también implican que hay que juntarse con otras personas que quieren lo mismo, y no solamente el llegar al poder. La acción política supone concertar y transigir, pero hay principios y límites. La promesa de la izquierda radicaba precisamente en su propuesta de, en el camino de lograr un cambio social para abatir la desigualdad y acabar con la corrupción e impunidad, defender también las libertades personales. Por eso apruebo las alianzas entre las izquierdas, pero no las que se hacen con la derecha. Y desconfío de que estas alianzas PRD/PAN y Morena/PES avancen en garantizar imprescindibles derechos y libertades individuales. Este análisis se publicó el 14 de enero de 2018 en la edición 2150 de la revista Proceso.